Los Ángeles, 19 octubre.- Las políticas «santuario», aquellas según las cuales las autoridades locales no colaboran con las peticiones de retención de indocumentados de las agencias migratorias federales, no representan un peligro para la seguridad pública en Estados Unidos, afirma un estudio elaborado por la Universidad de Stanford y presentado este lunes.
El análisis «Las políticas santuario protegen a los inmigrantes pero no amenazan la seguridad pública» no halló prueba de que esas medidas afecten negativamente los índices de criminalidad en las áreas donde se aplican, al contrario de lo que asegura el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«No hay evidencia para los reclamos del ICE (en sus anuncios de los arrestos y en otras partes) de que el santuario dañe la seguridad pública», señaló en declaraciones a Efe David Hausman, miembro del Laboratorio de Políticas de Inmigración de Stanford y autor del estudio.
«En este estudio, encontré que la introducción de las políticas de santuario (durante la Administración de Barack Obama entre 2009y 2017) no tienen un efecto mensurable en la delincuencia», sostuvo.
Las conclusiones del investigador surgen luego de revisar las bases de datos del ICE y de la Oficina Federal de Investigación (FBI), específicamente de 140 condados del país con políticas santuario entre 2010 y 2015.
«Igualmente no hay evidencia de que las políticas santuario reduzcan la deportación de personas con condenas por delitos violentos», declaró a Efe el analista de Stanford, que declinó comentar sobre la recientes redadas de inmigración realizadas por el ICE en áreas santuario.
El estudio -publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences- encontró que «las políticas santuario reducen las deportaciones en un tercio luego de los arrestos locales», y en el caso de no ciudadanos sin condenas criminales las deportaciones se reducen en un 50 %.
Sin embargo, «para los no ciudadanos con condenas por delitos violentos las políticas santuario no tienen un efecto medible», anotó el reporte que evaluó en total 369.388 casos de deportaciones que ocurrieron después de que las autoridades locales detuvieran a una persona entre noviembre de 2008 y diciembre de 2015.
El análisis reveló que entre 2013 y 2015 se evitaron aproximadamente 22.300 deportaciones en todo el país, incluyendo cerca de 3.300 deportaciones de inmigrantes que «nunca habían sido condenados por ningún delito».
No obstante, las autoridades federales argumentan que la falta de colaboración de las autoridades locales para retener a un inmigrante después de haber cumplido su condena para dar tiempo a las agencias de inmigración para capturarlo perjudica a la comunidad.
«Cuando las jurisdicciones de la región optan por no respetar las órdenes de detención y las órdenes judiciales, las personas son liberadas en la comunidad y pueden reincidir», declaró Francisco Madrigal, director a cargo de la Oficina del ICE de Baltimore (Maryland), en un comunicado enviado a Efe.
Así, en operaciones recientes realizadas por el ICE en Baltimore y Washington D.C. entre el 3 y el 9 de octubre enfocadas en delincuentes que tenían pedidos de retención que no fueron cumplidos por autoridades locales, la mayoría de los detenidos tenían condenas o cargos criminales.
«Más del 90 % de los extranjeros arrestados en la Región Capital Nacional tenían condenas criminales o cargos criminales pendientes al momento del arresto», informó el ICE.
Debido a que las huellas digitales de alguien que es arrestado son enviadas a la FBI, que a su vez las comparte con el ICE, las autoridades federales pueden saber si esa persona ha violado las leyes de inmigración. En ese caso, el ICE envía un petición de retención a la agencia local correspondiente con el fin de capturarla y proceder a su deportación.
El informe de la Universidad de Stanford anota que «no es sorprendente que las políticas santuario no protejan de la deportación a la gente con condenas violentas», pues la mayoría de estas políticas exceptúa de protección a los delincuentes violentos.
Para Hausman, es importante que las autoridades federales analicen su información propia para exonerar a las políticas santuario.
«Es desalentador que el Gobierno no haya mirado sus propios datos para ver que lo que está diciendo sobre el santuario y la delincuencia no es verdad», concluyó el investigador.
En operativos realizados a principios octubre, el ICE anunció el arresto de más de más de 170 personas buscadas por las autoridades de inmigración, y la mayoría tenían antecedentes criminales.
Luis Uribe
EFE
