En el Bajo Cauca el crimen deambula libremente

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Paramilitares cruzando el puente. Imagen tomada de Las2orillas.

Redacción Análisis Urbano

Se ha dicho que la paz territorial es la esencia misma del posacuerdo y la posibilidad real del posconflicto en Colombia. Después del acuerdo nacional de paz será necesario que sociedad y Estado luchen por la paz territorial en un país que, aunque es de regiones, es gobernado a punta de un centralismo déspota y voraz que impone sus reglas de juego traducidas muchas veces en leyes alejadas de la realidad que en se vive en los territorios.

La paz podría entregarle a los habitantes los medios necesarios y las oportunidades para resolver sus necesidades e, igualmente, sería el inicio del largo camino del proceso de reconciliación nacional y la paz total que, traducida, es paz urbana y paz rural.

La paz territorial puede ordenar el desbarajuste social, político, económico, cultural y de conflictividad urbano-rural que se vive en las regiones; en otras palabras, generaría el desarrollo sostenible de los territorios, ahondando en la democracia y acabando con el centralismo, abriendo paso por fin a la descentralización.

Una de las regiones donde se podrán medir los avances de la paz es Antioquia; por fin el departamento tendrá la oportunidad de jugársela por el modelo que ofrece el acuerdo nacional y, por consiguiente, la paz territorial. También proteger el estatus actual: élites de poder regional y local mandando como gamonales los recursos y las tierras y administrando la cosa pública desde los intereses particulares, sacrificando el interés público en contubernio muchas veces con mafias y paramilitares.

Una de las subregiones que hoy está en esa disyuntiva es el Bajo Cauca antioqueño, territorio que según Jorge Eliécer Rivera, director del Jardín Hidrobotánico de Caucasia Jorge Ignacio Hernández Camacho, tiene cuatro territorios claramente demarcados: los negros, los indígenas, los campesinos y los anfibios.

En esta subregión hacen presencia estructuras paramilitares y mafiosas en asocio con algunos empresarios, comerciantes y políticos, todos amparados por la protección oficial que ofrece una parte de la institucionalidad. Además, también hay presencia de bandas delincuenciales y organizaciones guerrilleras.

El Bajo Cauca se encuentra ubicado en la parte nororiental del departamento y es una de las nueve subregiones en las que se divide Antioquia; a ella pertenecen los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Las principales actividades económicas son minería, ganadería extensiva, agrícola. La ilegalidad y la informalidad tiene fuerte asiento en esta subregión, situación que ha sido constatada por estudios de la Gobernación de Antioquia, Ideas para la Paz, Universidad EAFIT, Proantioquia y algunas ONG nacionales y departamentales.

La ilegalidad armada vive su agosto permanente en el Bajo Cauca

Mapa del Bajo Cauca Antioqueño.

Algunas actividades económicas demostrarían que la ilegalidad armada, ya sea mafiosa, paramilitar, delincuencial común o guerrillera, con auspicio de sectores de la legalidad, se aprovecha del festín económico permanente que ofrece el Bajo Cauca, son ellas la minería, la tierra, la coca —y su canalizador el narcotráfico—, el presupuesto público, el lavado de activos, entre otras.

Paradójicamente, pese a tanta riqueza y acumulación de esta, la subregión vive en medio de la inequidad y la pobreza que cubre el 80 % de su población, estimada en más de 200.000 habitantes.

En entrevista concedida al grupo Kavilando, Jorge Eliécer Rivera Franco señala la inequidad que se observa en la concentración de la tierra, la falta de oportunidades de empleo y explica por qué la economía del Bajo Cauca es una economía de informalidad en su alto porcentaje.

Según el académico, el 80 % de la población del Bajo Cauca se encuentra en condiciones de pobreza, la concentración de la tierra se agrava por la proliferación de títulos mineros que favorecen capitales externos y anota que la única empresa que fungía de ser una empresa nacional era Mineros S. A. —en la actualidad su principal socio es una empresa canadiense—.

Argumenta Rivera que hay una emergencia ambiental en la subregión que data desde 1986, producida en parte por la proliferación de cultivos de uso ilícito, las fumigaciones para controlarlos y la minería mecanizada desbordada que desencadena un fuerte problema ambiental debido al uso del mercurio en las aguas y los suelos.

