Lima, 27 octubre.– Cada hora que pasa desaparece una mujer en Perú, según un grupo de organizaciones y familiares de víctimas que exigieron este martes al Estado «soluciones urgentes» y un protocolo efectivo de búsqueda con enfoque de género, que aborde los casos como violencia machista y desapariciones forzadas.
La mayor parte de los casos implican feminicidios, violaciones sexuales o trata de personas, recordó en una conferencia de prensa virtual la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en Perú, Marina Navarro.
«Es una grave violación de derechos humanos. Casi el 70 % de las desapariciones en Perú son mujeres. Es una situación de violencia de género y se debe tratar como tal», dijo Navarro, cuya organización es promotora de esta campaña junto a la organización feminista Flora Tristán y colectivo Mujeres Desaparecidas Perú.
Aunque el último informe de la Defensoría del Pueblo cifraba en 4.052 las niñas y mujeres desaparecidas en Perú en que lo va de 2020, estas organizaciones aseguraron que son más de 8.275, y consideraron insuficiente la reciente puesta en marcha por parte del Gobierno peruano del sistema de búsqueda de personas desaparecidas.
Este sistema comenzó a funcionar desde el 15 de octubre y cuenta con una página web con las fotografías de las personas desaparecidas, pero sólo aquellas cuya denuncia fue presentada desde 2018, y no todos los casos acontecidos desde entonces tienen su foto publicada en el portal www.teestamosbuscando.pe.
EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA
Es el caso de Nelly Cerna, desaparecida el 17 de diciembre de 2017 en Trujillo, a unos 450 kilómetros al norte de Lima, con la única pista de la declaración de su pareja sentimental, quien dijo que «se fue de viaje por trabajo», sin llevarse su documento de identidad, teléfono ni más ropa que la que llevaba puesta.
«Estamos muy preocupados y tristes porque el caso fue archivado. Me parece injusto. Pido que se reabra para poder saber la verdad y al menos encontrar su cuerpo. Es como si nunca hubiese existido porque nadie hace nada. Que no se busque sólo de 2018 en adelante», dijo Alicia Cerna, hermana de la desaparecida.
Algo similar sucede con Shirley Villanueva, desaparecida el 23 de marzo de 2017 cuando tenía 24 años en una playa de Lima cuando se encontraba con tres excompañeros suyos de la universidad.
«El sistema de búsqueda de personas es un gran avance, pero no en mi caso, porque mi hija no está considerada en ese registro. Jamás pensé vivir esta cruda realidad», comentó Norma Rivera, la madre de Shirley.
Después de varias declaraciones contradictorias, los sospechosos de la desaparición aseguraron que Shirley se había ahogado en el mar y fueron condenados a prisión suspendida (sin ingreso en cárcel) por omitir socorro, pero para la madre de la desaparecida no es suficiente porque se obviaron distintas irregularidades.
CUERPO PENDIENTE DE HALLAZGO
«No hay ninguna prueba de que se haya ahogado, pero dar eso por hecho es lo más fácil para las autoridades porque así ya no hay más investigación», indicó Rivera.
«Como no hay cuerpo, no hay una prueba contra los tres investigados pese a circunstancias raras como que se quedaron con los objetos personales de ella y a los días entregaron su celular vacío», agregó.
Otro caso emblemático es el de Solsiret Rodríguez, una joven activista feminista que desapareció el 3 de agosto de 2016 y cuyo cuerpo fue hallado en febrero de 2020 en la casa donde vivía con su pareja, después de que su cuñado y la pareja de este participasen en el descuartizamiento y ocultamiento de sus restos.
«Mi hija pasó por un proceso muy denigrante por parte de las autoridades por ser joven y activista. Contra eso hemos luchado los padres tres años y medio para poder encontrarla», recordó Rosario Aybar, la madre de Solsiret.
«Al sistema nacional de búsqueda hay que agregarle un protocolo y la voluntad de un trabajo de investigación, eso es lo que nos falta. Las mujeres desaparecidas no se van porque ellas quieren, las desaparecen», enfatizó Aybar.
REGISTRO «TOTALMENTE IMCOMPLETO»
El portal del sistema nacional de búsqueda muestra «un registro totalmente incompleto» a partir de los datos facilitados al público en general para ubicar a las desaparecidas, a criterio de Navarro.
«¿Qué ocurre con los casos? No hay atisbo de la interseccionalidad. ¿Se trata de mujeres indígenas, campesinas, extranjeras?», se preguntó la representante de Amnistía Internacional.
En ese sentido, la directora del Centro de la Mujer Peruana (CMP) Flora Tristán, Liz Meléndez, apuntó que «los estereotipos de género no permiten una investigación rápida y diligente de estos casos, lo que pone en riesgo la vida de las mujeres».
Por ello, Katherine Soto, fundadora de Mujeres Desaparecidas Perú, exigió que en menos de 24 horas se pueda acceder a la geolocalización y al registro de llamadas del teléfono móvil de la víctima para facilitar su ubicación.
También planteó un banco de muestras de ADN similar al que ya se utiliza para la identificación de desaparecidos del conflicto armado interno (1980-2000) que facilite rápidamente la identidad de un cuerpo.
Soto recordó que la búsqueda no termina cuando aparece una mujer viva y puso como ejemplo el caso de una niña de 13 años que apareció con vida, pero embarazada, víctima de una violación durante su desaparición.
