Brasilia, 4 noviembre.- El magistrado Edson Fachín, uno de los miembros de la Corte Suprema, rechazó este miércoles un recurso presentado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva para que la máxima corte de Brasil suspenda uno de los juicios por corrupción que avanzan en la Justicia contra el expresidente brasileño.
Fachín consideró improcedente la petición de la defensa para que, mediante cautelar, suspenda el trámite en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) analiza en tercera instancia la condena a 8 años y 10 meses de prisión impuesta a Lula por, según las sentencias en primera y segunda instancia, haber recibido de una constructora un apartamento en la playa como pago por favorecerla en contratos.
Se trata de otro revés en los tribunales superiores del exmandatario, que ha sido condenado en dos diferentes procesos por corrupción y lavado de dinero e imputado en otros cuatro casos.
En este caso en particular, el primero en el que fue condenado, la Justicia dio por demostrado que Lula recibió de la constructora OAS un apartamento de tres pisos en una exclusiva playa en el balneario de Guarujá como pago por los millonarios contratos con la petrolera Petrobras que la empresa se adjudicó ilegalmente.
RECURSOS DE LA DEFENSA
La defensa exigía que el proceso en el tribunal de tercera instancia fuera suspendido mientras la Corte Suprema se pronuncia sobre otro recurso en que pide la anulación de una decisión preliminar por haber sido dictada en una audiencia virtual sin la presencia física de los abogados.
La defensa alega que hasta ahora los magistrados del STJ que juzgan el caso en tercera instancia no han convocado ninguna audiencia presencial, en parte por las medidas de distanciamiento social determinadas por la pandemia del coronavirus, y que la ausencia de los abogados en las sesiones virtuales «perjudica el derecho a la amplia defensa» de Lula.
La defensa también alegó que el proceso tiene que ser suspendido mientras la Corte Suprema se pronuncia sobre otro recurso en que exige la anulación de todo el caso por la supuesta acción parcial del juez en primera instancia, Sergio Moro.
Moro, como titular del juzgado decimotercero de Curitiba, condenó a decenas de empresarios y políticos en el marco de la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que destapó una gigantesca red de desvío de recursos de Petrobras.
El juez renunció en diciembre de 2018 para asumir como el primer ministro de Justicia del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lo que, para la defensa, deja bajo sospecha todas sus decisiones.
En su sentencia, Fachín alegó que el habeas corpus solicitado por la defensa es una «medida excepcional» que sólo se justifica en situaciones en que los autos demuestran clara violación a los derechos del acusado, lo que, en su opinión, «no se confirma en este caso».
Agregó que tampoco considera ilegal las audiencias virtuales que se vienen realizando en todos los tribunales de Brasil por la pandemia, previstas por el Poder Judicial, y alegó que Lula puede ser juzgado incluso sin que el Supremo se haya pronunciado sobre el recurso en que se cuestiona la imparcialidad de Moro.
«No considero que la continuidad del juicio sea ilegal o abusiva», concluyó.
La decisión de Fachín era esperada la semana pasada, precisamente para el día en que el mandatario festejó sus 75 años, pero fue aplazada y tan solo anunciada este miércoles.
Lula ya cumplió una sexta parte de la pena a la que fue condenado en este caso durante los 580 días en que estuvo preso en una celda en la ciudad de Curitiba entre abril de 2018 y noviembre de 2019.
El expresidente fue beneficiado entonces con una decisión de la Corte Suprema que consideró que las personas condenadas en segunda instancia pueden seguir esperando en libertad hasta que el proceso sea concluido en tercera instancia.
Desde entonces, el exgobernante (2003-2010) ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos en defender su inocencia ya que, a pesar de intentar animar su carrera política en las redes sociales, se encuentra inhabilitado políticamente por el hecho de haber sido condenado por corrupción.
