Las primeras reacciones a la confesión de las Farc sobre el magnicidio de Álvaro Gómez fueron de escepticismo. Había demasiados interrogantes. ¿Por qué lo mataron en medio del proceso 8.000? ¿Por qué no habían reconocido el crimen en estos 25 años? ¿Por qué apareció Piedad Córdoba hablando de eso? ¿No que había sido el cartel del Norte del Valle? ¿Qué pasó con los militares golpistas? ¿En qué quedó entonces lo de Samper y Serpa? Y muchos más.
Esas inquietudes eran válidas hasta que apareció un hecho que las opacó a todas: la confesión personal de Carlos Antonio Lozada como coordinador del operativo. ¿Qué motivación pudieron tener él o las Farc para echarse encima un muerto de ese calibre si no era verdad? Al hacerlo no solamente se exponen al repudio generalizado del país, sino a las consecuencias judiciales de mentirle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si se demuestra que los asesinos fueron otros, los exjefes de las Farc podrían pasar de tener penas benévolas y sin cárcel a 20 años tras los barrotes.
Álvaro Gómez Hurtado y Fidel Castro
A estas consideraciones de simple sentido común se le añadieron otros indicios y revelaciones que apuntaban a la responsabilidad de esa guerrilla. Salió a relucir un libro de las Farc, hecho público en 2012, en el cual quedaba clara la participación de esta en el asesinato del líder conservador. Ese documento lo dio a conocer José Obdulio Gaviria, pero fue descartado en su momento por la Fiscalía debido a las dudas sobre su autenticidad. No obstante, visto a la luz de las revelaciones de esta semana, ahí estaba todo claro desde ese entonces.
En cartas de Tirofijo a miembros del secretariado, el jefe de las Farc cuenta por qué mataron a Gómez Hurtado y las consideraciones estratégicas para no reconocerlo. “Lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto, para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones, mientras bajamos a otros”, dice una comunicación de Tirofijo al secretariado un mes después del crimen. Y agrega: “Entre otras cosas, los estados mayores de bloques y comandos conjuntos no deben olvidar la creación de comandos conjuntos para dar de baja a jefes políticos reaccionarios y así ayudar a profundizar las contradicciones en el régimen político”.
Pero el libro no fue el único hecho relevante que apuntaba a las Farc. Está también el episodio de la masacre de Mondoñedo, que, según Lozada, fue una de las razones que explicarían el silencio del Estado durante 25 años. Diez meses después del magnicidio, seis jóvenes milicianos de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan) fueron capturados, torturados y asesinados por la policía. Este era el núcleo terrorista de las Farc, comandado por Lozada en esa época, que habría perpetrado el operativo. De esto se enteró la fuerza pública, pero lo ocultó porque también habría tenido que reconocer la ejecución extrajudicial de los jóvenes.
Los ocho policías envueltos en la masacre fueron investigados y condenados a penas de entre 35 y 40 años de cárcel por la justicia ordinaria. En ese proceso nunca aceptaron la responsabilidad, pero los vencieron en juicio. La Fiscalía planteó que asesinaron a los jóvenes en venganza porque la Ruan había cometido un atentado terrorista contra un CAI. Ahora, esos expolicías son comparecientes ante la JEP y recobraron la libertad anticipada. Tienen el compromiso de resarcir a las víctimas y de confesar los detalles y motivos de lo ocurrido. “Deben ir más allá de la verdad obtenida en la justicia ordinaria”, les dijo la magistrada a cargo del caso en la audiencia. A esa diligencia asistió Lozada, quien estuvo en silencio entre el público sin que nadie entendiera por qué se encontraba allí.
Luego de la confesión de las Farc, también salió a flote el tema de los inocentes que pagaron cárcel por el crimen de Gómez. El testimonio más impactante fue el de Omar Berrío, un suboficial del Ejército que perteneció a la Brigada XX entrevistado en La W. Él participó en la investigación del asesinato del líder conservador y rápidamente encontró pistas que apuntaban a las Farc. Contó que había pruebas de que los sicarios que dispararon eran del Jega (Jorge Eliécer Gaitán), un grupo urbano que en esos años cometió múltiples actos terroristas. Según Berrío, después de matar a Gómez, esos pistoleros se refugiaron en el frente 22 de las Farc, en el que los recibieron como héroes, y allí se quedaron.
Esos indicios se los reportó a las autoridades, pero rápidamente la Justicia llegó a la conclusión de que él era uno de los responsables y que la culpabilidad de la guerrilla no era más que una maniobra de distracción. Pagó 15 años de cárcel y hoy es uno más de los inocentes a punto de ser reivindicados y que, seguramente, demandarán al Estado. A la teoría de la responsabilidad del Jega le apareció un validador externo de muchos quilates.
