En el paro armado paramilitar que inició hoy en Antioquia, la estructura paramafiosa de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) mostraron hasta el momento un éxito contundente que pone en aprietos al Estado colombiano y al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien ha venido garantizando que la paz ce acerca y que con los inicios de los diálogos con el ELN, esta será integral. Hoy la realidad muestra otra cosa: el paramilitarismo -aliado de la mafia, de un sector de la institucionalidad y de la extrema derecha- demuestra con hechos que puede poner en grave riesgo los acuerdos de paz y el inicio del posacuerdo, posguerra o posconflicto.
Lo que hoy ocurre en Briceño y el Orejón lo reafirma: zonas que han tenido fuerte presencia de las FARC durante 30 años, son tomadas a través del paro armado por las paramafiosas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ocasionando que la gente no salga, las calles se vacíen y el temor embargue a la población. Una muestra de poderío que sólo invita al regreso de la guerra de la organización insurgente que viene cumpliendo cabalmente la tregua unilateral. Surgen entonces las preguntas:
¿Será posible que las FARC dejen las armas teniendo como referente lo que en este momento sucede en esas zonas?
¿Dónde está la fuerza pública que permitió un paro armado paramilitar avisado hace dos días?
¿Será urgente y necesario romper la espina dorsal de las AGC y obligarlos al sometimiento a la justicia?
¿Se ha cumplido la orden presidencial sobre neutralizar y desmantelar a las AGC?
¿Quiénes responden por este fracaso institucional?
En el caso del norte de Urabá queda el sinsabor de que algo no funciona bien, ¿de qué ha servido la operación Agamenón, si el paro armado paramilitar muestra el fracaso militar?
Y por último: ¿Qué papel cumplen en la región de Urabá, Carabineros y Antinarcoticos de la Policía Nacional, y la Séptima División del Ejército, si en su presencia se desarrolló -con éxito- el paro armado paramilitar?
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