Bogotá, 24 noviembre.- Cuatro años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, Colombia enfrenta un recrudecimiento de la violencia que se manifiesta en el asesinato de exguerrilleros y líderes sociales, así como en un ola creciente de masacres que solo esta semana se ha cobrado la vida de más de 15 personas.
La esperanza de cambio que tenía el país ante el histórico acuerdo que firmaron el Gobierno y la que era entonces la mayor guerrilla de Colombia se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, pese a que aún hay sectores políticos que confían en que la nación dé un paso definitivo para salir del conflicto armado.
La realidad es que desde el 24 de noviembre de 2016 han sido asesinados al menos 242 exguerrilleros y cerca de millar de líderes sociales, mientras que en los últimos meses han muerto centenares de personas en masacres perpetradas por grupos armados a lo largo y ancho del país.
Las últimas dos ocurrieron el fin de semana en el municipio de Betania, en el departamento de Antioquia, donde fueron masacrados diez recolectores de café, y en Argelia, en el convulso Cauca, donde fueron asesinadas otras cinco personas en el caserío de El Mango.
VIOLENCIA CRECIENTE
Según una análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las acciones de los grupos armados en el cuarto año del «post-acuerdo de paz» aumentaron en un 65 % frente al primero al pasar de 225 a 318.
«Antes del cese al fuego de las FARC, el 78 % de las acciones armadas eran responsabilidad de esta guerrilla. Cuatro años después, el 38 % de las acciones fueron realizadas por el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y otro 34 % por las disidencias», añadió la FIP.
Otro de los datos alarmantes es que en el cuarto año fueron asesinados 128 líderes sociales, 14 más que en el tercero y uno menos que en el segundo, una tragedia que «no cede» y que deja «profundas repercusiones para los procesos de participación y el tejido social», según la Fundación.
Igualmente señala que son 233 los asesinatos de excombatientes de las FARC que ha verificado la Misión de la ONU en Colombia, así como 55 tentativas de homicidio y 20 desapariciones forzadas.
EN DEFENSA DEL ACUERDO
El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo con el último jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, defendió su legado al asegurar que «hay que distinguir la paz con las FARC y la violencia que otros grupos criminales han generado».
«La paz con las FARC ha funcionado y las cifras de reducción de los indicadores de violencia como los homicidios, como las tomas guerrilleras, como los ataques a la infraestructura, como los secuestros, hasta el año 2017, 2018 fueron reducciones muy significativas, del orden del 70, el 80 %», aseguró el exmandatario en una entrevista con Efe.
Agregó: «A partir de 2017, 2018 se han venido deteriorando algunos indicadores de seguridad en el país, pero no es producto como algunos dicen del acuerdo de paz, es producto de una serie de organizaciones criminales que han venido surgiendo y a las cuales hay que combatir con toda la contundencia».
Entre tanto, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia señaló que a pesar de la pandemia de la covid-19 y de los «múltiples retos que persisten en la construcción de paz», lo firmado con las FARC «sigue siendo una oportunidad para cumplir con las expectativas de paz de las víctimas».
VISIÓN DE LA FARC Y DEL GOBIERNO
El senador Julián Gallo, conocido en su época de guerrillero como Carlos Antonio Lozada y uno de los líderes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), manifestó que lo positivo es que se detuvo una guerra de más de 50 años y despertaron «fuerzas sociales y políticas que estaban adormecidas como producto del conflicto».
«Sin lugar a duda, lo malo es que nos tocó un Gobierno que está simulando la implementación pero no está implementando el acuerdo. No hay avances en la reforma rural integral, no hay reforma política, no se le cumple a los campesinos en sustitución de cultivos y han asesinado a 242 firmantes», expresó Lozada, quien cree que el balance es «agridulce».
En respuesta a las críticas, el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, aseguró que los negociadores de paz del Gobierno de Santos y de las FARC «le vendieron al país (la idea) de que la firma del acuerdo era el fin de la violencia, que la criminalidad se evaporaría casi que por arte de magia, que las masacres iban a desaparecer».
«La verdad que deben saber los colombianos, cuatro años después de firmado el acuerdo de La Habana, es la siguiente: el problema no eran tanto las FARC, sino las economías ilícitas y siguen siendo las economías ilícitas», expresó Guarín.
Igualmente criticó al Gobierno anterior por supuestamente haber desmontado «la política contra los cultivos ilícitos, la erradicación manual, los programas de sustitución y frenaron y enredaron en una maraña jurídica la aspersión aérea de cultivos ilícitos».
El crecimiento de los cultivos de coca alcanzó un récord de 171.000 hectáreas en 2017, mientras que el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), presentado en Bogotá en junio, aseguró que los cultivos de coca en Colombia se redujeron un 9 % el año pasado al pasar de 169.000 hectáreas sembradas en 2018 a 154.000.
