La trágica muerte de Dilan Cruz, quien falleció en noviembre 25 pasado luego de que una munición bean bag se incrustara en su cabeza (disparada por un oficial del Esmad), se convirtió en uno de los más poderosos símbolos de las recientes protestas en todo el país. Su caso representa muchas cosas a la vez: la presencia de la juventud en las marchas; el inconformismo, sobre todo entre las personas que viven en condiciones socioeconómicas difíciles, y el papel del Esmad en movimientos ciudadanos como este. Su caso es, además, el número 34: van 34 personas que han perdido la vida en medio de protestas en los últimos veinte años, desde que se creó el Esmad y por acción de alguno de sus agentes.
A esa conclusión llegó la ONG Temblores, en un estudio que elaboró a lo largo del último año y medio con apoyo de Open Society Foundation y de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol). El reporte, titulado “Silencio oficial: un grito aturdido de justicia en el marco de los veinte años del Esmad”, contiene varios datos relevantes en medio de la discusión que se ha generado tras la muerte violenta de Dilan Cruz, quien dejó de respirar justamente el día que se graduaba de la Institución Educativa Distrital Colegio Ricaurte, el cual está ubicado en Los Mártires, una de las localidades con más altos índices de violencia en Bogotá.
Una a una, Temblores documentó a través de múltiples fuentes las muertes causadas por agentes del Esmad. Allí aparecen casos ya emblemáticos, como el de Nicolás Neira: un uniformado disparó una bala de gas lacrimógeno contra la cabeza del joven de 17 años en la marcha del Día del Trabajo de 2005 en Bogotá y, cinco días después, él murió. O el de Johnny Silva, quien murió cinco meses después en la Universidad del Valle, en una protesta estudiantil contra el TLC que el gobierno Uribe se aprestaba a firmar con Estados Unidos. El Esmad ingresó a la universidad y un agente disparó al cráneo de Silva, de 21 años, con arma de fuego. Por ambas muertes, la nación fue condenada.
Según el documento, que será lanzado esta semana, la primera de estas muertes (que la ONG llama “asesinatos extrajudiciales”) fue en 2001, en Bogotá: la de Carlos Giovanny Blanco, un estudiante que protestaba por la guerra que Estados Unidos había empezado en Afganistán, luego de los atentados del 11 de septiembre. Un agente del Esmad disparó contra él un arma de fuego. Un año más tarde, el turno fue para Jaime Acosta Campo, un estudiante de la Universidad Industrial de Santander de 18 años que murió de la misma manera que Blanco. Para esa época, señala el informe, en Bucaramanga no había escuadrón antidisturbios. Los agentes presentes habían viajado desde Bogotá.
La lista sigue. En 2006, Leonardo Salas Ángel murió durante una protesta en contra del TLC, en la Universidad Nacional sede Bogotá. A Salas Ángel lo mató el impacto de una recalzada (vainillas que se reutilizan con pólvora o canicas, lo que las hace armas no convencionales y, por ende, prohibidas) en el ojo izquierdo. Christian Delgado Wilches perdió la vida luego de que a su cuerpo lo alcanzara una bala de un arma de fuego durante el paro agrario de 2013, del cual él no participaba. Miguel Ángel Barbosa, estudiante de la Universidad Distrital, murió por el disparo de una bala de goma en 2016, en una protesta contra la elección del nuevo rector. Duró 43 días en coma.
Bogotá es donde más estudiantes han fallecido por acciones del Esmad, advierte el informe, pero ellos no han sido el único grupo poblacional afectado de esta manera. Los campesinos también. En el gobierno Santos, por ejemplo, el Esmad tuvo un enorme crecimiento presupuestal y de pie de fuerza. Al tiempo, protestas como el paro agrario en Catatumbo hizo que “el Gobierno respondiera con una violencia sin precedentes en contra de los manifestantes: solo en ese año, el Esmad asesinó a cinco campesinos”. En total, Temblores encontró que nueve campesinos han muerto durante protestas y que las manifestaciones campesinas han sido fuertemente reprimidas por la fuerza pública.
El trabajo de la ONG Temblores muestra que, de los casos que encontraron, el 50 % de las víctimas tenían entre 18 y 44 años. Los años 2005, 2013 y 2016 (gobiernos Uribe, el primero, y Santos, los dos últimos) fueron los que más dejaron víctimas. Con un dato extra: en 2013, dice Temblores con base en derechos de petición que le respondió la Policía, el Esmad ya contaba con más de 1.800 hombres. Ese mismo año, siete personas murieron por acciones de este grupo antidisturbios. En 2016, de nuevo, la cifra fue bastante alta en comparación con el promedio: ocho personas sin vida. Y en 2005 las víctimas fueron seis.
El crecimiento del Esmad, en recursos y personal, también ha sido destacado en sus veinte años de existencia. Comenzó con 200 hombres y cero pesos para compras de elementos y armas. Seis años más tarde, los números eran otros: 1.352 integrantes y un presupuesto de casi $8.000 millones para compras de elementos y armas. En 2010, año en que Álvaro Uribe salió de la Casa de Nariño y a ella llegó Juan Manuel Santos, el presupuesto para ese mismo fin iba por los $11.700 millones y el personal, por 1.843. En 2014, 2015 y 2017, el Esmad recibió en total más de $31.000 millones para armas y elementos. Nunca antes ese grupo había recibido tantos recursos.
A corte de 2018, el Esmad contaba con 3.328 integrantes. Todos bajo la lupa en estas protestas por cuenta de lo ocurrido con Dilan Cruz. “Esperamos que se tomen medidas, que (su muerte) no sea solo un dato más para las estadísticas”, dijeron los profesores del colegio de Dilan en un comunicado que divulgaron en video para rechazar información que circulaba sobre él, como que había estado en una correccional. “Nuestra gran preocupación es respetar los estándares internacionales frente a este tema. Si esos estándares se cumplieron en el caso de Dilan Cruz, eso es lo que estamos investigando”, expresó hace unos días el procurador Fernando Carrillo.
Desde el Estado, tampoco es sencillo abordar este tema. Cada gobierno que se ha enfrentado con protestas masivas ha afirmado, por ejemplo, que las manifestaciones están “infiltradas” por miembros de grupo ilegales, sin contar con quienes, aunque no pertenezcan a ese tipo de organizaciones, igual cometen actos vandálicos que lesionan el patrimonio público. Tan solo en este paro nacional, más de 370 policías han resultado heridos y uno perdió un ojo. En Neiva, un policía sigue en estado crítico luego de que un encapuchado arrojara un artefacto explosivo contra uniformados que trataban de contener una manifestación en la Universidad Surcolombiana.
Esta discusión abarca mucho más que la muerte de Dilan Cruz. El Esmad nació en el gobierno de Andrés Pastrana como parte de la modernización de la fuerza pública, con dineros del Plan Colombia. Pero, para los autores de esta investigación, podría haber sido utilizado en las dos últimas décadas para reprimir manifestaciones con violencia. En estos últimos días, sin embargo, el general Óscar Atehortúa, director de la Policía, ha sido enfático y reiterativo: sostiene que al Esmad se le entrena para dispersar multitudes en circunstancias violentas o peligrosas, no para agredir a los ciudadanos. Para el Ministerio de Defensa, el Esmad es esencial: no en vano más de 150 países tienen grupos antidisturbios.
Tomado de El Espectador
