La Jurisdicción Especial para la Paz expresa su preocupación por la no aprobación en el presupuesto 2021 de una partida adicional que había solicitado al Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación de 2021, y que es fundamental para la debida atención y protección a las víctimas, testigos e intervinientes, y para su debida operación.
Los recursos adicionales de inversión que no fueron aprobados ascienden a la suma de $30.014 millones. Esa partida es indispensable para el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales de la Jurisdicción y estaban destinadas a las siguientes tareas:
**$19.613 millones para el programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes en la JEP, tarea que está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA);
**$4.100 millones para la representación y atención a víctimas en los procesos judiciales y en el de acreditación, teniendo en cuenta que se amplió el plazo para la presentación de informes a la JEP y que hay macrocasos en curso que demandan la participación de las víctimas;
**$6.300 millones para tecnologías de la información, que le permiten a la JEP tener una justicia más digital, transparente y ágil, al servicio de las víctimas, de los intervinientes en los procesos y de la sociedad en general.
**Los pedidos de adición presupuestal iniciaron por parte de la JEP al Gobierno Nacional el 13 de julio pasado, una vez éste comunicó las cuotas presupuestales. Después, se reiteraron el 21 de agosto ya radicado el proyecto de presupuesto, el 28 de agosto y el 7 de octubre.
**Aunque desde un inicio a la JEP no le fueron asignados los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto con una diferencia de $88.000 millones entre lo solicitado y lo asignado, consciente de las limitaciones fiscales por causa de la pandemia, ajustó sus necesidades y limitó la solicitud de adición a $30.014 millones, sin obtener el aval del Gobierno Nacional, lo cual es indispensable para la aprobación del Congreso.
La JEP agradeció a los sectores políticos del Congreso de la República comprometidos con la implementación del Acuerdo Final de Paz que apoyaron la solicitud de adición presupuestal.
