Río de Janeiro, 18 diciembre.- El Gobierno brasileño exigirá a partir del 30 de diciembre próximo que los ciudadanos nacionales y extranjeros que desembarquen en cualquier aeropuerto del país procedentes del exterior presenten un examen demostrando que no están contagiados de covid-19.
La exigencia consta en un decreto del Ministerio de la Presidencia publicado este viernes en el Diario Oficial y suma a Brasil con varias semanas de atraso a la lista de países que le piden a los viajeros resultado negativo en el examen de covid.
El decreto establece que el viajero tiene que demostrar que no está contagiado mediante un examen del tipo RT-PCR, que es realizado en laboratorio y es considerado referencia para detectar la enfermedad debido a que la diagnostica cuando está activa en el organismo.
«El viajero de procedencia internacional, brasileño o extranjero, tendrá que presentar a la aerolínea responsable por su vuelo, antes del embarque, documento comprobado la realización de examen de examen de laboratorio RT-PCR, para rastreo de la infección SARS-CoV-2, con resultado negativo/no reactivo, realizado como máximo 72 horas antes del embarque», establece la norma.
Los viajeros que deseen ingresar a Brasil por vía aérea también tendrán que firmar una Declaración de Salud del Viajante en la que se comprometen a cumplir las medidas sanitarias impuestas en el país para frenar el avance de la pandemia.
Según el decreto, quien no cumpla la exigencia podrá ser deportado o repatriado, así como responsabilizado civil, administrativa y penalmente.
El mismo decreto vuelve a prorrogar por otros tres meses la norma que prohíbe la entrada en Brasil de extranjeros por las fronteras terrestres o fluviales, con excepción de los venezolanos que deseen pedir refugio en el país.
El GOBIERNO TARDÓ EN IMPONER LA RESTRICCIÓN QUE HABÍA SIDO RECOMENDADA
La restricción a los viajeros que desembarcan en aeropuertos de Brasil procedentes del exterior había sido recomendada hacía varios meses por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) pero el Gobierno se había negado a imponerla.
El presidente Jair Bolsonaro, líder de la negacionista ultraderecha brasileña, es uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la covid; un crítico de cualquier medida de distanciamiento social para enfrentar la pandemia y un opositor a que la población sea obligada a vacunarse.
La restricción fue anunciada en momentos en que varios países comenzaron las campañas para vacunar a sus poblaciones contra la covid y cuando el país sufre con una segunda ola de la pandemia.
Brasil registró el jueves 1.092 muertes por covid, con lo que volvió a superar el millar de fallecimientos diarios por primera vez desde el 30 de septiembre (1.031) y acumula 184.827 víctimas de la pandemia.
El jueves también fueron registrados 69.826 nuevos casos de la enfermedad, un número ligeramente inferior al récord de 70.574 contagios contabilizados el miércoles y el segundo mayor desde que el país sufrió el primero, el pasado 26 de febrero, con lo que el total de contagiados llegó a 7.110.434.
Los datos confirman a Brasil, con sus 210 millones de habitantes, como uno de los epicentros globales de la pandemia y el segundo país con mayor número de muertes por covid, después de Estados Unidos, y el tercero con más casos, tras Estados Unidos e India.
Pese a que el Ministerio de Salud aún no ha reconocido que Brasil está enfrentando una segunda ola de la pandemia sin haber superado la primera, los gobiernos regionales admiten que la situación se ha recrudecido y han vuelto a anunciar medidas de distanciamiento social para intentar frenar el avance del coronavirus.
El Gobierno brasileño anunció el miércoles las líneas maestras de su futuro plan de vacunación contra la covid-19, que prevé inmunizar a los 210 millones de habitantes en unos 16 meses, pero aún no ha fijado una fecha de inicio del proceso.
Por su parte, la Corte Suprema avaló el jueves por una amplia mayoría que la vacuna contra la covid-19 sea obligatoria en el país y permitió a gobiernos regionales y municipales a imponer sanciones para quien no lo haga.
El fallo no significa que la población será vacunada a la fuerza, pero abre la puerta a que las autoridades adopten «medidas indirectas» para fomentar la inmunización, como la exigencia del comprobante de vacunación para acceder a servicios.
