Jahel Quiroga es una defensora de Derechos Humanos reconocida por sobrevivir a la masacre de la Unión Patriótica. Aunque tuvo que exiliarse del país por estar amenazada, su labor en defensa de los Derechos Humanos nunca paró.
Esta madre de dos hijos llegó a ser concejal de Barrancabermeja en dos ocasiones, en los periodos de 1988 – 1990 y 1990 – 1992. No obstante, no pudo terminar su segundo periodo por ataques en su contra que incluso se llevaron la vida de su secretaria.
Huyó a los Estados Unidos por un año, pero retornó con el firme propósito de denunciar caso por caso la masacre de la UP ante cortes internacionales. Al final, con la ayuda de Aída Avella, logró documentar 6.528 casos correspondientes a la masacre, que luego llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy, desde la Corporación Reiniciar, es la voz de muchos líderes y lideresas en Colombia que aún necesitan mejores condiciones de seguridad. Según ella, estamos viviendo un escenario parecido al de hace 10 años, con líderes en riesgo y pocas garantías.
Análisis Urbano habló con ella en el marco de la Mesa Nacional de Garantías que se celebra en Popayán. Esto fue lo que nos dijo:
Análisis Urbano: ¿qué es la Corporación Reiniciar?
Jahel Quiroga: Es una organización no gubernamental de Derechos Humanos que se formó a raíz de la persecución que tuvimos en Barrancabermeja. Tuvimos que cerrar el proyecto Credos, que era una corporación de Derechos Humanos del Magdalena Medio.
Luego constituimos en Bogotá la corporación Reiniciar, volver a comenzar en otra parte por la misma causa.
AA: ¿La persecución en ese momento vino de parte de los paramilitares?
JQ: No, fue por parte de la Fuerza Pública.
En Barrancabermeja se conformó una red que se llamó la red de la armada, en la que participó el Ejército, la Policía y la Marina, y empezaron a matar a la gente en Barrancabermeja. A sindicalistas, campesinos… y nosotros pues éramos un objetivo de ellos porque denunciábamos todo el tiempo.
Allá en Barrancabermeja se estrenaron las brigadas móviles, y cada vez que había un ataque, o un enfrentamiento con la guerrilla, pues mataban gente de la población civil. Obviamente nosotros entrábamos a hacer un informe después de esos bombardeos, un informe que nunca le gustó al Ejército, sobre todo a la Quinta Brigada.
AA: En este momento se está celebrando la Audiencia Nacional de Garantías. ¿Qué es esta audiencia?
JQ: En el 2009, en el segundo mandato de Uribe Vélez, la situación era similar a la que estamos viviendo: persecución directa del presidente de la República contra los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.
Nosotros veníamos haciendo el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, y nos tuvimos que levantar de ese proyecto, que era conversado y consultado con el gobierno, por falta de garantías.
Entonces constituimos con el apoyo de las Embajadas de Suecia y España la Mesa Nacional de Garantías para defensores y defensoras. Tenemos 10 años de haberla constituido.
Este gobierno, hasta ahora, no había querido acatar nuestro llamado para reactivar la Mesa, porque esta constituyó a su vez 14 mesas territoriales, donde la gente está luchando por las garantías, garantías no solamente materiales sino de respeto por la labor que hacemos y las garantías de prevención, protección, e investigación judicial y disciplinaria. Seguimos manteniendo esas banderas a nivel territorial.
Hoy estamos en Popayán porque en el contexto de la minga indígena se le solicitó al gobierno que sesionara la Mesa Nacional de Garantías en Popayán, dadas las circunstancias que están viviendo los compañeros del Cauca. Y que no solamente ellos, hay unos nodos y unos polos de mucha conflictividad donde están matando a los defensores y defensoras de Derechos Humanos.
Tristemente esto salió de una presión de la minga y de una presión de la cooperación internacional, que ha dicho que por favor se reactive la Mesa Nacional de Garantías y las mesas territoriales.
Aquí vamos a empezar y tenemos expectativas, porque esta Mesa se hizo precisamente para tomar medidas de protección material y de investigación con la gente en los territorios.
Si lo retomamos tal como fue en el origen de la mesa, con el acompañamiento internacional y el acompañamiento de los organismos de control y de gobierno, creo que entre gobierno y sociedad civil podemos encontrar una salida. No un remedio, sino una salida política a esta crisis humanitaria que están viviendo nuestros colegas en los territorios.
AA: ¿Quién está matando a los defensores de Derechos Humanos en Colombia?
JQ: Es una pregunta bastante difícil para nosotros, que somos solo una organización no gubernamental de Derechos Humanos, porque hay una impunidad muy grande.
Lo poco que nos muestra a nosotros la Fiscalía es sobre el esclarecimiento de quiénes serían los autores materiales. Tuvimos una reunión hace poco con la vicefiscal, y ella hablaba solo de autores materiales, no de autores intelectuales. Buscar los intelectuales desarticularía esas mafias y esas bandas criminales, y especialmente el crecimiento que ha venido teniendo el paramilitarismo.
Hay una Comisión Nacional de Garantías de seguridad creada en el Acuerdo de La Habana que no ha funcionado, porque esa tenía en esencia el objetivo de diseñar una política para el desmonte de esas mafias criminales, incluyendo a los sucesores de las bandas paramilitares, que ahora son lo mismo.
No podría decir yo quién está detrás de los asesinatos, pero lo poco que la gente dice y presume es que están la Fuerza Pública, Policía y Ejército, están las bandas paramilitares de todos los nombres, está el ELN, el EPL y las disidencias de las Farc.
Estos son los que conocemos como presuntos responsables.
AA: En el tema de seguridad y protección de los líderes en Colombia, ¿qué piensa usted de la Unidad Nacional de Protección (UNP)?
JQ: Lo último de fuerza que hicimos fue juntarnos con la cumbre agraria y las plataformas y hacer una agenda común con ellos dado que son 5 tema que nos interesan a las partes y que venimos luchando desde hace tiempo:
La política pública de garantías para la defensa de los Derechos Humanos, la garantía para la protesta social, la aplicación del Decreto 660 (protección colectiva en los territorios y el apoyo a las organizaciones sociales y de Derecho Humanos para que denuncien y documenten, la reestructuración de la UNP y el diseño del desmantelamiento de los grupos paramilitares.
Ahí en esa confluencia, en esa agenda común, vamos a dar nuestra lucha para que se reestructure la UNP. Esta reestructuración de la UNP no puede ser cosmética, tiene que ser profunda.
Tiene que ser articulada a otras dimensiones de la seguridad, porque si no no funciona. Con un carro y un escolta te pueden matar si no cambian las condiciones objetivas y de vida que viven nuestros colegas en las regiones: pobreza, desigualdad y la impunidad que hay en los territorios… ¿cómo un carro y un escolta puede llegar a proteger a los compañeros si esta es la realidad que están viviendo?
