En libertad alias el Ronco. ¿Habrá remezón en La Oficina?

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Redacción Análisis Urbano

Mauricio Alberto González Sepúlveda, alias el Ronco —también Felipe o Fly—, jefe de la banda criminal La Unión, de Itagüí, quien había sido capturado el 11 de mayo de 2016, quedó en libertad el día 13 de septiembre por vencimiento de términos y tras ser radicada la boleta de la libertad, expedida por un juez de la República, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

El Ronco es considerado el eslabón perdido del proyecto Orión, en la comuna 13, operación que hacía parte de un ambicioso proyecto militar, legal e ilegal, cuya consigna era sembrar de paramilitares, no solo esta comuna, sino el resto de la ciudad metropolitana, objetivo que se cumplió a cabalidad con la paratranquilidad urbana, conocida como la donbernabilidad y el posterior pacto del fusil.

Alias el Ronco ha sido considerado el jefe del ala militar más dura de La Oficina, equiparándose a Tom o Carlos Chata, de la banda de Los Chatas, no en poder ni dinero, sino en hombres que le reciben órdenes.

La captura del Ronco, en 2016, se habría dado trece días después de salir en libertad, tras haber sido aprehendido en España. Este paramilitar urbano no solo estuvo en el diseño de la estrategia de la toma paramilitar, al lado de personajes como alias García u Orión, sino que hizo presencia física en el teatro de operaciones iniciado en la comuna 13.

Foto cortesía. Captura de alias El Ronco en el año 2016, por parte de personal adscrito a la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá.

Algunos abogados consultados luego de la captura del Ronco le explicaron a la Agencia de Prensa Análisis Urbano por qué se incurrió en serios errores en la captura, no siendo aplicada la imputación de cargos estando él en prisión, sino que lo dejaron en libertad, para luego recapturarlo:

Establece el artículo 295 y 296 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), que las normas que autorizan la privación de la libertad tienen carácter excepcional y solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Lo anterior, ha sido denominado por la Corte Constitucional, «test de proporcionalidad», conforme a la Sentencia C-1198 de 2008.

La alusión a este test pareciera inoperante para los funcionarios judiciales (entiéndase jueces y fiscales), pues al momento de hacer uso de la reserva judicial que permite ordenar capturas no se entiende cómo pueden librar mandamiento escrito en contra de quien ya está privado de la libertad en centro carcelario y, si bien excepcionalmente, y por razones de gravedad, como una libertad inminente o que se desconozca el hecho de que la persona se encuentra capturada podría considerarse la posibilidad de su emisión, lo cierto es que el test debe realizarse obligatoriamente en todos los casos, analizando cada uno de los ítems que lo componen, así:

– Necesariamente que no exista otra medida o alternativa que pueda cumplir la misma finalidad. Y cuando se supera esta se mira que sea adecuada para la finalidad propuesta. Y acá debe acudirse al artículo 296 del Código de Procedimiento Penal (CPP): obstrucción a la justicia; asegurar la comparecencia del imputado al proceso; la protección de la comunidad y de las víctimas o para el cumplimiento de la pena.

Es en este tópico donde el análisis debe ser más exigente, pues se trata de las finalidades constitucionales, y llama la atención el que alude a asegurar la comparecencia del imputado al proceso.

Aquí nos preguntamos: ¿la solicitud de orden de captura puede fundarse en este tópico cuando se está privado de la libertad? La respuesta es negativa, porque el fiscal puede proceder a radicar la solicitud de imputación e incluso imposición de medida de aseguramiento, es decir, no es adecuada la emisión de orden de captura, menos podría acudirse a otras finalidades, pues por sustracción de materia serían inanes.

Un juez que aplique con rigor el «test de constitucionalidad» tendría que negar una solicitud de orden de captura para una persona que ya está detenida, máxime condenada por otro asunto, y disponer que el fiscal, si lo requiere en otra carpeta, proceda a la imputación y, si es del caso, la medida de aseguramiento, pues de lo contrario estaría incumpliendo el artículo 2 del CPP: «principios rectores».

¿Qué hizo la Fiscalía? Acudió ante un juez para que librara una orden de captura, para hacerle efectiva después de la libertad del Ronco, procesado por otros delitos. ¿Orden de quién? Lo que buscarían es crear un positivo.

Alias El Ronco y alias El Pollo, capturados en España.

