La histórica carta en la que el antiguo Secretariado de la exguerrilla de las Farc le informó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que asume tempranamente su responsabilidad en los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín es el resultado de un proceso interno que empezó en La Habana (Cuba) y apenas ahora se resolvió.
A comienzos de 2016, mientras negociaban en la mesa formal con la delegación de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, los dirigentes y mandos medios de la entonces guerrilla estaban trenzados en largas discusiones sobre qué delitos admitirían ante un sistema de justicia que aún no estaba diseñado. Las tensiones que generaron estas deliberaciones se unieron a las grietas que se habían abierto incluso antes de la negociación con el Estado.
Las discusiones siguieron en Colombia y se enredaron más cuando los terceros civiles quedaron por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); es decir, quienes auspiciaron o financiaron la guerra, y los expresidentes de la república. El argumento que tomó fuerza en ese momento entre algunos dirigentes de la insurgencia fue: ¿por qué vamos a contar todas las verdades si los otros no lo hacen? Quienes defendían la tesis de que los mandos de las Farc debían admitir la verdad “a cuentagotas” iban ganando. De alguna manera el planteamiento era ir a la JEP y hablar de lo que les preguntaran y guardar silencio sobre lo demás.
Pero después se fueron al rearme Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez (el Paisa), Seuxis Paucias Hernández (Jesús Santrich) y Henry Castellanos (Romaña), entre otros, y el debate se enredó aún más. Mientras tanto, la sociedad colombiana (incluso sectores que apoyaron el Acuerdo de Paz) empezó a presionar más y más a los dirigentes del ahora partido de la rosa para que dijeran la verdad sobre las atrocidades que cometieron durante el conflicto.
Ante el riesgo de que su responsabilidad en estos hechos se conociera por otro lado, como sucedió en las últimas semanas con la excongresista Piedad Córdoba, quien afirmó tener pruebas del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, los dirigentes de la exguerrilla decidieron admitir su responsabilidad de manera temprana en estos seis casos.
¿Por qué se habla de responsabilidad temprana? Porque la JEP no los ha llamado, hasta ahora, a dar su versión por estos crímenes. La Jurisdicción, siguiendo la ruta trazada por el Acto Legislativo 001 que la creó y le dio marco jurídico, viene investigando macrocasos —ya tiene siete abiertos— y es allí donde los máximos responsables de las Farc y de la fuerza pública están entregando sus aportes a la verdad. Según un comunicado oficial del partido FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Juan Hermilo Cabrera (Bertulfo), Pablo Catatumbo, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Pastor Alape y Rodrigo Granda serán los encargados, como miembros del último Secretariado que ejerció la máxima autoridad en la guerrilla, de aportar a esa verdad, a pesar de que la carta entregada a la JEP esté firmada solo por tres de ellos (fueron quienes entregaron el documento presencialmente). En este grupo de siete miembros plenos y dos suplentes falta Iván Márquez.
Surgen varias preguntas sobre qué tipo de verdad aportarán estos exjefes guerrilleros, teniendo en cuenta que del Secretariado que tomó las decisiones sobre los seis asesinatos solo queda un miembro vigente: Rodrigo Londoño. Los que firmaron el comunicado, aunque pertenecieron al Estado Mayor Central, órgano de dirección y mando de la exguerrilla, no estaban en esa instancia que tomaba este tipo de decisiones. Aún así, están obligados ante la JEP a entregar verdad plena y exhaustiva para poder obtener los beneficios que esta justicia otorga.
Colombia 2020 conoció algunas de las explicaciones que llevarán los exjefes de la exguerrilla a la JEP, que están enraizadas en odios que se alimentaron durante décadas y en venganzas que cobrarían sin importar el paso del tiempo.
En el caso de Álvaro Gómez Hurtado, aunque la decisión la tomó el Secretariado, la opinión de Manuel Marulanda Vélez, fundador y en ese entonces máximo comandante de la insurgencia, fue un factor determinante. Se dice que Marulanda nunca le perdonó al político conservador el discurso que pronunció en 1961, en el Congreso de la República, en el que pedía la intervención de la fuerza pública en las que llamó “repúblicas independientes”, unos territorios que, según él, eran una amenaza porque allí no había control del Estado y en los que se habían organizado grupos de campesinos que habían quedado por fuera de los procesos de amnistía de los años 50.Eran Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, en los departamentos de Tolima, Cauca y Huila.
Para Marulanda, fue la presión de Gómez Hurtado y de los conservadores la que llevó al presidente Guillermo León Valencia a ordenar, en 1964, la operación Marquetalia, que significó el nacimiento de las Farc y el comienzo de la guerra. Varios dirigentes de la exguerrilla consultados por Colombia 2020 aseguran que no es fácil explicar lo inexplicable, pero que estas fueron las razones históricas que llevaron a tan absurda decisión
Jesús Antonio Bejarano era conocido como un hombre de paz, por su participación como consejero para estos temas en los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria. En este último mandato, Chucho, como era conocido, actuó como negociador frente a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que agrupaba a las guerrillas de las Farc, el Eln, el Epl, el M-19 y el Quintín Lame. Las conversaciones que él dirigió junto al exministro Horacio Serpa Uribe se adelantaron en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), entre julio de 1991 y mayo de 1992.
