Dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son pocos los que se atreven a hablar de la baraja de opcionados para ocupar la presidencia. A finales de octubre, Patricia Linares, hoy cabeza de esta entidad, deberá entregar el cargo que asumió desde hace tres años. La nueva presidencia, dicen fuentes dentro de la Jurisdicción, deberá ser prudente, firme y sensata, como lo ha sido Linares, ante las duras críticas que con frecuencia recibe este tribunal.
Este diario consultó a cinco fuentes dentro de la JEP, de diferentes salas y secciones, quienes confirmaron que son tres los magistrados más opcionados para ocupar el cargo. Todos, según los entrevistados, no sólo tienen experiencia en altas cortes sino que también han estado alejados de la política, un punto que hoy resulta clave en medio de la polarización que hoy sigue viviendo el país entre quienes apoyaron el Acuerdo de Paz y quienes se opusieron a su implementación.
El primer magistrado dentro del sonajero es Alejandro Ramelli, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento. “Si se trata de meritocracia, Ramelli debería ocupar este cargo. Detrás de las grandes noticias de la JEP, que le han dado legitimidad al tribunal, está él. Ejemplo de ello: el caso de la fosa de Dabeiba (Antioquia) y el estudio de medidas cautelares a 17 lugares para buscar a personas desaparecidas”, aseguró una de las fuentes.
Uno de sus fuertes, según agregaron varios entrevistados, es mezclar bien la academia con la práctica. Tiene una maestría en Derechos Humanos de la Université de Paris X Nanterre, es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca y ha sido profesor de la Universidad Externado.
También se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y director de las Unidades de Derechos Humanos, y de Análisis y Contexto de la Fiscalía.
Su paso por la Fiscalía fue crucial, pues con la creación de esta última unidad el Estado respondió a la necesidad de adelantar con prioridad las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, muchas en la impunidad y cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia y la Fuerza Pública.
“Ramelli no tiene escándalos de corrupción, es una persona muy seria. Es un magistrado que está en movilidad entre la Sala de Reconocimiento y Amnistía, y trabaja en la Sección de Ausencia de Reconocimiento. Conoce mejor que el resto la JEP, mucho más que los demás que están en juego”, puntualizó la misma fuente. Sin embargo, para muchos, su desventaja es que no ha ocupado el cargo de presidencia de altos tribunales, aunque no creen que eso impida darle la oportunidad de hacerlo por primera vez.
El segundo magistrado candidato es Eduardo Cifuentes Muñoz, de la Sección de Apelación. “Es la ficha de Patricia Linares”, dijo una de las fuentes. Pero, además, destaca su hoja de vida: fue magistrado de la Corte Constitucional desde 1991 hasta el 2000, y presidente de esta corporación en 1999. Tan solo un mes después de dejar este cargo fue Defensor del Pueblo hasta 2003.
Cifuentes, quien es oriundo de Popayán (Cauca), ha dedicado gran parte de su vida laboral a la academia. Es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes desde 2005 a 2011. Durante este tiempo hasta que llegó a la JEP fue socio y gerente de Cifuentes & Cifuentes abogados, bufete en el que tuvo clientes como Bancolombia.
En la Jurisdicción también ha asumido el cargo de presidente de la Sección de Apelación y fue quien salió a los medios de comunicación a explicar la decisión de la JEP de por qué negaron la entrada a Alberto Santofimio y Miguel Maza Márquez por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Dentro de la entidad aseguran que ha sido el único que expresamente ha dicho que quiere ser presidente del Tribunal de Paz.
“Cifuentes siempre se ha caracterizado por ser un hombre prudente e inteligente. Tiene cancha en manejar las tormentas y sabe cómo alejarse de las tensiones que puedan presentarse”, agregó otra fuente. Sin embargo, habría un reparo con su nombramiento: de nuevo la Sección de Apelación se quedaría con la presidencia. “Ninguna sección está por encima de otra. Sería un mal mensaje que siempre se quedara Apelación con este cargo. Ya estuvo Patricia Linares este tiempo, es momento de que el poder rote a otros espacios y que hasta las salas se animen”.
Ese mismo argumento se escucha una y otra vez con el tercero de la baraja: Danilo Rojas Betancourth, quien también está en la Sección de Apelación. Rojas fue magistrado del Consejo de Estado desde 2010 hasta 2018, y presidente del alto tribunal en 2016. En esa época profirió numerosas sentencias a favor de víctimas de la Unión Patriótica y de los mal llamados “falsos positivos”. En ellas reconoció que el Estado fue responsable por participación u omisión en estas violaciones a los derechos humanos.
Este oriundo del municipio de San Antonio, al sur del Tolima, también fue director de la Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos, que pertenece al Ministerio del Interior, y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Nacional. Fue fundador, además, de DeJusticia y ha sido consultor para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Embajada de Canadá, la Embajada Británica y el Consejo Noruego para los Refugiados.
“Su experiencia en derechos humanos lo hacen uno de los más opcionados. Conoce muy bien las responsabilidades de mando, indispensable para el caso 03 (sobre ejecuciones extrajudiciales) y en el tema de los terceros civiles que sólo pueden entrar voluntariamente a la JEP. Aunque eso también puede ponerlo en desventaja con sectores políticos que siempre han atacado a la JEP”, afirmó otra fuente.
Ninguna de las voces que se consultaron para este artículo habló de magistradas. Sin embargo, no descartan que más postulaciones lleguen de otras salas y secciones. “Es más difícil que lo hagan. Algunas como la Sala de Reconocimiento están colapsadas con tanto trabajo, y la verdad es que la presidencia quita tiempo. Tanto así que la persona que esté ahí le restan casi un 75% del reparto que un magistrado tiene usualmente tiene. Esto debido a las reuniones, los eventos y las decisiones administrativas”, manifestó otro de los consultados.
De acuerdo con el reglamento de la JEP, el presidente o presidenta deberá ser “la representación social e institucional y la vocería única de la jurisdicción”; ser el canal de comunicación con otras entidades, como la Fiscalía, y encargarse de la coordinación con los demás mecanismos del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, es decir, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Esas mismas normas establecen que la presidencia y vicepresidencia de la JEP deben ser escogidas por los togados que forman parte de plenario. El quórum para deliberar es la mayoría de los magistrados y magistradas titulares de este tribunal.
Lo cierto es que quien llegue a este puesto no la tiene fácil. Aunque la JEP es cada día más conocida, los ataques en contra de su funcionamiento no cesan. Tendrá que lidiar con un Gobierno que constantemente le exige al Tribunal de Paz resultados, aunque esto vaya en contra de la división de poderes, propia del Estado de Derecho. En varias ocasiones Patricia Linares ha tenido que llamar al respeto por las decisiones de la justicia, que deben ser acatadas por el Ejecutivo.
Asimismo, debe dar la cara por las primeras grandes decisiones de la JEP, pues próximamente se conocerán las resoluciones de conclusiones del caso 01 de secuestro y 03 de los mal llamados “falsos positivos”, con los que se espera esbozar el panorama de estos fenómenos criminales y sus máximos responsables.
Tomado de El Espectador
