Ciudad de México, 12 de octubre de 2021.- Mientras el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador exalta la «resistencia indígena» contra la conquista española de hace 500 años, los pueblos originarios siguen luchando hoy en día ante el abandono y la marginación que denuncian por parte del Estado mexicano.
Con solo 15 años, Janet lleva más de ocho meses malviviendo junto a unas 40 personas de su comunidad triqui en un campamento frente el Palacio de Bellas Artes, en el corazón de la capital mexicana.
De poco ha servido cortar desde febrero una de las principales avenidas de Ciudad de México, puesto que todavía no se ha cumplido su exigencia de poder regresar a Tierra Blanca, en la sierra de Oaxaca, de donde fueron desplazados por un grupo paramilitar.
«No queremos más violencia, queremos un pueblo de paz, amor y armonía», cuenta a Efe esta joven vestida con el tradicional huipil rojo con bordados de colores.
Varios niños corren por este campamento improvisado que sortea como puede el calor y las fuertes lluvias de la temporada, y que subsiste gracias a víveres que llevan algunos vecinos de la zona.
«Cuando llueve lloran los abuelitos y los niños porque no saben por qué salieron (de la comunidad). Ellos no tienen la culpa», cuenta a su vez María, quien se tapa el rostro. «Si me ven mi cara, me matarían», sostiene.
UN PAÍS DIVERSO
Según el censo de 2020, el más reciente, México cuenta con más de 7,3 millones de hablantes de una lengua indígena, cerca del 6 % de la población, concentrados mayoritariamente en los sureños estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero y Quintana Roo.
Tras ganar las elecciones en 2018, López Obrador prometió dar «preferencia a los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas».
Además, el Senado declaró el año pasado el 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural para reconocer a los indígenas y resignificar esta fecha.
Y es que la llegada de Cristóbal Colón a América genera ampollas entre indígenas y activistas, hasta el punto que el Gobierno de la Ciudad de México retiró una famosa estatua del explorador antes de que una manifestación la derribara y ha prometido no colocarla de nuevo en el mismo lugar, el neurálgico Paseo de la Reforma.
«La mexicanidad es una construcción. Tenemos que reconocer que en este país denominado México existen 68 pueblos con características completamente diferenciadas y nombrarlos hace la diferencia entre un discurso que los oprime o que los visibiliza», opina Aldahir Jiménez, activista tutunakú de Papantla, Veracruz.
Jiménez señala que falta «muchísimo por trabajar en beneficio de los pueblos originarios», pues en muchas comunidades no hay servicios básicos como agua potable, alcantarillado o electricidad, y sufren racismo o menosprecio a sus tradiciones.
DEL DISCURSO A LOS HECHOS
Con motivo de los 500 años de la conquista de Hernán Cortés, el Gobierno de López Obrador ha encabezado actos de disculpa por los agravios contra los pueblos indígenas, en los que el Gobierno español declinó participar.
Además, la retórica de las conmemoraciones se ha centrado en la «resistencia indígena» de los mexicas o aztecas contra la invasión de Tenochtitlan, actual Ciudad de México, aunque para muchos la resistencia sigue hoy.
«Más allá de los 500 años de la resistencia de Tenochtitlan, son 500 años de la resistencia de muchos otros pueblos como el yaqui, el wixárica y el tutunakú, y me parece desacertado que se siga hablando desde esta narrativa centralista», relata Jiménez.
Algunos grupos se han opuesto abiertamente al Gobierno, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que denuncia el despojo de tierras en el sur del país provocadas por el Tren Maya, una obra prioritaria de López Obrador.
El EZLN, que envió una delegación a Europa para difundir sus demandas, denunció recientemente que el estado de Chiapas se encuentra al borde de la «guerra civil» por la presencia de grupos paramilitares.
En la capital mexicana otro punto de resistencia yace en las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ocupadas desde hace un año por otomíes que exigen acceso a una vivienda digna.
«Yo creo que (la resistencia indígena) sigue avanzando. Quizás no es tan visible como se esperaría pero seguimos resistiendo», comenta Jiménez.
HACIA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL
El Gobierno pretende pasar de las palabras a los hechos con la presentación de una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, redactada junto a diversos colectivos.
El objetivo es enmendar el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés (1996), en los que el Estado mexicano se había comprometido a reformar la Constitución para dar mayor autonomía a las comunidades indígenas.
Para Jiménez el proyecto está incompleto porque, a su juicio, da autonomía a las comunidades «siempre y cuando aprueben los proyectos que el Gobierno les va a pedir».
Mientras tanto, Janet solo piensa en regresar a tiempo a su comunidad para el sagrado Día de Muertos, que los triquis festejan con gran emoción.
EFE
