Bogotá, 5 octubre.- El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, manifestó este lunes su preocupación por lo poco que se conoce sobre las razones que llevaron a miembros del Ejército colombiano a espiar a por lo menos 130 personas el año pasado.
«Nuestra preocupación (…) tiene que ver con la respuesta de la investigación, es decir creo que sabemos poco y nada de por qué se estaban haciendo estas interceptaciones que no tendrían una autorización judicial ni un control jurisdiccional de ninguna especie», advirtió Lanza.
Agregó: «¿cuál era la finalidad?, ¿para quién o para qué se estaba recopilando esa información? Por lo tanto creo que hay una obligación de investigar, identificar y sancionar no sólo a los responsables, sino también de explicar a la sociedad colombiana y a las víctimas, por qué y cómo estaba pasando esto, si el presidente no lo sabía, para quién respondía esta vigilancia».
El relator especial participó en una audiencia virtual de la CIDH, con sede en Washington, sobre las interceptaciones ilegales en Colombia, a la que asistieron víctimas y representantes del Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público).
Según la investigación «Las carpetas secretas», publicada el 1 de mayo pasado por la revista Semana, integrantes del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos y funcionarios del alto Gobierno.
Entre las víctimas de seguimientos están periodistas de medios estadounidenses como Nick Casey, de The New York Times; Juan Forero, del Wall Street Journal; John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.
GOBIERNO DICE QUE NO ES SISTEMÁTICO
Durante la audiencia, el Gobierno colombiano estuvo representado por el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, quien manifestó que las interceptaciones ilegales «no son sistemáticas».
«En todo caso, de comprobarse estos hechos, no se trataría de ninguna manera de una práctica sistemática de seguimiento ilegal a periodistas, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos o líderes políticos, como afirman los peticionarios», expresó Ordóñez.
El embajador, que fue procurador general entre 2009 y 2016, manifestó que lo ocurrido corresponde a «actividades ilegales realizadas por individuos por fuera y en contravía de la política institucional de las Fuerzas Militares, del Ministerio de Defensa y los lineamientos del presidente Iván Duque».
«Cabe resaltar que desde diciembre de 2019, por instrucciones del presidente de la República, el ministro de Defensa (Carlos Holmes Trujillo) ordenó al comando del Ejército llevar a cabo una revisión estratégica y una auditoría de las actividades de inteligencia desarrollada en los últimos 10 años», manifestó Ordóñez.
En ese sentido, dijo que gracias a esas investigaciones se decidió retirar del servicio activo a doce oficiales del Ejército «sin perjuicio de las responsabilidades individuales que se lleguen a establecer».
PETICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
La directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Viviana Krsticevic, solicitó a la CIDH que decrete medidas cautelares para proteger la vida de aquellos que «no han recibido amenazas, pero sí han sido objeto de alguna de las ya mencionadas acciones de inteligencia».
«Hay un grupo de personas que además de ser objeto de vigilancia, han sido amenazadas y no han tenido respuesta de la Comisión, una respuesta que están esperado desde hace meses», añadió Krsticevic y precisó que ese es el caso de los parlamentarios opositores Antonio Sanguino, Roy Barreras, Gustavo Bolívar y María José Pizarro.
Solicitó además que el CIDH considere que a Colombia entre los peores países en materia de derechos humanos del hemisferio.
«Lamentablemente ha quedado en evidencia la voluntad estatal de continuar realizando acciones de inteligencia contra defensores, periodistas, políticos, en un contexto de violencia e impunidad contra estos grupos», detalló.
EFE
