Redacción Análisis Urbano
En el sector de Castilla, comuna 5, noroccidente de Medellín, algunos jóvenes se cansaron de la guerra y buscan opciones de vida distinta en un intento de apostarle a la paz y que esta también llegue a sus territorios. Un total de 160 jóvenes iniciaron un proceso voluntario de reintegro a la vida lejos de las armas, proceso que involucra no sólo a quienes son parte activa de conflicto armado, sino que también cuenta con personas que ya han estado en la cárcel y a muchachos en riesgo constante de caer en el mundo ilegal.
El proceso que iniciaron estos jóvenes, el cual implica entrega de armas, ya está en conocimiento de la Administración Municipal, aunque desde la institucionalidad no se tiene claridad en el tema: el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, manifestó que meses atrás recibieron esta noticia pero entonces sólo se hablaba de 45 personas porque eso fue la cifra que mencionaron quienes lideran la propuesta. No obstante, el Secretario también manifestó ante los medios de comunicación que el proceso cuenta con total respaldo de la Alcaldía.
Según Iván Gutiérrez, ingeniero que ha venido acompañando el proceso desde su inicio y orientando a los jóvenes para que se alejen de la guerra, algunas empresas privada se están interesando en la propuesta y desean apoyarla.
Gutiérrez también agregó que “la Administración Municipal debe llegar con programa reales, institucionales, de impacto y efectivos a estos sectores que tanto lo necesitan, para robarle jóvenes a la criminalidad y a la delincuencia. Esto no es con discursos, esto no es con carreta; esto es haciendo actividades, haciendo proyectos, haciendo procesos que realmente conduzcan a la resocialización e integración a la legalidad de todos estos muchachos que, o han estado en el conflicto o están en riesgo de caer en él”.
Esta iniciativa de los jóvenes no puede llegar en mejor momento, precisamente porque abre el debate necesario en estos tiempos negociaciones en La Habana: la necesidad de la paz urbana a través de los diálogos urbanos. La propuesta de fin de conflicto armado por parte de estos muchachos en Castilla muestra voluntad de paz y hastío de las balas, pero esta se puede ver obstaculizada por las estructuras paramilitares y mafiosas que tienen control territorial y poderío en las comunas aledañas que son Doce de Octubre (comuna 6) y Robledo (comuna 7), territorios en los que –como en muchos otros sectores de Medellín- la guerra urbana mantiene vigencia.
De acuerdo con Luis Fernando Quijano, analista del conflicto armado, director de este medio y presidente de la ong Corpades, este proceso llega en un momento interesante porque la paz debe ser total: “La paz urbana debe estar pegada con la paz rural, en este sentido, la apuesta de estos 160 jóvenes nos da la posibilidad de abrir una camino para que discutamos el tema de diálogos urbanos, negociaciones y sometimiento a la justicia. Además, es una invitación a las más de 350 bandas de Medellín y a las dos estructuras paramafiosas (AGC y Oficina) para que entiendan el mensaje que están enviando estos jóvenes. No hay que descalificar porque esta es una apuesta interesante”.
Las bandas y las estructuras mencionadas no cuentan con reconocimiento político pero no por eso deben estar impedidas para iniciar los diálogos urbanos, la salida del conflicto armado en Medellín debe ser negociada porque está demostrado que la vía militar o de la seguridad democrática sólo sembró más violencia en la ciudad. Además, aunque la desmovilización paramilitar fue un proceso fallido, Medellín si cuenta con pactos y salidas negociadas del conflicto que han sido exitosos.
Los diálogos urbanos deben entrar a un acuerdo de voluntades pero no en perspectiva de desmovilización sino de sometimiento a la justicia, con dignidad pero sin impunidad. Y, una vez más, desde Análisis Urbano volvemos a decir que en este punto se debe hablar de construcción de verdaderos centros de resocialización y recuperación de las personas, que le apunten a la pedagogía y a la formación, porque el sometimiento a la justicia no puede darse con estos centros carcelarios que no son más que universidades del crimen y acopios de violaciones de derechos humanos.
En cuanto al marco legal de la propuesta de diálogos urbanos, Hernando Loaiza, abogado de la Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz (Cnemalipaz), manifestó que “hay un elemento sustancial y tiene que ver con los dispositivos legales. Hay una serie de dispositivos que cumplieron su función y su labor, algunos siguen siendo importantes, pero hay que generar una serie innovaciones para hacer creíble y posible que estos grupos se vean atraídos por esa serie de mecanismos, para que se logre un tránsito definitivo hacia el desmonte de todo este aparato armado que existe en los ámbitos urbanos y en especial en este laboratorio que ha sido el Valle de Aburrá. Los parlamentarios antioqueños tienen una función muy importante y es empezar la discusión, sentarse con los alcaldes del Área Metropolitana, porque tienen la posibilidad de generar una nueva ley de sometimiento desde el Congreso, pero en labor coordinada con la administración local”.
Por ahora, esta iniciativa de estos 160 jóvenes es lo único concreto, de la institucionalidad depende que sea el laboratorio real de paz para las zonas urbanas, paz urbana la cual debe ser elemento sine qua non de cualquier proceso o negociación para acabar con el conflicto armado en el país.
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