Para el director del jardín hidrobotánico en el Bajo Cauca reina, además, la indiferencia. El miedo, el problema cultural, la inseguridad, la desconfianza en los organismos del Estado y la poca gobernabilidad en la zona que muestran, según sus propias palabras, que: “el Estado social de Derecho es nominal en la región”. Allí se encuentran todas las instituciones del Estado pero sin ningún poder, sin ninguna capacidad de impactar, no responden a las necesidades de la población.

La ONG Corpades y Análisis Urbano se preguntan: ¿dónde se encuentra el Estado y la sociedad organizada en el Bajo Cauca? Parece que el primero es más virtual que real y el segundo, que debería ser el protagonista del cambio, se encuentra fragmentado, dividido, atomizado y amenazado por el paraestado y la politiquería; aunque algunas organizaciones campesinas son fuertes y resisten los embates de la ilegalidad, por ejemplo, la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (Asobac), la Asociación de Hermandades Agroecologicas y Mineras de Guamoco (Aheramigua), el Movimiento Ríos Vivos, el grupo Kavilando y algunas fundaciones y corporaciones.

¿Cómo anda la seguridad?

El 9 de febrero, el presidente Juan Manuel Santos lideró un Consejo de seguridad en el Bajo Cauca antioqueño, allí expresó: “Ustedes aquí son testigos de esta transición, son testigos de cómo las FARC controlaban todo este territorio. Ya las FARC se fueron, las FARC se van a reintegrar a la vida civil, pero queremos es que ustedes sean los beneficiarios de esa paz”. Igualmente, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, fue enfático en afirmar que en el Bajo Cauca antioqueño la problemática de seguridad abarca principalmente dos aspectos: minería ilegal y menudeo de la droga.

Según los argumentos expresados por el presidente y el gobernador, en esta subregión la salida de las FARC del escenario de la confrontación y la lucha contra la minería ilegal y el tráfico de drogas darán la tranquilidad al Bajo Cauca. ¿Será que toda la problemática de seguridad se reduce a eso? ¿Será que el presidente Santos y el gobernador Pérez Gutiérrez no han sido notificados del poder criminal asociado a sectores de la legalidad que  se enquistó en la subregión? Si ese es el diagnóstico y esas son las salidas, la realidad del Bajo Cauca no cambiará a corto y mediano plazo, veamos por qué:

Desde hace años Verdad Abierta, la Fundación Ideas para la Paz, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Semillas para la Paz, el Intituto Popular de Capacitación, Asobac, Aheramigua, Kavilando, periodistas independientes como Leiderman Ortiz Berrío —quien desde Caucasia dirige el periódico La Verdad del Pueblo—, entre otros actores sociales, han mostrado la compleja situación que vive el Bajo Cauca antioqueño en todos los órdenes, especialmente en seguridad.

Según sus estudios, investigaciones y denuncias allí hay narcotráfico, sicariato, minería ilegal, lavado de activos, asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones e injerencia criminal en los programas de restitución de tierras; hacen presencia Los Caparrapos —antiguos Chepes, y cuya presencia ha sido desconocida por parte de la institucionalidad—, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, el ELN, las FARC y otras organizaciones de delincuencia común.

Los Caparrapos

Desde hace tiempo se han escuchado versiones, que algunas veces han sido confirmadas por las autoridades, en cuanto al grupo de Los Caparrapos, integrado por gente cercana al extraditado jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, quien fuera el encargado del  Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que es natural de Caparrapí, Cundinamarca. Al mando de este grupo está José Horacio Osorio Bello, alias Seis-Siete.

La presencia de Los Caparrapos no es nueva, se tiene noticia de que desde finales de 1996, cuando Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, hizo parte de su creación con los hermanos Vinicio Virgues Mahecha, alias Jota Jota o 22; Armando Virguez Mahecha, alias Queso; Erbert Virguez Mahecha y Héctor Edilson Duque, alias Monoteto o 28.

Alias Seis-Siete, luego de las capturas de los alias León y Darío, venía manejando en los últimos tres años la organización, tras la captura de su creador, alias Chepe, en 2013.

