Mientras la Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch y Save the Children hacen un llamado por la violencia en el país Nariño por masacres y hechos contra niños, adolescentes y jóvenes, una humilde familia en Tumaco, puerto de este departamento del suroccidente nacional vive el drama por una niña de 11 años.
De acuerdo con Íngrid Araujo, madre de la menor, su hija dijo que iba a jugar con unos amigos del mismo barrio donde vive, La Calavera Puente Pindal, uno de los más deprimidos y vulnerables de Tumaco.
El caso se alertó el pasado viernes.
Después de horas de que la niña no volvía a su humilde vivienda, en uno de los estrechos callejones de rústicas casas de La Calavera, la madre y algunos allegados fueron a buscarla.
Nadie daba razón de la niña ni los vecinos con quienes ella solía estar.
Después alguien avisó que la habían encontrado y la madre y la familia se horrorizó cuando llegaron a un sector del mismo barrio de poca afluencia.
La niña, presuntamente, estaba amarrada. Aunque surgió la hipótesis de un presunto ahorcamiento y homicidio, las autoridades no se han pronunciado al respecto.
Pese a que fue trasladada al hospital Divino Niño y allí los médicos trataron de reanimarla, la pequeña falleció.
Ahora, la familia está pidiendo a la Fiscalía que aclare este caso para determinar si se trató de un crimen, además de que sus miembros piden dinero a quienes deseen colaborarles con los gastos funerarios para sepultarla.
La madre de la niña vive de desempeñar oficios varios y por eso clama por ayuda porque manifestó que no tiene recursos.
Entre tanto, la organización Save the Children (Salven a los niños), dio una alerta sobre la crítica situación de los menores en el país y en regiones acosadas por necesidades, conflicto y bandas criminales, como Nariño.
De acuerdo con esta organización no gubernamental, niños y niñas están expuestos en este departamento a ser víctimas de abusos, asesinatos, violencia sexual y reclutamiento forzado.
María Paula Martínez, directora de Save the Children en Colombia, dijo: “Hemos convivido con grupos armados ilegales durante más de 60 años en Colombia, y tenemos la obligación de proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes de los flagelos de la guerra».
Añadió: «Los niños y niñas no deben ser testigos de ningún tipo de violencia y, ciertamente, no deben ser obligados a participar activamente en ella. Las masacres y el reclutamiento de niños y niñas reflejan una grave violación de los derechos de la niñez y la juventud en Colombia. Una respuesta rápida y concertada de las autoridades, la sociedad civil y las comunidades es fundamental para detener esta guerra contra los niños y niñas”.
En Save the Children hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas de protección a menores y jóvenes vulnerables en familias que han quedado en medio de enfrentamientos de grupos fuertemente armados en Tumaco, por ejemplo, en una guerra sin cuartel por armas y narcotráfico, con la tragedia de asesinatos de niños y jóvenes, desapariciones de estos menores, desplazamientos de sus familias, torturas y crímenes de parientes y allegados.
La directora de Save the Children en el país resaltó que en estos tiempos de pandemia se buscado apoyar programas de educación virtual a niños en hogares sin recursos con la entrega de 10.000 kits escolares y 4,500 kits de ‘Quedarse en casa’ . A su vez, promueve un programa de educación en radio, teniendo en cuenta
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también se unió al llamado y lo ha venido haciendo en los últimos meses, teniendo en cuenta, crímenes y masacres que han involucrado a menores y a jóvenes, como la masacre de los cinco adolescentes en el humilde barrio Llano Verde, en Cali, el pasado 11 de agosto.
La Defensoría del Pueblo también insiste en las alarmas tempranas que está emitiendo no solo este año. Desde años atrás porque los grupos armados organizados han venido recrudeciendo sus acciones en el suroccidente del país.
Así mismo, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que se están investigando a funcionarios, sobre todo, por la masacre de Samaniego, el 15 de agosto y por la que ocho jóvenes, la mayoría universitarios y de no más de 25 años, fueron asesinados en una fiesta en una vivienda de la vereda Santa Catalina.
Según Carrillo, porque la Defensoría ha venido advirtiendo y se están evaluando las acciones de los entes gubernamentales, tanto en Samaniego como en Nariño.
Tomado de El Tiempo
