En el Concejo de Medellín se adelantó debate este jueves 15 de octubre en el que se citó a la Administración Municipal con el fin de analizar la problemática en la construcción de edificaciones de la ciudad, que ha dejado a muchas familias afectadas debido a las falencias en sus condiciones estructurales, la rigurosidad técnica, las estafas por parte de sociedades de papel y el uso de materiales de baja calidad.
El corporado citante, Jaime Cuartas Ochoa, se refirió al término “edificación enferma” como el deterioro estructural de edificaciones en la ciudad, calificándola como una problemática supremamente alarmante; y según datos del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Desastres – Dagrd, se evidencia incremento en las denuncias por deterioro y seguimientos por fallas estructurales en los últimos años, las cuales sobrepasan las setenta y cinco mil.
Reiteró que las consecuencias de estas fallas son lamentables, por la pérdida de vidas, la afectación en el patrimonio, los desalojos y dramas familiares, la mala imagen del sector constructor, entre otros, que a su vez generan desconfianza e inseguridad al momento de pensar en la adquisición de un inmueble.
Pidió también revisar las “sociedades de papel” quienes se declaran en quiebra o se liquidan, estafando así a los ciudadanos que invierten en estas edificaciones, hizo un llamado al sector académico a revisar los planes de formación para pregrados y posgrados, y enfatizó en la moral y ética del ejercicio de esta profesión.
Demandó mayor compromiso del sector financiero a la hora de efectuar créditos a sociedades de papel y evitar que se generen estafas, proteger al comprador de viviendas nuevas de acuerdo con la Ley 1796 del 2016 y a la calidad de los materiales que son utilizados en estas edificaciones. Concluyó hablando la figura del Supervisor Técnico para evaluar y garantizar la eficiente elaboración de proyectos.
Por su parte, la concejal Lina Marcela García Gañán, segunda bancada citante, manifestó que la construcción en Medellín debe tener mayor rigor desde la ejecución, los subsidios de viviendas y en la reparación de las víctimas, puesto que no hay garantías y el sueño de vivienda propia se ve nublado si existe incertidumbre en el estado y construcción de las viviendas.
Invitó al Dagrd y a la Secretaría de Gestión y Control Territorial a revisar el estado de las infraestructuras públicas, dentro de las que mencionó 8 estaciones de bomberos, 9 edificios del sector de la salud y 494 de carácter educativo, 313 públicos y 181 privados, los cuales son de vital importancia para el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
En última, instancia dijo que debe existir una construcción de acciones conjuntas, estrategias de aporte sostenible para las existentes y nuevas edificaciones, así como una política integral y un sentido de planeación para evitar emergencias.
Por su parte, el cabildante Carlos Alberto Zuluaga, tercera bancada citante, hizo énfasis en que la Secretaría de Gestión y Control Territorial no puede seguir trabajando con el esquema de tipo administrativo que tiene actualmente e insistió en la necesidad de inspectores urbanísticos, herramientas técnicas, administrativas y financieras adecuadas, además de la cercanía de la Curaduría para para generar competitividad en el ámbito constructivo y garantizar la calidad de vida.
Concejales que intervinieron en plenaria apreciaron la pertinencia de este tema para trabajar en los proyectos de vida de los ciudadanos, por lo que atender estos problemas amerita todas las acciones que puedan emprenderse.
Insistieron en que los esfuerzos deben estar concentrados en la prevención, evitar errores en la construcción y adicionalmente en fortalecer el esquema de vigilancia; además, reforzar dependencias como la Subsecretaría de Control Urbanístico como una herramienta jurídica de actuación en estos temas.
A su turno, Alethia Carolina Arango, directora del Dagrd, dio un reporte de los casos en los que esta dependencia ha intervenido, referenció las fallas en los métodos de construcción, los cuales según estudios del Área Metropolitana y la Universidad de los Andes, demuestran la vulnerabilidad sísmica de Medellín, donde cerca del 80 por ciento de las construcciones ubicadas en la zona urbana han sido construidas con mampostería simple lo que supone un riesgo en caso de emergencias.
En su intervención, Carlos Mario Montoya Serna, secretario de Gestión y Control Territorial, expresó que esta dependencia ha realizado una labor efectiva en seguimiento y control relacionados con la aplicación de las normas urbanísticas, verificación en las actuaciones de parcelación, urbanización, expedición de permisos, entre otras.
Ratificó que, como Secretaría no son responsables de otorgar permisos de construcción sino de verificar la correspondencia de lo construido con la licencia ya otorgada, lo que enfoca su accionar hacia los inmuebles que no poseen licencias técnicas de ocupación y que no cumplan las normas para generar la sanción correspondiente.
Finalmente, el director técnico de Camacol Antioquia, Alejandro Botero, reiteró que por medio de la Ley 1796 la supervisión técnica es un requisito indispensable en la escritura de una construcción a la hora de llevarse a cabo.
Para finalizar, hizo referencia a los amparos para proyectos que hayan radicado en legal y debida forma las licencias de construcción con posterioridad al 21 de febrero de 2021, según lo reglamentado por el Decreto 282 del 21 de febrero de 2019, dentro de los que se mencionan, una fiducia en garantía (patrimonio propio), garantía bancaria, póliza de seguro y otros mecanismos, para proteger el patrimonio de los compradores.
