Bogotá, 10 abril de 2025.- En 2024 fueron asesinados en Colombia 157 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 11 casos menos que en 2023, lo que evidencia que la vida de estos líderes no está garantizada, según un informe de la ONG Somos Defensores publicado este jueves.
«Si bien se trata de una disminución importante, esta cifra evidencia una vez más que el derecho a defender derechos no está garantizado en Colombia y que las vidas de las personas que ejercen esta labor continúan desprotegidas», asegura el documento titulado ‘Sin protección’.
La ONG basa su informe en las cifras del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh).
El documento enfatiza en que la «violencia contra el derecho a la vida se da pese a que durante el año 2024 el Gobierno nacional mantuvo espacios abiertos para hacer realidad la política de ‘paz total’ con la insurgencia, los grupos posacuerdos (de paz), bandas criminales y paramilitares».
Las agresiones: ligera disminución
Incluyendo los 157 asesinatos, en total hubo el año pasado 727 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, una cifra inferior en 38 casos a los 765 registrados por Somos Defensores en 2023.
Las agresiones documentadas a defensores en 2024 fueron las amenazas, con 404 casos, los asesinatos (157), atentados (62), desplazamientos forzados (44), secuestros (24), desapariciones forzadas (17), robos de información (7), detenciones arbitrarias (5), torturas (5) y agresiones sexuales (2).
Somos Defensores advirtió que «durante 2024, el Ejecutivo optó por acordar ceses al fuego principalmente bilaterales, y no multilaterales, como se demandó desde las organizaciones a nivel territorial y nacional», lo que aumentó el riesgo de las personas.
Eso, aseguró la plataforma, «dio lugar a numerosos enfrentamientos entre actores armados ilegales, que aumentaron la vulnerabilidad de personas defensoras y sus comunidades, especialmente en la ruralidad».
Además, varias de las «estructuras armadas tendieron a fraccionarse mientras sostenían negociaciones y diálogos dentro de una política sin marco jurídico y poco clara en su estrategia, conocida como ‘paz total'», enfatizó el documento.
«Mientras las agrupaciones armadas ilegales continúan desplegando una violencia selectiva a medida que se expanden y confrontan entre sí, el Gobierno sigue sin trazar las llamadas ‘líneas rojas’ en el marco de las negociaciones y los diálogos socio-jurídicos que reiteren el principio de distinción y permitan la garantía del derecho a la vida e integridad de las personas defensoras», sostiene la ONG.
En ese sentido, la plataforma asegura que el «cuasi mantenimiento» de los índices de agresiones no se puede achacar únicamente a los paramilitares, los grupos posacuerdo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los autores individuales, las bandas y las alianzas criminales.
«El Gobierno nacional también tiene responsabilidad por no haber atendido los llamados hechos con suficiente antelación desde distintos sectores que abogan por los derechos humanos», aseguró.
El Cauca tiene las peores cifras
El convulso departamento del Cauca (suroeste), donde hay presencia de las disidencias de las FARC y del ELN, al igual que de grupos de narcotraficantes, tiene las peores cifras, pues allí asesinaron a 23 defensores en 2024.
Le siguieron Antioquia con 19, Valle del Cauca con 18, Arauca con 17, y Bolívar y Chocó, con siete cada uno.
De los 157 asesinatos verificados por el Siaddhh, se desconoce la responsabilidad de los autores en 61 casos (39 %).
En el segundo lugar en presunta responsabilidad están los grupos posacuerdo de paz con 38 casos (24 %), y en tercero, los paramilitares con 14 casos (9 %).
Por otra parte, el informe señala que aumentaron los asesinatos atribuidos al ELN, con 13 casos, equivalentes al 8 %, mientras que en 2023 esa guerrilla fue la presunta responsable de nueve crímenes (5 %).
EFE