Defensoría del Pueblo emite alerta para Murindó, Antioquia, por presencia paramilitar

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Mediante la Alerta Temprana de Inminencia, la Ciprt señala que los 3.499 habitantes de Murindó, municipio del Urabá antioqueño, corren alto riesgo por la fuerte presencia y disputa del territorio entre el Ejército de Liberación Nacional, Eln, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
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En una carta dirigida al ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprt), de la Defensoría del Pueblo, advierte al Gobierno sobre el grave riesgo que corren los habitantes de la cabecera municipal de Murindó y sus corregimientos Opogadó, Bella Luz y Campo Alegre.

Mediante la Alerta Temprana de Inminencia, la Ciprt señala que los 3.499 habitantes de Murindó, municipio del Urabá antioqueño, corren alto riesgo por la fuerte presencia y disputa del territorio entre el Ejército de Liberación Nacional, Eln, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, “situación que involucra amenazas para la población civil y servidores públicos, restricciones a la movilidad, extorsiones, regulación de la vida social, control poblacional y territorial, afectación al territorio colectivo y sus prácticas tradiciones de producción, reclutamientos y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, desplazamientos individuales y confinamientos…, y riesgo de desplazamiento forzado”.

Recordó la Ciprt que el pasado 11 de julio de 2018, la estación de Policía de Murindó recibió información según la cual existe un plan para atentar contra la integridad física del personero municipal Freddy Armando Urón Greitter, razón por la cual fue escoltado y acompañado a la salida del municipio al día siguiente jueves 12 de julio.

En consecuencia, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Gobernación de Antioquía y a la Alcaldía de Murindó que de manera conjunta coordinen e implementen las acciones en materia de prevención y protección, orientadas a mitigar y controlar el impacto de las posibles acciones de los grupos armados ilegales que vulneran los derechos de la población civil, en el municipio de Murindó y en cada uno de los corregimientos, aplicando los planes de contingencia y de prevención que se hayan elaborado para el municipio.

Asimismo, al Ministerio de Defensa que se concerte, implemente y refuerce los planes de protección colectiva para las comunidades negras y los pueblos indígenas; así como se activen los operativos de registro y control de la Fuerza Pública en la zona rural del municipio de Murindó, con el fin de neutralizar el accionar de los grupos ilegales, para garantizar la seguridad y la protección de los derechos humanos de los habitantes.

También, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al igual que a las autoridades de policía, adoptar y/o reforzar las medidas de seguridad para proteger de manera eficaz los derechos a la vida, integridad, libertad e integridad del Personero Municipal de Murindó.

A la Policía Nacional, para que ejerza un mayor control en el perímetro urbano del municipio de Murindó; a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Murindó que diseñen e implementen mecanismos institucionales tendientes a evitar la ocurrencia de situaciones de riesgo que afecten a líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunitarios, y defensoras de derechos humanos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2252 del 29 de diciembre de 2017.

Finalmente, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior convocar espacios territoriales para hacer seguimiento a la evolución del riesgo y a la respuesta institucional y que tanto la Comisión como la Dirección de alertas tempranas informen oportunamente las actuaciones y medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones “formuladas en la presente advertencia, conforme a lo previsto en la Corte Constitucional y la Ley 24 de 1992”.

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