Bruselas, 9 noviembre.- El Parlamento Europeo defenderá en sus negociaciones con los países de la Unión Europea suavizar algunas de las condiciones para beneficiarse del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el pilar del fondo de recuperación pos-pandemia, según el acuerdo aprobado este lunes por las comisiones responsables.
Por 73 votos a favor, 11 en contra y 15 abstenciones, las comisiones de Asuntos Económicos y Presupuestos dieron luz verde a su postura sobre las normas que regularán el acceso y control de los 672.500 millones de euros de este Mecanismo, que canalizará el 90 % del dinero del fondo de recuperación.
Este acuerdo es uno de los últimos flecos por cerrar en la negociación sobre el plan de recuperación, tras haber consensuado el mecanismo de Estado de Derecho y rozar el acuerdo sobre el presupuesto comunitario.
El texto aprobado esta noche había sido previamente consensuado la semana pasada por el Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas, los liberales de Renovar Europa y los Verdes, cuatro de los siete grupos de la Eurocámara, y no ha contado con el apoyo de la ultraderecha de Identidad y Democracia ni con los Conservadores y Reformistas, en este último caso a causa de la vinculación de los fondos con el respeto al Estado de Derecho.
Los eurodiputados también adoptaron un mandato para entrar en negociaciones con los gobiernos de la UE por 84 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones. Quieren que el mandato se anuncie durante la próxima sesión plenaria del 11 al 13 de noviembre, para poder iniciar las conversaciones sin demora.
El acuerdo parlamentario elimina un artículo que incluía la propuesta de los países para este fondo en el que se prevé la suspensión del pago de ayudas si un país incumple las recomendaciones hechas por la Comisión en el Semestre Europeo, en particular las relativas a «aspectos fiscales».
Los eurodiputados creen que no tiene sentido introducir esta condicionalidad macroeconómica en un momento en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento -las normas de control de déficit y deuda- no se están aplicando por la pandemia y, además, van a ser revisadas.
El artículo en cuestión se aplicaría, en todo caso, cuando vuelvan a activarse estas reglas.
También son partidarios de que el principal criterio al evaluar los planes no sea cumplir las recomendaciones económicas que la Comisión hace anualmente a las capitales, puesto que estas no se centran solo en atajar la pandemia, sino ceñirse a seis objetivos principales.
Además de la transición climática y digital, ya propuestas por Bruselas, el PE añade cuatro pilares: la cohesión social, un pilar económico para el desarrollo de la estrategia industrial europea, la modernización de las administraciones y la juventud.
Cada una de estas prioridades debería recibir al menos un 7 % del total del fondo.
Por otro lado, plantean elevar del 37 % al 40 % el porcentaje del fondo destinado a clima conforme a las normas comunitarias, de modo que se excluyan, por ejemplo, actividades ligadas a la energía nuclear.
Piden asimismo elevar del 10 % al 20 % el porcentaje de su asignación que podrían recibir los países por adelantado en cuanto la Comisión Europea apruebe sus planes de recuperación, y que los fondos estén disponibles durante cuatro años en lugar de durante tres, como está previsto ahora.
Según el diputado de los Verdes Ernest Urtasun, el capítulo medioambiental puede ser uno de los más factibles en la negociación con el Consejo, mientras que la eliminación de la condicionalidad macroeconómica va a ser «una guerra nuclear» al planteárselo a los Estados miembros.
El objetivo, dijo, es concluir las negociaciones a finales de noviembre o principios de diciembre.
«Habrá diferencias sobre la rendición de cuentas y los controles», anticipó por su parte el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano en Twitter.
«El plan de recuperación tiene que ser más verde, social y detallado que el propuesto por el Consejo (…).Estamos listos para negociar todo el día con el Consejo para tener el Mecanismo listo para el 1 de enero de 2021», dijo la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, ponente de la regulación.
