El 23 de abril de 2007, en las horas de la mañana, Judith Adriana viajaba en un bus de servicio público cuando dos paramilitares lo abordaron y la asesinaron con varios disparos. El hecho ocurrió a la altura del barrio San Germán, cerca de la Cuarta Brigada del Ejército.
Judith Adriana, era una importante lideresa, una mujer defensora de derechos humanos y una luchadora incansable que siempre buscaba fortalecer los procesos organizativos, sociales y políticos en su amada comuna 13. Eso no le gustaba al proyecto paramilitar urbano que venía cooptando líderes y lideresas. Estas organizaciones criminales también estaban creando corporaciones, asociaciones y fundaciones —unas 500 fueron constituidas bajo la mirada protectora de un sector de la institucionalidad y el empresariado antioqueño—, muchas vigentes aún y algunas que siguen saltando la línea entre lo legal e ilegal. Así como lo hizo la Corporación Democracia, fue considerada por la justicia como el brazo político de la Oficina, sin embargo, a pesar de eso siguen contratando con la municipalidad.
A Judith trataron de convencerla y llevarla al redil paramilitar, aliado a un sector de la inteligencia militar. Muchos de los jefes de bandas paramilitarizadas y adscritas a la Oficina estaban carnetizados por el Ejército; ella lo sabía y se negó, siendo silenciada por las balas paramafiosas la mañana en que se dirigía a la sede de Corpades. Trece años después no hay una respuesta de la Justicia sobre su asesinato.
Los autores materiales e intelectuales del asesinato de la lideresa siguen sin ser vinculados al proceso penal. Trece años lleva Corpades denunciando que el grupo paramilitar Los Pesebreros, adscritos a la Oficina del Valle de Aburrá, fueron los autores de su muerte.
Desde entonces, sus hijos, la comunidad de San Javier, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos y el partido político Polo Democrático Alternativo siguen esperando una respuesta.
Días antes del ataque, Corpades había emitido una comunicación diciendo que «los mecanismos de participación y autonomía organizacional se han constituido en un factor de amenaza ante la hegemonía de actores armados ilegales. Riesgos que recaen principalmente en los líderes y representantes comunitarios, los cuales, ante la negativa de sometimiento ante el nuevo poder barrial, están siendo declarados objetos de ataque». Dicho documento pretendía la declaración de una alerta temprana para la protección de estas personas, pero la Alcaldía de Medellín lo tildó de «lejano a la realidad». En ese momento el alcalde era Sergio Fajardo Valderrama, quien entonces pregonaba a los cuatro vientos que Medellín pasaba del miedo a la esperanza, incluso que estábamos en la ciudad del posconflicto y que no existían los paramilitares. Su periodo como burgomaestre es recordado como el de la época de la «Donbernabilidad».
Desde Corpades, entendiendo el pleno cogobierno criminal y mafioso, la bautizamos la paratranquilidad urbana, porque eso iba más allá de un «don paramafioso», era el poder real de la estructura paramilitar y mafiosa de la Oficina del Valle de Aburrá, conocida como la Oficina de Envigado, aliada a sectores de la institucionalidad que cogobernaba a través de las más de 350 bandas armadas al Medellín metropolitano.
La paratranquilidad urbana fue el legado que dejó el Proyecto Orión, que no era otra cosa que sembrar de paramilitares a la comuna 13, al resto de Medellín y, por supuesto, al Valle de Aburrá. A través de la Operación Orión inició la consolidación del paraestado urbano, que hoy parece mantenerse más refinado.
Trece años después seguimos esperando una respuesta y recordando que el asesinato de Judith Adriana sigue en la impunidad, al igual que el de muchos defensores y defensoras de derechos humanos en Medellín, Antioquia y el resto de Colombia.
