El debate por la libertad de opinión

Publicado el: 11 Agosto, 2017

Por “Florentino Ariza”

En los últimos días ha tenido protagonismo en los medios de comunicación y el escenario político nacional el debate por la libertad de opinión. Las difamaciones hechas por el expresidente Álvaro Uribe el 14 de julio desde de su cuenta de Twitter, en contra del columnista de la revista Semana y exdirector de la revista Soho, Daniel Samper, agitaron el debate desde los diferentes sectores políticos, académicos y el gremio del periodismo del país. Mientras el presidente Santos y los colegas de Samper lanzaron mensajes de apoyo para este, los seguidores del expresidente y algunos de sus partidarios en el Centro Democrático lo defendieron con el argumento de que «Samper violaba los derechos de los niños». Al fin de cuentas, a Uribe le tocará pedir disculpas públicas a Samper Ospina, pues la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, falló a favor del periodista.

Sin embargo, este hecho no ha sido el único en el que el ojo del debate ha estado puesto en el tema de la libertad de opinión; la crisis humanitaria en la que se encuentra Venezuela también ha nutrido la discusión. Mientras los medios masivos de comunicación, nacionales e internacionales, se vuelcan en contra de las acciones de Nicolás Maduro, en las redes sociales se ha criticado la hipocresía y la doble moral con la que se ha manejado el asunto desde la prensa nacional, resaltando hechos y acciones de censura al periodismo por parte de la clase política colombiana.

Seamos honestos y reconozcamos que el Estado colombiano no ha sido el mejor ejemplo en respeto por los derechos de la prensa y de la libre expresión. La represión y la censura, vengan de la región que vengan, son reprochables. Colombia no es el referente ético para hablar de violación de derechos y Nicolás Maduro tampoco es que sea el más indicado para criticar al gobierno Santos. En este ir y venir de las partes, los políticos de nuestro país también se han aprovechado de la situación en Venezuela para sacar ventaja en el contexto electoral. Recordemos que el vecino país —o el llamado castrochavismo— fue uno de los argumentos en contra del Proceso de Paz con las FARC y que además incidió en los resultados del Plebiscito del 2 de octubre.

Tristes acontecimientos ha vivido y aún sigue viviendo el periodismo en nuestro país. Este año, Saúl Cruz, Subsecretario del Senado fingió una agresión por parte de un camarógrafo de Noticias Uno, tratando de alejar al medio del Capitolio Nacional. Las voces de rechazo en contra del hecho no se hicieron esperar por parte de sectores académicos y del periodismo, mientras los senadores protegían a Cruz; muchos guardando un silencio cómplice.

Hagamos memoria también, con lo que significó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, para el periodismo y la libertad de expresión a nivel nacional. Políticos de oposición, magistrados y periodistas, fueron interceptados ilegalmente en colaboración con sectores del paramilitarismo. Por este crimen, funcionarios cercanos al expresidente, como María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera y José Miguel Narváez, han sido condenados o existen procesos penales en su contra. Este último, también relacionado con el asesinato del humorista Jaime Garzón, acribillado por miembros de La Terraza, por orden directa de Carlos Castaño.

A Garzón es imposible olvidarlo. La prensa nacional y la sociedad civil colombiana lo recuerdan con mucha tristeza, pero a su vez con mucho cariño. Esto, seguramente, porque la mejor forma de hacerle llegar la política al ciudadano es a través del humor. Con las difamaciones hechas a Samper, también se recuerda cómo se ha querido borrar el sarcasmo dentro del debate político nacional. Las risas cargadas de crítica son muchas veces el lenguaje coloquial de las personas que no participan de la discusión pública. Garantizar esas herramientas en un país como Colombia es alimentar la cultura política de la gente, de las clases populares y de los no letrados que también eligen cada dos años.

Quien escribe también pretende con este texto rechazar las amenazas de las que ha sido objeto la Agencia de Prensa Análisis Urbano la semana pasada. Medellín, como ciudad crítica en muchos temas, también merece herramientas y argumentos para el debate.

El Estado colombiano y los gobiernos departamentales y municipales, deben proteger a la prensa con todas las herramientas legales y políticas establecidas en la Constitución del 91. No puede ser que en épocas de reconciliación, el periodismo todavía se vea manchado por sectores ilegales o institucionales. ¡Libertad de prensa y libertad de opinión!

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