Managua, 28 octubre.- La ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en la víspera por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento), ha desatado la polémica en Nicaragua, donde el gremio periodístico independiente considera que amenaza la libertad de prensa, «criminaliza» al periodismo de investigación, y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.
En resumen, esa ley de 48 artículos significa menos espacio para la libertad de expresión, menos espacio para un ejercicio libre del periodismo, más sanciones al acceso a la información pública, y que el ordenador y teléfono móvil se conviertan en el cuerpo del delito por el que lleguen a acusar a uno, según expertos en comunicación consultados por Efe.
La norma, bautizada por la prensa no oficial como «Ley Mordaza» porque consideran fue preparada para afectar únicamente a los medios tradicionales y alternativos, así como a los usuarios de redes sociales críticos con el Gobierno de Daniel Ortega, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.
LEY NO DEFINE NOTICIA FALSA
La ley contiene 25 definiciones, «pero curiosamente los legisladores no se detuvieron a ver la necesidad de definir dos conceptos claves para aplicación de esta ley en su artículo 30: información falsa (fake news) o información tergiversada», advierten los expertos consultados por Efe.
Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra.
De tal manera que bastará -como ya ha ocurrido- con que uno o dos afines del Gobierno se declaren alarmados, atemorizados o en zozobra por una información (no importan cuán verdadera sea), para dar paso a una acusación penal en contra de un medio o periodista, alertaron.
«Si (la aplicación de) esta ley tuviese condiciones de separación de poderes, no tendríamos ningún inconveniente, porque entonces la Justicia podría aplicarse inclusive a los mismos funcionarios de Gobierno que son los violadores principales de la Constitución, pero entendemos que esta ley ha sido diseñada precisamente para acallar las voces independientes», señaló el comunicador Sergio Marín, directivo del movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
La ley deja de «forma antojadiza y arbitraria su interpretación y aplicación por parte de funcionarios públicos», anotó, por su lado, Wendy Quintero, periodista del Colectivo de Derechos Humanos.
«CRIMINALIZA» A FUENTES
Según los expertos, hay otros artículos que pueden restringir el ámbito de cobertura de los medios o incluso la facilitación de información a periodistas.
El artículo 26 de la ley prohíbe que se ofrezca información a medios y periodistas sin el consentimiento del «titular de la información» o datos, sean en imágenes, video, texto, audio u otros, y a quien lo haga se le impondrá penas de tres a seis años de prisión.
Se quiere «criminalizar a las fuentes informativas que nos pasan información. Los criminaliza y dicho sea de paso es sugerente, porque todo trabajador del Estado pertenece al partido de Gobierno», anotó Marín.
En general, para el directivo de PCIN, esa ley «literalmente es una nueva pretensión de la dictadura, del gobierno de don Daniel Ortega, por acallar las voces del periodismo independiente» y que eso «obedece al fracaso que ha venido teniendo a lo largo de su mandato de querer imponer un discurso oficial».
¿PERIODISTAS PRESOS, EXILIADOS O SILENCIADOS?
Para el jefe de prensa del progubernamental Canal 13, Roberto Zúñiga, con esa ley lo que no se puede hacer de ahora en adelante «es mentir, inventar informaciones para crear zozobra», ni denigrar, ofender, amenazar, o exponer a nadie a través de las redes sociales.
«Ya no podés publicar datos personales, correos, audios, mensajes de otra persona sin su autorización. Ya no podés robar información de instituciones. Si nunca has hecho eso, pues, tranquilo, no pasa nada», apuntó en un escrito público.
Para la directora de la plataforma informativa Nicaragua Investiga, Jennifer Ortíz, esa ley dejara a «periodistas presos, exiliados o silenciados» y «no porque divulguemos información falsa, sino porque en un país sin poderes autónomos haciendo de juez y parte, sencillamente ya sabemos qué nos espera».
Según expertos constitucionales, esa norma trasgrede tres artículos constitucionales referidos a la libertad de expresión, la libertad de información y de prensa, y el derecho al acceso a la información.
Luis Felipe Palacios