En ese sentido,

[…] obra de mala fe quien acude a la jurisdicción de control de garantías a solicitar una orden de captura para quien se sabe se encuentra detenido, y es más grave si se guarda silencio al respecto, porque induce en error al juez y obtiene la decisión favorable, lo que configura el delito de fraude procesal, contrariando el artículo 12: «lealtad», principio orientador procesal y norma prevalente.

El panorama anterior es bastante indebido, pero en el supuesto de que la orden se emita, debe ajustarse al trámite del artículo 299 del CPP, que fuera modificado por el artículo 20 de la Ley 1142 de 2007, que señala la obligación del juez de garantías de entregar a la Fiscalía la orden de captura para que el fiscal disponga a qué Policía Judicial encargar de realizar la aprehensión física y se registra en el sistema de información que se lleve para el efecto. Es decir, es imperativo, no potestativo para el fiscal registrarla en el sistema, al punto que se incurre en falta disciplinaria cuando se omite o se retarda la comunicación.

En ese momento el director de Fiscalías de Medellín Germán Darío Giraldo y la abogada Claudia Carrasquilla Minami era fiscal 27 adscrita a la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado, quien habría buscado hacer un show mediático con la recaptura del Ronco, después de haber sido dejado en libertad. ¿Por qué ni la Procuraduría ni la Fiscalía han investigado al respecto?

Sobre el hecho conceptúa una abogada consultada:

Significa lo anterior que no puede guardarse la orden de captura, ni hacerla secreta, para el sistema de registro. Debe aparecer en los sistemas de la Policía Judicial (Sijín-CTI). Tampoco es correcto —entiéndase legal— que, para fines mediáticos, se espere a que quien la ostenta en su contra recupere su libertad, para hacerle efectiva por Policía, es desleal.

Además, se pone en riesgo la investigación, pues en el hipotético caso de que la persona a capturar desaparezca, como explicaría el fiscal y su Policía Judicial que tenían la orden, sabían que estaba en centro carcelario y decidieron esperar unos días para recapturar, el riesgo es alto y riñe entonces con las finalidades constitucionales que argumentó para solicitarla.

La Fiscal 27 Carrasquilla Minami, con esta actuación, «mostró un total desprecio por los recursos estatales, haciéndose evidentes los costos, pues bastaba para el fiscal radicar imputación y no disponer del tiempo de un juez y de la Policía Judicial y sus herramientas, con el único interés de mostrar una eficiencia absurda y nada productiva para una institución donde los recursos son tan limitados», complementó el abogado consultado.

En conclusión, alias el Ronco fue capturado en medio de un «operativo de película», como tituló Noticias Caracol, mediante una orden de captura que ya se encontraba vigente, pero estaba escondida y bajo reserva de la directora Carrasquilla Minami, en el momento de producirse la libertad, luego de haber sido capturado en 2010 y purgar una pena de cuatro años en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Cinco días antes de su libertad, el 26 de abril de 2016, fue absuelto por la masacre ocurrida en la cafetería y restaurante Los Cristales, en el barrio Samaria, en Itagüí, el 21 de septiembre del 2000. ¿Para qué esperaron trece días si podían haber evitado la libertad? Y fuera de eso dejaron vencer lo términos. ¿Habrá otro show posterior?

Se esperaba entonces que en las próximas horas González Sepúlveda quedara en libertad, cosa que así sucedió. El Ronco es al parecer actualmente el jefe de la banda La Unión, una de las estructuras con mayor poder en el sur del Valle de Aburrá, teniendo el control de los barrios: El Rosario, La Unión, Playa Rica, Artex, La Cruz, Santa María, La Nueva y las veredas Loma de los Zuleta y Olivares —en Itagüí—, así como los corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, y San Cayetano, en La Estrella.

La ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano preguntan: ¿qué significa la salida del Ronco en el mundo del crimen urbano-rural? ¿Habrá remezón en La Oficina del Valle de Aburrá? ¿Buscará el Ronco tomar el control de la Oficina? ¿Si buscara apoderarse del control de la Oficina a qué línea de esta se alinearía, Terraza o la Alianza Criminal del Norte? ¿Será que el Ronco toma la decisión de alejarse de la vida criminal? Sin duda, su continuidad en la vida criminal y el posible empeño por tomarse el control de la Oficina harían correr mucha sangre en las calles de la ciudad metropolitana.

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