El corregimiento de Piamonte, a donde se llega solamente por ferri, es el sitio en donde se dan cita narcotraficantes, comerciantes, empresarios, ganaderos y mineros para pagar vacunas; o donde llevan enemigos de la organización que no se vuelven a ver. Incluso se tiene información de una casa de pique en el corregimiento de Guarumo, centro de logística y entrenamiento de los sicarios de la organización.

La guerra que se vivió en enero de 2017 en los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia no es como lo ha tratado de explicar la Secretaría de Gobierno de Antioquia. De acuerdo con información recolectada con fuentes y en conversaciones con altos mandos militares, la guerra se desató por la alianza de alias Seis-Siete con Los Paisas, para hacerle la guerra a las AGC y quedarse con el negocio.

En la actualidad se conoce que Los Caparrapos están a la espera de un nuevo jefe tras la captura de alias Seis-Siete en Medellín el pasado 4 de marzo. Presuntamente este hombre estaría hasta el día de su captura coordinando esta estructura y después de una jugosa negociación igualmente coordinaría a las AGC. Podría ocurrir que Los Caparrapos terminen absorbidos por esta estructura.

A esta organización paramafiosa se le endilgan los asesinatos de varios líderes regionales como Sergio Guerra, Óscar Reales y Dorance Herrera, además de estar comprometida en desapariciones forzadas y asesinatos selectivos. Los Caparrapos estarían asociados a políticos, empresarios, comerciantes y exalcaldes de la subregión.

Imagen tomada de Caracol radio.

Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo

Rafael Álvarez Pineda, alias Chepe, capturado en agosto de 2013, fue cofundador de la banda criminal Los Paisas en 2008, junto a los alias de Mono Vides, Víctor Caparrapo y Puma. La entrada del Cartel de Sinaloa al Bajo Cauca se debe a la compra de una franquicia  a Los Urabeños, a través de Chepe, por $8.000 millones, siendo el representante de Sinaloa y de Los Zetas Irineo Sánchez Romero, alias el Mexicano, capturado el 26 de enero de 2017 en un centro comercial en Medellín.

Fuentes de inteligencia confirman que Los Paisas tienden a desaparecer por el dominio de Los Caparrapos, al mando de alias Seis-Siete, quien financiado por alias Montero, un narcotraficante de quien apenas ahora se viene a tener información, al parecer habría realizado alianza con la estructura criminal paramilitar y mafiosa urbana de Los Triana, que tiene epicentro en Medellín, extiende sus dominios a Bello y Amagá, y tiene más de 30 años de existencia. Hasta el momento sigue siendo aliada de las AGC en el Valle de Aburrá y otras subregiones de Antioquia.

Luego de la captura de alias Seis-Siete, criminal que se encontraba con una mujer en el almacén Éxito de Robledo al momento de su captura, se reacomoda el mundo criminal del Bajo Cauca; nuevos jefes habrían llegado con la orden de consolidar su presencia en los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza.

Organigrama de las AGC, Urabeños o Clan del Golfo

Máximo cabecilla de la organización: alias Pilatos o Caín.

Segundo cabecilla (finanzas): alias Ratón, encargado del negocio del narcotráfico, de comprar la base de coca y de definir los cargamentos que le serán entregados a los carteles de Sinaloa, Los Zetas y al nuevo narcotraficante con presencia en el Bajo Cauca conocido como alias Montero, a quien presuntamente alias Seis-Siete le habría vendido la franquicia del negocio.

Tercer cabecilla (militar): alias Antonio.

Cuarto Cabecilla (logística y microtráfico): alias La Paisa, que reside en el corregimiento de Guarumo.

Del quinto cabecilla, encargado del reclutamiento en la zona, se desconoce su identidad real o alias.

Sexto cabecilla (jefe de sicarios): alias Flechas, presuntamente reside en el corregimiento de Piamonte, es de la escuela de sicarios creada por alias el Arriero, capturado en diciembre de 2016 en Tarazá.

Del séptimo cabecilla, encargado de transmitir la ideología de las AGC, se desconoce su identidad real o alias.

Octavo cabecilla (extorsiones): alias Chatarra.

Está sería la cadena de mando de las AGC, sus máximos jefes serían en su orden Otoniel, Marcos Gavilán, el Indio Santana, Nicolás, Inglaterra, Chiquito Malo, entre otros, quienes dirigen desde Urabá, Córdoba y Chocó la estructura paramafiosa.