En un libro de Fidel Castro publicado en 2008, La paz en Colombia, el líder cubano menciona al Jega. José Antonio Arbesú, mano derecha de Castro, le escribe: “El Jega bajo la cobertura de la llamada organización Dignidad por Colombia ha realizado distintas operaciones: una bomba en Medellín en agosto pasado que causó 28 muertos; el asesinato un mes después de Álvaro Gómez, y finalmente el secuestro en marzo de este año de Juan Carlos Gaviria”. Y también hubo revelaciones adicionales que daban fuerza a la versión de las Farc.
El senador y precandidato de los verdes Iván Marulanda, en entrevista con María Jimena Duzán, contó que, cuando era constituyente en 1991, tuvo que reunirse con Alfonso Cano, Iván Márquez y Catatumbo en las selvas de Colombia. Manifestó que le impresionó el odio que expresaron los jefes guerrilleros por el entonces consejero de paz, Jesús Antonio Bejarano, a quien las Farc también confesaron matar. Agregó que lo veían como un antiguo compañero de la izquierda radical que había traicionado la causa. Le impactó tanto lo que oyó que pidió una cita al presidente César Gaviria y le recomendó relevarlo como negociador del Gobierno en los diálogos de paz de Tlaxcala. Marulanda dice que, al unir lo que oyó en ese momento con lo que las Farc afirman ahora, le parece muy posible que hayan sido los asesinos.
Todas esas piezas del rompecabezas, una vez armadas, dejaban una cosa clara: la participación de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar, todavía hay incertidumbre. Incluso, surgen contradicciones. El Tiempo publicó un informe en el que una fuente de entera credibilidad para el periódico afirmó que uno de los sicarios de Gómez aún está vivo. Carlos Antonio Lozada, sin embargo, señaló en su confesión que los cuatro pistoleros que ejecutaron el operativo estaban muertos. Tampoco hay claridad total sobre la participación del Jega.
Aunque Fidel Castro lo haya mencionado en su libro, lo mismo que uno de los injustamente encarcelados, Timochenko manifestó en la carta que hizo pública sobre el tema que “no busquen el ahogado río arriba. Los únicos responsables del crimen somos nosotros”. Afirmación que fue reiterada por Lozada. Lo que no está totalmente claro, a pesar de la insistencia de ellos, es si las Farc actuaron solas o con cómplices. Las referencias a los pistoleros del Jega son reiteradas. Y más aún lo son los indicios de que el cartel del Norte del Valle estuvo metido en ese asunto. Las investigaciones de la Justicia durante este cuarto de siglo que apuntan hacia allá tienen algún sustento. Ignacio Londoño, el asesinado abogado de esa mafia, era una persona cercana a Pablo Catatumbo.
Wílber Varela, otro capo asesinado de ese cartel, también sostuvo contactos con el exjefe guerrillero y hoy senador. Por otra parte, Omar Berrío, el encarcelado inocente que habló en la radio, afirmó que Iván Urdinola, otro de los capos del Norte, le confirmó cuando estaban detenidos que ellos financiaron el atentado. Se ha filtrado que la línea de investigación que apuntaba al Norte del Valle es la de la actual Fiscalía. Esa información le habría llegado al presidente de la república y eso explicaría su imprudente salida en falso, poniendo en tela de juicio la confesión de las Farc. Se rumora, incluso, que el fiscal Gabriel Jaimes ha sido uno de los promotores de la teoría que involucra a Ernesto Samper y a Horacio Serpa en el crimen.
Gabriel Jaimes, antes de pasar a la Fiscalía, fue la mano derecha de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría. Allá tuvo contacto con Enrique Gómez Martínez, sobrino del líder asesinado, y le dio credibilidad a la versión de la familia. Según esta, Samper y Serpa utilizaron al cartel del Norte del Valle para silenciar la voz crítica de Álvaro Gómez durante el proceso 8.000. Esa teoría fue esbozada por el narcotraficante extraditado alias Rasguño en un testimonio considerado débil por inconsistencias.
La familia Gómez recogió la versión del “crimen de Estado” de Fernando Botero, el exministro de Defensa de Samper. Pero hay tanto odio entre los protagonistas de este episodio que todos mienten o exageran. Samper acusó a Botero de robarse 6 millones de dólares, y a la familia Gómez, de buscar una multimillonaria indemnización del Estado al volverlo a él responsable del crimen. En todo caso, cuando Gabriel Jaimes pasó de la Procuraduría a la Fiscalía, siguió dándole credibilidad a la teoría del crimen de Estado. El entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, pronto lo trasladó a un cargo menor en Fusagasugá, sin que se supiera por qué. Después, cuando llegó el nuevo fiscal Francisco Barbosa, no solo lo rescató, sino que lo volvió el tercer hombre más poderoso del búnker.