En el momento de su asesinato, en el edificio de doctorado de Economía en la Universidad Nacional, se dijo que los sicarios habían gritado arengas a favor de las Farc, pero las hipótesis sobre el homicidio se fueron también hacia el lado de la extrema derecha, ya que unos días antes había sido asesinado Jaime Garzón y se creía que la muerte de Chucho hacía parte de una racha de magnicidios para torpedear el proceso de paz que se adelantaba con las Farc en el Caguán. La dirigencia guerrillera de entonces habría ordenado este crimen tratando de “cobrar” viejas deudas. Alfonso Cano, quien encabezó la comisión de las Farc que negoció en Caracas y Tlaxcala, siempre dijo que Bejarano era el culpable del fracaso de esos diálogos. Además, lo consideraban responsable de que el presidente Gaviria hubiera ordenado el bombardeo a Casa Verde, la histórica sede del Secretariado enclavado en las montañas de Uribe (Meta). También estuvo en consideración su cercanía con los militares (trabajaba como analista académico para el Ejército en el momento de su muerte) y sus críticas a los diálogos que adelantaba Andrés Pastrana con las Farc en el Caguán.
Sobre los asesinatos de José Fedor Rey, en 2002 y Hernando Pizarro Leongómez, en 1995, la versión que llevarán los dirigentes de Farc a la JEP es que fue una venganza por haber cometido la masacre de Tacueyó, en el Cauca, en la que mataron a 164 guerrilleros que hacían parte de una disidencia de las Farc que crearon y llamaron Comando Ricardo Franco. Los persiguieron para cobrarles la división interna que generaron en las redes urbanas de la guerrilla. Además, fueron acusados de robar recursos de la organización.
En el caso del representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, asesinado en noviembre de 1987, siempre se consideró la hipótesis de que los autores fueran las Farc por la conocida posición de derecha del dirigente del partido Liberal. Guarín no solo fue creador de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), organización que utilizó como plataforma para fortalecer y expandir las autodefensas campesinas de esa región del país, sino que promovió que Puerto Boyacá fuera proclamada como la capital antisubversiva de Colombia.
Según la dirigencia de las Farc, Guarín fue el responsable de la muerte de varios líderes de la izquierda en el Magdalena Medio, Yacopí, Cundinamarca, y Cimitarra, Santander y el desplazamiento de otros concejales en Puerto Boyacá.
Los abogados del partido Farc están adelantando contactos para que la Comisión de la Verdad sea el escenario en el que se puedan encontrar los exmiembros del secretariado con los familiares de las víctimas de estos seis homicidios. Y no solo serán las víctimas directas las que sean invitadas a estos espacios de reconciliación, sino todas aquellas personas e instituciones que se vieron afectadas por estos crímenes.
Falta conocer qué otros detalles darán los dirigentes del Partido Farc sobre estos asesinatos y si la JEP considera, después de contrastar sus versiones con los expedientes de la justicia ordinaria y con las versiones de las víctimas, que este sí fue un aporte a la verdad.
Pero el solo hecho de que dirigentes de la exguerrilla reconozcan su responsabilidad en estos hechos significa un gran avance de la justicia transicional que ofrece incentivos a quienes acepten tempranamente su participación en hechos graves del conflicto. Avances que en más de 25 años no logró la justicia ordinaria, tal como quedó demostrado en estos seis casos.
Falta conocer qué otros detalles darán sobre estos asesinatos y si la JEP considera, después de contrastar sus versiones con los expedientes de la justicia ordinaria y las versiones de las víctimas, que este sí fue un aporte a la verdad.
La versión sobre el general Fernando Landazábal Reyes
El exministro de Defensa cayó bajo las balas de tres sicarios, muy cerca de su casa en Bogotá, el 12 de mayo de 1998, seis meses antes de que iniciara el proceso de paz en el Caguán. Desde ese momento se tejieron varias hipótesis: se habló de la extrema izquierda a través de células urbanas de las Farc, del Eln y de la extrema derecha interesada en desestabilizar al país en un momento bastante turbulento.
Para la dirigencia de las Farc de ese entonces, el general era uno de sus más enconados enemigos por defender y aplicar el Estatuto de Seguridad en el gobierno de Julio César Turbay y desconocer las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron miembros del Ejército. Lo responsabilizaban de propagar la doctrina del “enemigo interno”, que significó, entre otras cosas, una férrea persecución al Partido Comunista, al que él le atribuyó miles de muertos en el conflicto armado. También se opuso a los diálogos con las guerrillas, lo que llevó a su renuncia como ministro de Defensa del presidente Belisario Betancur (1982-1986), justo antes de que se iniciara el proceso que terminaría con la firma del acuerdo de La Uribe. Según las Farc, fue un factor determinante que a finales de los años 90 el general no tuviera protección.
Tomado de El Espectador
