Todos estos episodios muestran que sí existe un plan desestabilizador en Medellín que incluye generar zozobra, más miedo en la ciudadanía y profundizar la crisis institucional en la ciudad.
Cómo se podrá explicar que desde 2013 la ONG Corpades y Análisis Urbano hayan anunciado la existencia del Pacto del Fusil en el Valle de Aburrá y que sus jefes militares eran Carlos Chata por la Oficina del Valle de Aburrá y Gabriel Paraco por las AGC, y que en 2015 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hayan planteado la existencia de un acuerdo criminal...
Los primeros meses de su mandato fueron de ubicación, revisión y ajustes, luego entendió que algo no funcionaba dentro de la institucionalidad y era claro que estaban infiltrados los consejos de seguridad; lo que allí se hablaba y se decidía llegaba a manos de los jefes criminales del Valle de Aburrá. Por eso el alcalde se enfrentó al director de Fiscalías y exigió resultados a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval).