Redacción Análisisurbano.com
La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, que pertenece al Nodo Antioquia de la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (Coeuropa), una vez más, es objeto de acoso de las estructuras criminales ligadas al paramilitarismo que sigue operando en la ciudad. La víctima, esta vez, es Luis Fernando Quijano Moreno, presidente de la Ong, y quien se ha caracterizado por denunciar el “cogobierno del crimen”, como él lo llama, en la ciudad.
Luis Fernando Quijano, aparte de ser reconocido defensor de los derechos humanos, lidera un equipo de trabajo que viene investigando y denunciando, a través de este portal web (Analisisurbano.com), la connivencia de estructuras armadas criminales como las Convivir, los Urabeños y la Oficina, con algunos funcionarios del Estado, y especialmente con algunos integrantes de la Fuerza Pública.
El pasado 3 de julio de 2014, el equipo periodístico de Analisisurbano.com denunció la guerra al interior de las Convivir por el control territorial del centro de Medellín y advirtió que iba a ser violenta. Una vez hecha la denuncia, este medio fue desacreditado por las autoridades, tanto de la Vicealcaldía de Seguridad, como de la fuerza pública; a los pocos días, no más de una semana, los hechos confirmaron lo publicado: tres granadas estallaron en el centro de la ciudad, una en El raudal y dos en barrio Triste, explosiones que dejaron cuatro muertos y más de una treintena de heridos.
Analisisurbano.com continuó con sus informes y en ellos también denunció que las Convivir actuaba con plena libertad debido a su alianza con algunos miembros de la fuerza pública. Para entonces, se anunció que la “nómina paralela” del crimen estaba presuntamente integrada por miembros de la policía y que serían un coronel de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval); un sargento de la Unidad de Extinción de Dominio, de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín); un subintendente del Grupo Contra Armados Ilegales, también de la Sijín, y un capitán que hace parte del Grupo Antisecuestro y Antiextorsion (Gaula), este último incluso poseería o estaría a cargo de plazas de vicio móviles, cuyo producto fuerte sería la heroína, o “H” como le llaman en las calles.
Esta denuncia ocasionó amenazas y acosos a todo el equipo de trabajo no sólo de Analisisurbano.com, sino a todos los integrantes de Corpades, quienes pusieron en riesgo su vida, seguridad e integridad. En su momento, también se supo de un posible atentado contra Luis Fernando Quijano, que se ejecutaría de la siguiente forma: un grupo de hombres con uniforme de la policía realizarían un retén en el cual neutralizarían a la escolta del defensor de derechos humanos antes de que se bajara de los vehículos, y en la jerga criminal “neutralizar” significa asesinar, posteriormente darían muerte al protegido. Los uniformes serían aportados por un coronel de la policía porque la escena debía ser veraz, de otra forma la escolta no pararía ante el retén.
La denuncia del riesgo que corrían los integrantes de Corpades, y su presidente, se hizo en el ámbito público y en el privado. Sin embargo, no se resolvió nada y los acosos continuaron: el lunes 7 de julio de 2014, circuló en las calles de la zona céntrica de Medellín, especialmente en los sectores que la Ong y su agencia de prensa AnalisisUrbano.com habían denunciado como territorios controlados por las Convivir, un panfleto que por un lado reproducía un comunicado de Corpades en el que se denunciaba el acoso de los criminales, y por el otro mostraba las fotos, -además de nombres, apellidos y alias- de quienes, supuestamente, serían los que disputaban el control de la zona.
Testigos que recibieron el volante en las calles y lo hicieron llegar a Corpades, afirmaron que quienes lo distribuyeron fueron algunos miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval). De ser cierta esta versión, se podrían deducir dos escenarios: el primero, poner a Corpades en el ojo del huracán, básicamente señalándola, y dando a entender que era la Ong la encargada de denunciar el accionar delincuencial y no la policía; el segundo, hacer figurar a la ong como si fuera partícipe en la distribución dicho panfleto, como si tomara parte en la guerra puesto que las fotos exponían a los integrantes de un solo bando, y de esta forma exponer a Corpades al ataque de cualquier grupo ilegal.
Lo grave es que estos dos intereses apuntaron al mismo objetivo: justificar cualquier posible atentado contra algunos de los miembros de Corpades, Analisisurbano.com, o contra las instalaciones de las mismas, librando de toda responsabilidad a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Por entonces, se generó angustia en la organización y se aumentaron las medidas de seguridad que a modo personal cada uno de los integrantes podía implementar porque la respuesta estatal fue nula ante la amenaza y vulnerabilidad de Corpades que siguió latente.
En su momento, al entonces brigadier general José Ángel Mendoza Guzmán, quien era de la Meval, se le exigió desmantelar las “Convivir”, en especial las de Prado Centro, pues se constituyen en la amenaza directa contra la vida e integridad de los que hacen parte de Corpades. Hoy, casi a un año después de la denuncia, esta estructura sigue activa y es muy común encontrar algunos de sus miembros rondando por las instalaciones de la ong, como si hicieran alguna especie de inteligencia.
