Lima, 28 diciembre.- La Defensoría del Pueblo exigió este lunes una «rendición de cuentas a todo el Estado» peruano, al que acusó de haber «desatendido completamente» las recomendaciones de la institución durante su gestión «monopolizada» de la crisis sanitaria del coronavirus.
En una conferencia sobre el balance anual de su labor, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, criticó la «monopolización de la gestión sanitaria» durante la pandemia por parte del Estado peruano, que «no ha sido capaz de articularse con el sector privado», ni de atender las sugestiones de la Defensoría.
«Demandamos la rendición de cuentas de todo el Estado», al que «es exigible una gestión eficiente» porque, de no ser así, «no hay mascarillas, no hay oxígeno, no hay camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), no hay vacuna», lamentó Gutiérrez.
RECOMENDACIONES DESATENDIDAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA
En su discurso, el Defensor de Pueblo exigió al Ejecutivo «responder» a las recomendaciones de la institución sobre el COVID-19, «tal como lo establece la Constitución sobre el deber de colaboración».
«Advertimos diversas recomendaciones relacionadas a camas UCI, oxígeno, la necesidad de prevenir los conflictos sociales, el acceso a las vacunas» y muchas de ellas «han sido completamente desatendidas», espetó.
En concreto, Gutiérrez destacó la omisión del Gobierno ante su compromiso de garantizar un reparto de mascarillas gratuitas a nivel nacional, así como el incumplimiento con «ninguna de las cifras que se anunciaron sobre la disponibilidad de las camas UCI», que en todo el país ascienden a 1.400 pero «poco más de 1.300 ya están ocupadas».
Entre la críticas también figuró la «incapacidad» de los organismos públicos de «estructurar la información» de forma adecuada, algo considerado «clave» para la toma de «decisiones eficientes».
«Tenemos instituciones distintas dentro del Estado que se contradicen» y, «si eso lo combinamos con el discurso triunfalista de que la vacuna ‘ya va a llegar’, todo termina dando una señal equivocada».
En este sentido, insistió Gutiérrez, «la obligación que tiene el Ejecutivo es de informar sobre su gestión» y, por este motivo, la Defensoría del Pueblo ha solicitado recientemente «todas las actas del Consejo de Ministros».
FALTA DE VACUNAS
La misma transparencia y necesidad de cooperación con el sector privado fueron exigidas en relación con las negociaciones por la obtención y distribución de la vacuna contra el COVID-19 en el país, que todavía no ha cerrado ningún acuerdo bilateral con laboratorios.
«En abril, advertimos que el Estado no había sido capaz de articular al sector privado durante la emergencia sanitaria» y este era «un desafío indispensable» que hoy explica porqué el Perú todavía «no tiene vacunas».
Perú, que pertenece a la Alianza del Pacífico, es «el único país» sin vacuna y sin «la certeza de cuándo» estará disponible, lamentó el Defensor, quien pidió claridad al Ejecutivo en la «organización de la vacunación».
«Una cosa es que el contrato (con los laboratorios) tenga cláusula de confidencialidad y otra cosa muy distinta es que el contrato sea secreto», agregó.
A la expectativa de una segunda ola de contagios, Perú ha sido uno de los epicentros mundiales de la pandemia durante el primer pico, hasta ser el país con la tasa de mortalidad más alta por coronavirus.
De acuerdo con las últimas cifras oficiales, el virus ha dejado en el país sudamericano cerca de 1.007.660 contagios y más de 37.470 fallecidos con prueba positiva de la covid-19.