Avanzada paramilitar vs. monopolio de la fuerza del Estado colombiano

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Por “Florentino Ariza”

El pasado 25 de septiembre se presentó una incursión paramilitar en la finca Tocoral, vereda Carrizal, en límites entre los municipios de Remedios y Segovia. Según las primeras informaciones que se manejaron, aproximadamente 30 hombres armados llegaron hasta el sector y secuestraron a 3 exguerrilleros del Frente 4 de las FARC que cumplían labores de seguridad en el predio. La denuncia fue hecha por compañeros de los raptados de la misma organización, quienes aseguraron que en la zona no se garantizan las condiciones de seguridad.

Tal y como lo denunció uno de los excombatientes al diario El Colombiano, la comunidad ha reportado la presencia de hombres armados identificados como paramilitares. «Hemos visto gente fuertemente armada y con lista en mano preguntan quiénes son o fueron de las FARC», aseguró el exmiliciano

Cerca del lugar donde ocurrieron los hechos, existió una Zona Veredal Transitoria de Normalización en la que hizo su proceso de dejación de armas la Unidad Central del Bloque Magdalena Medio de la extinta organización guerrillera. Ahora el lugar se convirtió en Espacio Territorial de Capacitación, donde el Ejército y la Policía Nacional son los encargados de cumplir con las funciones de seguridad.

En las horas de la noche del 26 de septiembre —al día siguiente—, las autoridades reportaron la aparición de las tres personas retenidas por el grupo de presuntos paramilitares, dentro de las cuales se encontraba, según las primeras declaraciones oficiales, un excombatiente guerrillero.

Según los retenidos, los hombres armados se llevaron consigo el ganado y unos búfalos de la finca Tocoral, que hace parte de la lista de bienes entregados por las FARC al Gobierno nacional para el proceso de reparación de las víctimas.

Una serie de acontecimientos que preocupan

El 7 de mayo, en la vereda Panamá Nueva, municipio de Remedios, se presentó una incursión paramilitar que tenía como objetivo dar con el paradero del líder defensor de derechos humanos, Ricaurte García y su familia. Según las denuncias hechas por los campesinos, los hombres armados quemaron una licorera, lo que causó afectaciones en el servicio eléctrico del sector y el pánico entre la comunidad, a la que le ofrecieron dinero para dar información sobre el líder social.

Posterior a este hecho, el 2 de junio, 50 paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), arribaron al corregimiento de Puerto López, en El Bagre, nordeste antioqueño. Allí, hicieron una parada militar y dejaron un mensaje claro: «Aquí estamos y aquí nos quedamos»; lo que convocó a un Consejo de Seguridad en la zona y prendió las alarmas sobre la ocupación paramilitar de los territorios abandonados por la FARC en esa región del departamento de Antioquia.

En el nordeste los problemas relacionados con la minería ilegal y el narcotráfico han enfrentado históricamente a los grupos armados al margen de la ley. En la zona operan estructuras que trabajan de manera mancomunada con las AGC, los mismos gaitanistas y el ELN. Las disputas por la ocupación territorial de los lugares dejados por las FARC ponen en riesgo el cumplimiento del proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes de dicha organización.

En esta región es latente el abandono estatal y, por consiguiente, la presencia de grupos ilegales. Tal y como ha ocurrido en otros municipios de Cauca, Nariño y Chocó, la desmovilización de las FARC ha incrementado la presencia de paramilitares y el control de las rentas ilegales por parte de estos. Los exguerrilleros, ahora desarmados, sienten temor por sus vidas y las de sus familias, debido a las amenazas que se han presentado y a los asesinatos cometidos en contra de miembros de la agrupación que ahora es un partido político.

En este momento determinante para el proceso de paz y para el posconflicto, la seguridad de los miembros de las FARC y las garantías de no repetición de los hechos del pasado, recaen en manos del Estado colombiano. Como lo señaló el ahora Presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño —Timochenko—, que el Gobierno nacional cumpla con lo pactado ya que las FARC hicieron juiciosamente su proceso de dejación de las armas y de entrega de bienes.

En parte ha sido por esto que las disidencias de la extinta guerrilla han aumentado en varios departamentos del país. La desconfianza en lo pactado en La Habana y la perdida de mando de los comandantes sobre sus bases, crecen a medida que no se garantizan los mínimos para la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros.

La falta de proyectos productivos y las constantes amenazas de seguridad en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación demuestran el incumplimiento por parte del Estado colombiano de lo pactado en el acuerdo final. La conquista del posconflicto depende fundamentalmente de que la guerrillerada no vuelva a las armas, ni en las disidencias ni en otros grupos ilegales. Solo así podremos hablar de un proceso de paz exitoso.

Fuentes:

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/farc-denuncia-desaparicion-de-exguerrilleros-BC7370074

https://www.kienyke.com/noticias/investigan-secuestro-de-tres-excombatientes-de-las-farc-en-antioquia

http://www.bluradio.com/medellin/encuentran-las-tres-personas-que-habrian-sido-secuestradas-en-remedios-154797

http://www.lafm.com.co/nacional/timochenko-santos-se-cumpla-lo-prometido-firmado

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