La tensión bajó un poco, pero hoy, quienes hacen parte de Corpades y de Analisisurbano.com, vuelven a ser víctimas de acoso. Recientemente se adelantó una investigación en la que se denunció el botín criminal que viene siendo el barrio Nuevo Jerusalén, una invasión o asentamiento ilegal ubicado sobre un predio cuyo dueño es el municipio de Medellín pero que está en jurisdicción del municipio de Bello.
La denuncia, a grosso modo, informaba los movimientos criminales de los grupos que allí estaban y obedecían a la estructura criminal la Oficina. Se informaba que el barrio estaba rodeado de una fosa común, que extorsionaban a los habitantes por los servicios públicos y por el lote que les vendían, que las mujeres eran víctimas de acoso sexual, que los niños sufrían reclutamiento forzado; se denunció incluso que los hombres eran entrenados militarmente después de las 10 de la noche. Pero lo más grave fue que se dijo que de esta situación estaban enterados la Policía Nacional, el Ejército Nacional y las administraciones públicas de Bello y Medellín, que el juez del juzgado 26 Administrativo de Medellín les ordenó corregir la problemática y aun así, nadie hizo nada.
Estos informes se publicaron durante los meses de enero, febrero y aun en marzo de este año se continúan publicando. La denuncia alteró las ganancias criminales porque le fue imposible a la institucionalidad seguir ocultando la bochornosa situación. No obstante, fue Corpades y AnalisisUrbano.com los que pagaron las consecuencias. Sujetos extraños parecían seguir a los integrantes del Equipo, se daban anomalías en sus medios de comunicación electrónicos y el presidente de la ong, Luis Fernando Quijano, empezó a recibir acoso directo de los criminales. La familia de Quijano fue víctima del seguimiento y a las afueras de la casa del defensor de derechos humanos se han encontrado personajes siguientes los movientes de quienes allí habitan. Estos seguimientos han quedado grabados a modo de videos en los celulares de la escolta de Quijano, y serán aportados como prueba en su debido momento.
Lo delicado del asunto, es que el analista e investigador no ha recibido la amenaza directa, sino que se han identificados los movimientos en su contra. Esto es preocupante porque una amenaza es un aviso que la víctima recibe antes de actuarse en su contra, cuando ésta no se presenta pero se identifican los movimientos quiere decir que un acto concreto se va llevar a cabo.
Así mismo, fuentes cercanas al mundo del crimen informaron a esta plataforma web que se puso a rodar un dinero a cambio del asesinato de Luis Fernando Quijano, según informan, se debería a los denuncias que se vienen haciendo por medio de Analisisurbano.com (de la cual el defensor de derechos humanos es el directo) que, en resumen, habrían perjudicado el tráfico de drogas. En palabras de los criminales, Quijano “está calentando los parches y no está dejando trabajar, por eso se lo van a bajar. Están dando mil pesos por el man”.
La denuncia podría parecer estúpida para algunos. Sin embargo, a esto se suma otro hecho que no es conocido por la opinión pública. En noviembre del año pasado, el presidente de Corpades, Luis Fernando Quijano, fue citado a una reunión en Bogotá para dialogar con un mando de alto rango de la Policía Nacional. En el encuentro, el oficial de alto cargo le informó a Quijano que tenía indicios de que él lo iba a denunciar y a “empapelar” por narcotráfico, así que le preguntó que si era cierto. Quijano lo negó, pero cuestionó quién le había pasado esa información; el uniformado le respondió y le dio el nombre de un alto oficial de la república que hizo parte de la Meval. Posteriormente, salieron a la luz otros nombres de miembros de la policía que estarían, posiblemente, aliados con las estructuras criminales de la Oficina y los Urabeños. La reunión terminó y el analista e investigador retornó a Medellín, dos meses después empezaron a acosarlo.
Lo único claro es que algunos miembros de la policía (y ellos saben quiénes son) tienen claro que desde Analisurbano.com, agencia de prensa de Corpades, se viene investigando esta alianza criminal que posee protección oficial, y que está investigación la lidera Luis Fernando Quijano. En Bogotá, se dejó claro quiénes eran los uniformados integrantes de la nómina paralela e ilegal, pero aún no toman medidas necesarias.
Por esta razón, no se debe desconocer, ni estúpidamente negar, que en los acosos que recibe Corpades, tanto su presidente como el resto de integrantes, podrían estar involucrados los miembros de la policía ligados al crimen y, específicamente, al general que, basado en un rumor, quiso poner a otro general en contra de Luis Fernando Quijano. Lastimosamente, en este país, advertir a un oficial de alto rango que un defensor de derechos humanos lo quiere “empapelar” por narcotráfico equivale a colgarle una lápida en el cuello. Así es la cosa y así está la delicada situación de Corpades, una vez, por denunciar lo que otros quieren callar
