(1) Los males del Bajo Cauca: alianzas, disidencias de Ituango y Los Caparrapos

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Análisis Urbano

Lo que se temía hace unos meses en cuanto a la expansión de los dominios de las Disidencias del Frente 18 y 36, al mando de alias Cabuyo, en Ituango y su zona rural, es una realidad. El Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) da muestras de un posible fracaso ante el cerco de guerra que han creado quienes controlan el marcado del narcotráfico a gran escala.

La extensión territorial de Ituango, municipio del norte de Antioquia, dificulta el gobierno del alcalde Hernán Darío Álvarez, quien durante los dos primeros años de su mandato disfrutó de la tranquilidad que se veía venir con el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las FARC, grupo guerrillero que durante más de tres décadas mantuvo en zozobra a esta población con el Frente 18.

Los más recientes hechos dan cuenta del éxodo de decenas de familias de las veredas La Flecha, La Esmeralda y Canturrona, de Ituango, hacia el corregimiento de Juan José, municipio de Puerto Libertador, en Córdoba, que recorren más de cinco días a lomo de mula para llegar a los límites entre departamentos. Para ellos es más seguro y cercano llegar al sur Córdoba, por lo que en Ituango supieron del desplazamiento masivo cuando llevaban días de viaje.

En municipios los de San José de Uré, Montelíbano y Tierralta se encuentran asediados por las disidencias del Frente 18, procedente de Ituango, que extendieron sus dominios a los corregimientos de La Caucana y El Guáimaro, en Tarazá, donde hacen presencia Los Caparrapos —llamados Frente Virgilio Peralta cuando pertenecían a las AGC—, con quienes hicieron alianza para incursionar en el sur del departamento de Córdoba.

Desde Ituango habrían salido tres estructuras para apoderarse del negocio del narcotráfico del sur de Córdoba, recogiendo aliados residuales del Frente 36 que hizo presencia en Anorí y Amalfi, en el Nordeste, y Tarazá y Cáceres, en el Bajo Cauca, como se lee en un informe de inteligencia recogido por la Defensoría del Pueblo:

  • Estructura 1: 120 hombres entraron desde Ituango al municipio de Tierralta, haciendo presencia cerca del río Esmeralda.
  • Estructura 2: 18 hombres hicieron presencia en la vereda La Burra, corregimiento de Tierradentro, municipio de Montelíbano, ubicándose en la parte alta del río Tigre, cerca de la vereda Llanos del Tigre.
  • Estructura 3: un número indeterminado de hombres armados llegaron desde Ituango a las veredas Aguas Lindas y Santa Rosa, corregimiento de Juan José, municipio de Puerto Libertador, a través del cañón de Riosucio.

La difícil situación del Bajo Cauca y del sur de Córdoba, así como la incursión de las disidencias de las FARC, que buscan apropiarse del monopolio del narcotráfico, tranzando negocios con los carteles mexicanos, presentes en Tarazá y Cáceres, entre quienes se identifica a alias Montero —camuflado entre el comercio de la piña—, fue presenciado por el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien recorrió en febrero el Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Ver: Defensor del Pueblo lideró misión humanitaria por el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño

Otro municipio receptor de familias desplazadas es Medellín, en donde informes recientes de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas señalan que han llegada 1500 familias procedentes de los 6 municipios del Bajo Cauca: Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza.

Leer también: Alias Cristian y alias Braque se disputan El Bagre

En el Acuerdo Final quedó plasmada la acción de desminado humanitario, por lo que entre el Gobierno y las FARC se escogió la vereda El Orejón, en Briceño, para hacer la prueba piloto. Varios de los guerrilleros que participaron del desminado son hoy combatientes de las disidencias de alias Cabuyo, quien hizo parte de la comisión, delegado por las FARC en el piloto de erradicación manual y sustitución de cultivos en la vereda Pueblo Nuevo, en el mismo municipio.

Una de las acciones de guerra de las disidencias, violando los protocolos de la Convención de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) son la siembra de minas antipersona en territorios en donde hubo desminado humanitario en Ituango, así como en poblaciones que se encontraban en paz desde la desmovilización de las FARC, como las veredas La Flecha, La Esmeralda y Canturrona, en donde se está implementando el PNIS. Las familias que se postularon al programa de erradicación y piensan sustituir los cultivos de uso ilícito se encuentran amedrentadas por la sombra de las antiguas FARC, ahora en alianza con Los Caparrapos, enfrentados a las AGC.

El panorama de Ituango y el norte de Antioquia, en municipios como San Andrés de Cuerquia, Toledo, Briceño, Yarumal y Campamento no es muy optimista. La sombra del narcotráfico se cierne sobre las áreas libres de cultivos ilícitos ante la amenaza de la resiembra promovida por las disidencias de las FARC; y en algunos municipios por la presencia del crimen urbano, procedente de Bello, en cabeza de Los Urbanos, que han montado cocinas para el procesamiento de base de coca en la vereda Taque, municipio de San Andrés de Cuerquia, y que controla el microtráfico de la zona urbana de Ituango y algunos barrios de Yarumal.

El crimen, que había cesado en Ituango, abrió sus tentáculos hacia el Bajo Cauca y el sur del departamento de Córdoba. La propuesta del gobernador de Antioquia de recuperar el Bajo Cauca a «sangre y fuego» también debe extrapolarse hacia Ituango, donde la población está sitiada por el narcotráfico que amenaza con terminar de hacer trizas lo que queda del posconflicto.

Espere los siguientes informes:

(2) Los males del Bajo Cauca: los mexicanos y sus negocios con Los Caparrapos y las AGC

(y 3) Los males del Bajo Cauca: minería, corrupción y narcotráfico (el triángulo del mal)

 

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