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Estaría el Frente de Guerra noroccidental con la participación de los frentes Compañero Tomás y José Antonio Galán, ubicados en Taraza, Cáceres, Zaragoza, El Bagre y Puerto López. Tiene incidencia en el cobro de la vacuna a la maquinaria pesada para la minería y la extracción de oro, el cobro de extorsiones e impuesto al gramaje a la base de coca.

FARC-EP

Los frentes 18, 36, 34 y la columna móvil Daniel Aldana han procedido a moverse a las respectivas zonas de ubicación, transición y normalización, situación que ha sido aprovechada por todas las organizaciones armadas ilegales para copar sus antiguos territorios. Es lamentable que el Estado colombiano no hiciera presencia efectiva en esas zonas.

Timoleón Jiménez comandante de las FARC-EP. Imagen tomada de El Colombiano.

Nueva Generación 

Grupo paramilitar y mafioso disidente del frente Héroes del Nordeste de las AGC. Tiene presencia en Zaragoza, Remedios y Segovia, además de tener fuerte incidencia en el corregimiento de Machuca.

Pareciera que estas serían las organizaciones al margen de la ley presentes en la subregión del Bajo Cauca, sin embargo, fuentes cercanas a la ONG Corpades y la agencia de prensa Análisis Urbano dan cuenta de que hay aún más sobre la cartografía criminal de allí.

Los Triana, aliados de las AGC en el Valle de Aburrá, también habrían llegado para quedarse

En 2011, el periódico El Tiempo publicó un informe en donde se hablaba de la interceptación de unas conversaciones de Carlos Mario Triana Vásquez, alias Mario Chiquito, recluido en la cárcel de alta seguridad de Palogordo, en Girón (Santander), coordinando el cobro de extorsiones, la venta de drogas y los homicidios.

Las autoridades, en los últimos seis años, han asegurado que la estructura paramafiosa de Los Triana, que ha trabajado para La Oficina del Valle de Aburrá denominada también como Oficina de Envigado a través de Los Paisas, ha logrado mantenerse en el mundo criminal con alianzas que incluyen sectores de la legalidad.

Alias Montero: nuevo patrón  del Bajo Cauca

Información extraoficial suministrada por coroneles de los batallones del Bajo Cauca dan cuenta de la aparición de un mafioso y paramilitar conocido con el alias de Montero, al parecer procedente de Barbosa, Antioquia, con cercanía a Los Triana y a la Oficina del Valle de Aburrá. Su alianza inicialmente fue con alias Seis-Siete, a quien le compró una franquicia para traficar con cocaína que incluía los territorios de Piamonte y Tarazá. A pesar de esto, Montero ya tuvo problemas con las AGC por no pagar oportunamente dicha franquicia. Se dice en el bajo mundo que quince de sus hombres desaparecieron, cinco de estos ya fueron encontrados muertos.

Esta alianza coincidió con la captura de alias El Mexicano, quien, de acuerdo a información confidencial, suministró la indicación sobre la avioneta tipo Cessna 172 monomotor que incautaron en el corregimiento de Guarumo, en Cáceres. Análisis urbano pregunta: ¿a quién pertenece la finca donde fue decomisada la avioneta cargada de cocaína?

El Bajo Cauca ha sido escenario de una reorganización de la mafia y los carteles, entre ellos Sinaloa y Los Zetas, de donde era enviado alias El Mexicano. La Oficina, que siempre ha estado interesada en el negocio de la producción de la materia prima, no solo en la comercialización y el menudeo, ahora quiere entrar con fuerza al Bajo Cauca, podría ser a través de Los Triana y del nuevo señor: alias Montero.

Con este panorama, ¿será cierto que en el Bajo Cauca hay ya un patrón —Montero— y un patrón de patrones que para los Estados Unidos es alías Don José, quien otrora fuera el tercero al mando la línea de los hermanos Orejuela en el Cartel de Cali y que actualmente le fueron incautados parte de sus bienes por estar en la Lista Clinton?

Imagen tomada de El Espectador.

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Apunte urbano

José Bayron Piedrahita Ceballos ha dicho que es inocente y que demostrará esto ante la justicia norteamericana y colombiana, mientras tanto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asegura que el empresario y ganadero ha trabajado para tres carteles de la droga. ¿Quién tiene la razón?

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