Con su nuevo poder, retomó la teoría de la conexión Samper-Serpa-cartel del Norte del Valle, y la ha convertido en la hipótesis predominante dentro de la investigación. Como Samper tiene fuero su juez natural es la Comisión de Acusación de la Cámara. El único investigado en la Fiscalía es Serpa aunque la familia Gómez pretende que también lo sea el entonces director del DAS, Ramiro Bejarano, a quien señalan de hacer seguimientos a Gómez Hurtado. Las cosas estaban en eso cuando apareció Piedad Córdoba diciendo que ella sabe quién mató a Álvaro Gómez. Al principio, nadie le creyó y los Gómez lo interpretaron como una maniobra para salvar a Samper y Serpa.
Pero la confesión de Lozada a título personal cambió todo. Se llegó, entonces, a pensar que el anuncio de la exsenadora era una antesala coordinada con las Farc. Eso tampoco resultó así. De tiempo atrás, se produjo un rompimiento entre Piedad y la cúpula de las Farc. Cuando ella anunció que sabe quién mató a Gómez, Pablo Catatumbo llamó al embajador de Cuba y le pidió que organizara una reunión con ella. Una vez estuvieron los tres, Piedad advirtió que iba a destapar la verdad. Catatumbo le preguntó sobre las pruebas que tenía. Ella le contestó que se las iba a aportar a la Comisión de la Verdad y aclaró que no se las suministró a Iván Márquez ni a Santrich, como decían algunos, pues no ha tenido ningún contacto con ellos desde que se volaron.
Una de las teorías que estaba circulando era que la revelación de la autoría del crimen era una venganza de esos rearmados, quienes habrían utilizado a Piedad como intermediaria. Ella lo negó y agregó que era inaceptable que las Farc hubieran permitido que personas inocentes pasaran la mitad de la vida en la cárcel. La reunión terminó mal y Piedad quedó convencida de que las Farc no pensaban reconocer el magnicidio y de que no están diciendo la verdad, pues ella asegura saber que al menos uno de los sicarios está vivo. Lozada dice que todos están muertos. En todo caso, la notificación de que la responsabilidad de las Farc iba a ser revelada obligó a este grupo guerrillero a adelantarse y reconocer no solo ese, sino otros cinco crímenes de gran connotación. Ese destape echó abajo las teorías que tenían sobre el asesinato tanto la familia Gómez como Ernesto Samper.
Pensar que las Farc inventaron ser culpables de uno de los crímenes del siglo para ayudar a Ernesto Samper no tiene pies ni cabeza. Para comenzar, cuando él era presidente, se negaron a negociar la paz con el argumento de que era un Gobierno ilegítimo, elegido por el narcotráfico. Y, cuando Samper trató de imponer a Horacio Serpa como su sucesor, las Farc apoyaron a Pastrana, dejando saber que la negociación de paz sería con él.
La confesión de Lozada también obliga a Samper a tragarse sus palabras. Él llevaba años sosteniendo que a Gómez Hurtado lo habían matado un grupo de militares golpistas por su negativa a participar en el intento de tumbarlo. La mitad de su teoría resultó verdad y la otra mitad falsa. Intento de golpe sí hubo, pero la muerte de Gómez no tuvo nada que ver con eso.
Sobre la conspiración para sacar a Samper de la Casa de Nariño, no hay duda. La principal fuente es el entonces embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, quien contó en un libro del periodista Jorge Gómez Pinilla que fue abordado por unos conspiradores antisamperistas para ese propósito y rechazó de plano tal posibilidad. Asimismo, una persona de tanta credibilidad como el líder empresarial Hernán Echavarría dijo que conoció del plan golpista, pero se negó a participar.
Tal vez, la mayor la prueba al respecto es que en un allanamiento que se le hizo a Rommel Hurtado, quien había sido secretario privado de Álvaro Gómez, se encontró un manifiesto titulado ‘Acta del poder constituyente’ (ver en semana.com). Se trataba de un documento de diez páginas en el que se enumeraban los pasos para el cambio de gobierno a través de una junta militar que convocaría a elecciones seis meses después.
Rommel Hurtado, en forma no muy convincente, dijo que esos papeles le habían llegado por correo sin remitente. Luego, Hurtado se los envió a Samper para convencerlo de que él nada tenía que ver con el intento de golpe. Años después, Hurtado fue asesinado por hechos no relacionados con el caso de Álvaro Gómez.
La conclusión de lo anterior es que las Farc están diciendo la verdad, pero no necesariamente toda. Despierta escepticismo la versión de que los testigos están muertos. No está claro si las Farc actuaron solas o con cómplices. También hay dudas sobre si hay sobrevivientes entre los gatilleros. Todos esos misterios tendrán que ser resueltos ante la JEP para que los miembros del partido Farc logren convencer al país de lo que dicen. Es necesario que no queden cabos sueltos, pues los exguerrilleros se están jugando el todo por el todo.
Tomado de Revista Semana
