Politicomanía

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Por Maveza 

Después de muchos ires y venires parece que se está desenredando la madeja de la corrupción en Colombia, especialmente en el caso Odebrecht y en el caso de la corrupción en las altas cortes, donde al parecer el fenómeno en la Corte Suprema de Justicia presenta niveles impensables; sin embargo, queda un sabor agridulce ya que a la fecha solamente se han iniciado los procesos judiciales en lo referente con los involucrados de rango medio, porque seguramente, y como suele ocurrir en nuestro país, las altas esferas del poder político y económico, los denominados «intocables» —los que sin duda son los principales causantes de la corrupción generalizada—, saldrán incólumes ante la justicia; y lo que es peor aún, la gran mayoría de ellos seguirá contando con un amplio apoyo social, gracias a las estrategias mediáticas y al mismo fenómeno corruptor que, a través del clientelismo y las ínfimas dádivas en épocas electorales, genera una especie de amnesia selectiva en los sufragantes.

Sin duda alguna, el fenómeno de la corrupción, en lo referente a nuestra dirigencia política y frente a los dineros públicos, ha llegado a niveles impensables. Se habla incluso de que en Colombia los «padres de la patria» se roban al menos el equivalente al 30 % del presupuesto de la nación; es decir, que nuestros insignes dirigentes se apropian anualmente de una suma cercana a los 70 billones de pesos, mientras que sectores fundamentales para el desarrollo humano como la salud, la educación, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología sufren año a año recortes presupuestales que ponen en riesgo su sostenimiento y, por ende, se atenta contra los principios del Estado Social de Derecho.

Asimismo, es necesario resaltar los vínculos de la clase política y las grandes empresas tanto del orden nacional como internacional. Unos y otros se favorecen de la simbiosis que generan y a través de múltiples componendas terminan logrando beneficios, no solo económicos, sino también políticos, especialmente en lo que tiene que ver con la permanencia en el poder y de esa forma lograr mantener el perverso círculo de la corrupción. Son bastante conocidos los casos que tienen que ver con los favores en la contratación estatal, los beneficios tributarios, las llamadas «coimas», el lobby público y privado que se considera legal, no obstante su inmoralidad, entre muchos otros móviles. Como ejemplo representativo se puede resaltar lo que ocurre con la financiación de las campañas políticas, los empresarios realizan importantes aportes a los candidatos afines a su ideología, y por lo tanto a sus intereses; aportes que posteriormente pueden descontar de su declaración de renta al considerarse como donaciones, lo cual se estatuyó en el Código Tributario, gracias a la «concienzuda» labor legislativa de nuestros congresistas.

Sin embargo, en la última semana se desatapó el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, equiparable solamente con el escándalo del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, quien al igual que sus colegas de la Corte Suprema, es investigado por exigir altas sumas de dinero con el objeto de modificar las decisiones judiciales a su cargo. No obstante, es necesario resaltar que la corrupción en las altas cortes no es un fenómeno aislado de la política. Para nadie es un misterio que la elección de los magistrados de los máximos órganos de justicia en el país está atravesada por una alta injerencia del presidente y del Congreso de la República. En última instancia, el lobby y la cercanía a los partidos políticos, es lo que les permite a algunos «privilegiados» acceder a las máximas dignidades de la justicia.

Amén de lo anterior, y quizás lo más indignante de toda esta descomposición de nuestros máximos dirigentes políticos, empresariales, judiciales y demás, es la actitud cínica con que los involucrados asumen la responsabilidad ante los delitos de los cuales se les acusa; en muchos casos, hasta que no están tras las rejas y condenados, permanentemente pregonan a  los cuatro vientos su inocencia. De dicho cinismo tampoco se escapan las colectividades políticas a las que pertenecen estos execrables delincuentes de cuello blanco; tan pronto como es condenado alguno de sus copartidarios, los demás miembros de la organización gritan a voz en cuello que son casos aislados y que en nada comprometen la actuación de la colectividad.

Empero lo anterior, el colmo de la desfachatez se presentó esta semana cuando el senador Musa Besaile, afirmó haber sido víctima de una «extorsión» por parte del fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien al parecer le habría pedido una alta suma de dinero para evitar la ejecución de una orden de captura en su contra por parapolítica. Frente a lo anterior cabe preguntarse: ¿por qué pagó si en realidad se consideraba inocente?, ¿por qué esperó a que se destapará el escándalo de la corrupción en la Corte Suprema para denunciar? Estos y muchos otros interrogantes seguramente quedarán sin resolverse, ya que al parecer la metástasis de la corrupción tocó todas las esferas de los poderes públicos en Colombia, y mientras la sociedad civil no asuma un papel protagónico y responsable consigo misma, seguiremos inmersos en este lodazal de escándalos, mentiras e inmoralidad.

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