No fueron pocas ni menores las críticas que recibió el presidente Iván Duque esta semana por cuenta de su actitud frente a la protesta social. Justo cuando la minga indígena arribó a Bogotá en búsqueda de un cara a cara, Duque prefirió irse a Chocó y resolvió enviar a su comisionado de Paz -paradójicamente- a dialogar con ellos en Cauca. Por su parte, la conversación con el Comité del Paro Nacional, que una vez más se movilizó en las calles, está congelada desde hace meses y no se ven avances que permitan hacerle frente a un estallido social.
En otro escenario lo sucedido no trascendería de una riada de reproches y acusaciones contra el Ejecutivo. Sin embargo, con los coletazos de la pandemia a cuestas y la jornada de protesta prevista para el próximo 21 de noviembre -cuando se cumple un año de las históricas movilizaciones de 2019-, el ambiente no parece el mejor para el Gobierno. Por no hablar de la pizca que le agregó a la sopa del descontento el actuar de la bancada oficialista en el Congreso que, coindicen parlamentarios, saboteó y frustró la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
¿Qué sucede en Palacio? ¿Hay soberbia o ingenuidad? ¿Era necesario un cara a cara con los indígenas o con la presencia de sus delegados bastaba? ¿Puede que lo que haya sea una estrategia política para bajarles los ánimos a ciertos actores? ¿Está apagando fuego con gasolina el Gobierno?
Para el analista y docente de política pública Jorge Iván Cuervo, es igual de necesario y pertinente que el presidente se reúna tanto con banqueros, industriales o empresarios como con sectores sociales. En su concepto, Duque debe entender que, por su rol de jefe de Estado, la interlocución social es una de sus herramientas de gobierno. “No hubiera perdido nada y sí hubiera ganado mucho si se hubiera reunido con los indígenas. Duque se ha ido atando más a la agenda del Centro Democrático. Se siente más cómodo de ser un intérprete de sus exigencias y de ese discurso político”.
Desde la oposición desaprueban lo que consideran una postura inflexible de Duque para poner las reglas del diálogo. Según el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, lo ocurrido con la minga no hace sino aumentar el malestar social que, en un momento tan delicado de crecimiento del desempleo, pobreza y pobreza extrema, ha terminado crispando aún más el ambiente en las calles y empeorando la imagen que los colombianos se hacen del Gobierno.
“Hay crisis social y económica. Más de un millón de familias han pasado de comer tres veces al día a hacerlo solo dos. Medianas y pequeñas empresas quebraron, y en semejantes condiciones el presidente se niega a hablar con figuras como la minga. El Estado debe ser capaz de hablar con sus ciudadanos”, recriminó. Con ese panorama, Arias ve con gran expectativa las manifestaciones convocadas para el 21 de noviembre. Los nuevos desencuentros con las poblaciones indígenas son, para él, una razón más para que, de cara a esa protesta, crezca la audiencia y se restablezca la oleada de manifestaciones de 2019, detenidas por la llegada del coronavirus.
Pero, ¿a qué se deben esas decisiones tomadas en Palacio? Según el parlamentario del Polo, ya no se le puede atribuir a la arrogancia y la testarudez y, mucho menos, una cuestión de desconexión con el país que existe por fuera de la casa presidencial. “Es una especie de conducta autoritaria, que se fortalece, además, en el respaldo de las bancadas en el Congreso”, sugirió. Por su lado, Guillermo García Realpe, senador liberal, tiene dos conjeturas: “O es arrogancia del presidente o una actitud dogmática y adoctrinada por el partido de gobierno”. De esos caminos, se va más por el segundo. En todo caso, sea cual sea el motivo, para él no deja de ser un error y, según expresó, se reflejará el 21 de noviembre.
“Eso causará reacciones en las regiones, y en las protestas, si hay vías de hecho, el presidente no podrá criticarlas porque son acciones que podría evitar con el diálogo que no ha querido dar. Están administrando sin resolver”, manifestó García Realpe. Desde su punto de vista, las acciones del Ejecutivo configuran un paso a paso hacia el abismo: no reconoce las inconformidades de los colombianos, cuando lo buscan se rehúsa a escuchar las exigencias y luego, cuando es el momento de la manifestación, se estigmatiza a los marchantes, señaló el congresista liberal.
