La disposición del Gobierno generó tensión con los países garantes del proceso, especialmente con Noruega y Cuba, que pidieron respetar los protocolos ante un eventual levantamiento de la mesa de negociación. Mientras tanto, Brasil y Chile acompañaron al presidente Duque en su decisión y pidieron por todo el peso de la ley para los responsables.
En ese sentido, y atención a los parámetros establecidos por la Ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procedimiento Penal), un Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos acusó por los delitos de secuestro simple y homicidio agravado a los siguientes integrantes del Comando Central del ELN:
“Señoras y señores militares y policías colombianos, les escribo de nuevo porque hay temas de profundo interés para el intercambio, debido a acontecimientos que estremecen la vida del país, en los que ustedes son parte importante”.
Rojas Rodríguez habría planeado el atentado desde hace 10 meses, señaló la Fiscalía. Asimismo, forenses de Medicina Legal elaboraron estudios de necrodactilia (toma de impresiones dactilares) a una mano encontrada en el lugar de los hechos con la que se pudo identificar plenamente a Rojas Rodríguez.