La víctima de la extorsión fue asesinada por negarse a cancelar un pago que estaban exigiendo desde una cárcel.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
META, COLOMBIA (18 OCT 2024) – Un juez de conocimiento condenó a Diego Andrés Peña Ramírez, de 26 años, a 40 años y 10 meses de prisión por el asesinato de un comerciante en la vereda Aguas Claras de Granada (Meta). El homicidio ocurrió el 8 de mayo de 2022, después de que la víctima se negara a seguir pagando extorsiones exigidas desde una cárcel.
La investigación, liderada por un fiscal especializado del Gaula, determinó que Peña Ramírez fue el responsable del crimen y formaba parte de una red criminal asociada al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, que operaba en San Martín (Meta). La organización era dirigida por los hermanos Poveda Quintero, alias Juanito, Meneo y Jordi, quienes, desde centros penitenciarios, realizaban llamadas amenazantes y ordenaban extorsiones y homicidios dirigidos a ganaderos, comerciantes y empresarios del alto y bajo Ariari.
El día del asesinato, la víctima estaba junto a su esposa en su establecimiento comercial cuando Peña Ramírez entró en dos ocasiones, aparentemente para comprar dulces. Sin embargo, luego de estos movimientos, sacó un arma y le disparó en la cabeza al comerciante, causándole la muerte instantánea, antes de huir del lugar.
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que llevaron a la condena de Peña Ramírez por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El sentenciado fue capturado el 1 de agosto de 2022 por la Policía Nacional en el municipio de Fuentedeoro (Meta), y ha estado privado de la libertad desde entonces, por solicitud de la Fiscalía.
Con esta condena, se reafirma el compromiso de las autoridades en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos en el Meta y otras regiones del país.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.