En Cambio Radical -partido afín al Gobierno, pero declarado en independencia, aseguran que no se puede pasar por alto que la minga se ganó la simpatía ciudadana y dieron ejemplo de protesta pacífica, respetuosa y organizada. Por ello y por el apoyo social que lograron aglutinar, para el representante José Daniel López era menester que el Ejecutivo dispusiera de un espacio de diálogo serio con los indígenas. “Lo cortés no quita lo valiente. En tiempos en los que la protesta está radicalizada, ellos se ganaron un espacio de legitimidad. Que Duque no se haya reunido es un error de cálculo político”.
Desde el oficialismo, por supuesto, respaldan las acciones del Gobierno. De acuerdo con el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, independientemente de quién sea el presidente, no está bien que algún grupo -sea la minga u otro- “intente poner contra la pared” a la institucionalidad, condicionando el diálogo a un cara a cara. Para el parlamentario uribista, el Ejecutivo ha cumplido con sus compromisos y aunque había intereses políticos válidos, la protesta no era el escenario.
“Era incomprensible que cuando se le preguntaba a la minga, no había una razón concreta o especial para dialogar. No había ánimo de una verdadera conversación, pero sí intereses políticos (que son legítimos). Pero el presidente no se puede prestar para eso”, dice Valencia, quien señala que frente al paro persisten distintos reclamos sector por sector, lo que dificulta el diálogo. “Hay distintos grupos, con diferentes expectativas, lo que hace que la definición de una temática sea prácticamente imposible. Es decir, hay una dificultad logística, agravada por gente que quiere hacer politiquería”.
Ante esto, Sergio Guzmán, director de la firma Colombia Risk -dedicada a la consultoría de riesgos políticos-, advierte que parece que hubiese una actitud retadora con quienes están en la calle. “El Gobierno está, por virtud de sus acciones, retando al país a seguir saliendo. En lugar de bajarles la temperatura a la manifestación y a la protesta, le están poniendo más candela al fuego”, asegura Guzmán, quien explica que los reclamos de la gente se extenderán no solo con miras al 21 de noviembre, sino frente a 2022.
En medio de todo este ambiente se suma otro ingrediente: la peregrinación de los excombatientes de las Farc que, desde las regiones, están caminando hacia Bogotá, justamente para solicitar un espacio en las agendas de las instituciones y del mismo jefe de Estado. Buscan sentarse de frente con el Ejecutivo y reclamar por los más de 200 asesinatos a sus compañeros, quienes le apostaron a la paz. Según Sandra Ramírez, senadora del Partido FARC, se espera que el 31 de octubre ya estén en la capital para conversar con Duque, algo que, reiteró, medirá el talante democrático del presidente.
“Esperamos que nos atienda, que tenga la grandeza. Sabemos que no se sentó con la minga, pero esta movilización como partido expone tantos homicidios, un exterminio sistemático, que lo más razonable sería que se sentara con nosotros”, caviló Ramírez, recordando algo que desde tiempo atrás le reclaman al mandatario: no es el presidente de un partido, sino de todos los ciudadanos. Eso sí, la congresista no escatimó en plantear que si Duque declina escuchar a los exguerrilleros le costará a nivel social, porque “el silencio también se interpreta como cómplice. Estamos hablando de la vida y la paz”, dijo.
Entretanto llegan los caminantes del Partido FARC y salen los marchantes el próximo 21 de noviembre, para Jorge Londoño, senador de la Alianza Verde, una bandera blanca en todo el asunto sería respetar la manifestación. “Es que es la expresión más pura del derecho a la libertad y la puesta en práctica de la democracia. La gente no sale por alegría, sino porque tiene necesidades, la situación actual es caótica”, afirmó.
En ese sentido, según expuso, tanto la relación del presidente Duque con los sectores sociales debe tener apertura de parte del oficialismo, como también el Gobierno mismo debe detener el estigma sobre las marchas. “Eso crea un imaginario colectivo, la percepción de la ciudadanía frente al Gobierno cambia y se distancia de ese sector político”, añadió. Su hipótesis termina siendo que esa fractura, que cada vez pareciera abrirse más entre la administración uribista y la gente, obedece a un problema ideológico: “Los mandatos conservadores tienden a ser arrogantes con el poder y no entienden que se gobierna de la mano con los ciudadanos”.
Tomado de El Espectador
