El Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, se reunió este jueves en Ibagué con autoridades departamentales y municipales con el fin de coordinar acciones tendientes a mitigar la propagación del Covid-19 en los centros de reclusión del Tolima.
El alto funcionario participó en un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que manifestó que continuará impulsando, con autoridades locales, medidas que contribuyan a disminuir el hacinamiento que se vive en los establecimientos de reclusión del país.
En esta visita, el jefe de la cartera de Justicia estuvo acompañado por el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Brigadier General Norberto Mujica Jaime; el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Andrés Díaz Hernández; y una delegación de la Defensoría del Pueblo.
«Estamos recorriendo el país para ofrecer soluciones prontas y oportunas a los problemas penitenciarios”, dijo el Ministro al reafirmar su compromiso con la Población Privada de la Libertad. Sin embargo, recordó que la crisis carcelaria no es un asunto exclusivo del Gobierno Nacional, por lo que se deben articular acciones con los entes territoriales para hallar soluciones efectivas, especialmente en cuanto al manejo de los sindicados en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), que por ley le corresponde a dichos entes.
El alto funcionario confirmó que se evalúa la posibilidad de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ceda un predio cerca al aeropuerto Perales de Ibagué, en el que eventualmente se construiría un establecimiento penitenciario o un centro de detención transitorio.
Después del Consejo de Seguridad, el titular de la cartera de Justicia y sus acompañantes realizaron una visita técnica al Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña, donde verificaron los avances en las obras de infraestructura y de mejoramiento que allí se adelantan.
El Ministro anunció que se viene trabajando con el Inpec y la Uspec para mejorar las condiciones de vida de los privados de la libertad, específicamente para garantizarles calidad en el agua potable y una buena alimentación. Precisamente respecto a las dificultades con el suministro del líquido vital en dicho centro de reclusión, Ruiz Orejuela aseguró que en coordinación con la Uspec ya se dispuso de una inversión de 450 millones de pesos para solucionar estos inconvenientes.
Por su parte Andrés Díaz, director de la Uspec, indicó que pese a la reducción significativa de contagios de Covid-19 en Picaleña, se invertirán 900 millones de pesos para adecuar zonas de aislamiento con el objetivo de prevenir una segunda ola de contagios.
Finalmente, el Ministro de Justicia recibió un informe sobre la situación de reclusión de Rodrigo Tovar Pupo, conocido con el alias de ‘Jorge 40’. Sobre este asunto recalcó que el Inpec es el encargado de brindarle las medidas y garantías de seguridad necesarias.
