Colombia es el sexto país más impune en crímenes contra defensores de derechos humanos

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Por “Florentino Ariza”

La Agencia de Prensa Análisis Urbano ha denunciado en varias ocasiones la grave situación en la que se encuentran los defensores de derechos humanos y los líderes sociales de todo el país luego de la desmovilización de las FARC, hecho que ha propiciado la ocupación de territorios de actores ilegales asociados a las estructuras paramilitares. El Estado colombiano, por su parte, ha manejado un discurso de protección de la vida de los líderes de derechos humanos, pero no ha sido posible materializarlo debido a la falta de voluntad que se evidencia en las regiones más apartadas del territorio nacional.

Así, Cauca sería el departamento con mayor número de víctimas de esta índole, seguido de Antioquia, Valle, Nariño y Córdoba. Las regiones de los departamentos en donde se han presentado amenazas o asesinatos de líderes sociales han sido las que históricamente estuvieron dominadas por las FARC, siendo una constante que la ocupación de territorios a la fuerza por parte de paramilitares, venga de la mano del asesinato de personas que trabajan con el tema de derechos humanos. El despojo de tierras y la intimidación de la población rural también ha sido característica de la avanzada de los grupos armados.

Según el Índice Global de Impunidad 2017, que analizó 69 países con información oficial entregada a las Naciones Unidas, Colombia, con 66,57 puntos de 100, se encuentra en el octavo lugar con mayores índices de impunidad. La lista que encabeza Filipinas, es seguida por India, Camerún, México, Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua y Rusia.

No obstante, las calificaciones de nuestro país pasan al sexto lugar al analizar solo la dimensión de crímenes contra defensores de derechos humanos con 96,98 puntos. Recordemos que este índice es medido por la ONU en tres dimensiones: derechos humanos, seguridad ciudadana y sistema de justicia.

En Colombia, entre enero de 2009 y junio de 2016, hubo un 95 % de impunidad en la investigación de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, tal y como quedó registrado en el informe. Con relación a los autores de los crimines, en el 66 % de los casos se desconocen los responsables, mientras que 95 homicidios se relacionan con grupos paramilitares, 30 con las FARC, 21 con la fuerza pública y 5 con ELN.

Mientras las FARC y las organizaciones sociales han sido reiterativos en denunciar estos hechos, el Estado colombiano se hace el de la vista gorda, desconociendo la existencia del paramilitarismo y dejando de lado la presencia de las instituciones en los municipios que históricamente han sido escenarios de la violencia. Todo esto se puede señalar como el incumplimiento del Gobierno nacional de los acuerdos de paz.

Cabe resaltar que uno de los puntos definidos en La Habana fue el combate frontal contra el paramilitarismo y el compromiso institucional para el desmonte del mismo, el cual no se ha batallado con la determinación que se debería y del que todavía no se reconoce su existencia. Las garantías de seguridad para los miembros de la extinta guerrilla también ha sido otro asunto que está en deuda por parte del gobierno Santos.

Con relación a ello, Henry Acosta, facilitador de los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, envío una fuerte carta en la que advierte sobre el no cumplimiento de lo pactado por parte del ejecutivo nacional. Para Acosta, no ha sido posible reincorporar social y económicamente a los excombatientes guerrilleros. «La reincorporación colectiva, social, económica, permanente y segura de los casi 14.000 insurgentes, quedó solo en que cada uno haga lo que pueda hacer con los $8 millones individuales que les están entregando. No se quiso hacer la reincorporación colectiva, dizque para no fortalecer el nuevo partido de la insurgencia. El riesgo de que muchos insurgentes se embandoleren, ante la ninguna alternativa de empleo, de autogestión o autoayuda, es inminente y muy posible», señaló.

Sin embargo, el facilitador de paz hizo mayor énfasis en su preocupación por las garantías de seguridad de los miembros de las FARC, sus familiares y los líderes defensores de derechos humanos que se han visto perseguidos por el asentamiento del paramilitarismo en diversas regiones del país.

«Las medidas de seguridad son nulas. Bandolas andan diseminadas por toda el área rural, asesinando líderes y miembros de organizaciones sociales contestatarias. Lo que fue una ilusión hace 7 años, cuando inicié el 6 de septiembre de 2010, con las FARC, Alfonso Cano y Pablo Catatumbo y con el Estado colombiano, Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo, se ha convertido, para mí, en una gran desilusión y generado alto grado de preocupación, (stress), hasta llevarme al quirófano, por dos ocasiones en los últimos dos meses», declaró Henry Acosta al final de su carta, en la que refleja la preocupación de muchos de los colombianos que han sido insistentes en la salida negociada del conflicto armado.

Está por verse qué pasará con el proceso de sometimiento a la justicia de las estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG) y con los diálogos en Quito con el ELN. Por ahora, que la omisión no se convierta en complicidad con los asesinos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. El llamado es para que se protejan estas personas y para que el Gobierno nacional cumpla con lo pactado.

Fuentes:

https://h13n.com/durante-el-primer-semestre-del-ano-111-defensores-de-derechos-humanos-sufrieron-agresiones-en-antioquia

http://www.eltiempo.com/datos/colombia-no-investiga-los-asesinatos-de-lideres-sociales-y-de-derechos-humanos-132534

http://caracol.com.co/radio/2017/09/25/nacional/1506298561_416385.html

 

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