Managua, 6 enero.- La Comisión de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, pidió este miércoles, Día de Reyes, el fin “a las torturas” en Nicaragua, así como la persecución a periodistas y opositores peros, así como a leyes que consideró carentes de fundamentos.
“Fijemos nuestra mirada en Cristo para que se ponga término a las torturas, la persecución a periodistas, el hostigamiento a las familias de los presos injustamente detenidos, actos que intentan justificarse promulgando leyes injustas e inmorales”, destacaron los religiosos, en un mensaje público.
La posición de la Iglesia católica, que se considera “perseguida” en Nicaragua, se da en un contexto en el que el Gobierno del presidente Daniel Ortega es señalado de cometer crímenes “de lesa humanidad” contra opositores, que incluyen actos de tortura, cárcel, tratos crueles e inhumanos, desapariciones, desplazamientos forzados o ejecuciones extrajudiciales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En diciembre pasado, dichas acciones mostraron un repunte, según el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco, mientras que el gremio periodístico denunció nuevas agresiones, y organismos defensores de los derechos humanos advirtieron nuevas leyes aprobadas por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional incrementan el control del Gobierno de Ortega sobre el comportamiento de los ciudadanos, tanto en público como en privado.
El clero, que siempre ha criticado las acciones de Ortega que considera erradas, reiteró su disposición de promover cambios que pongan fin al contexto de crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018.
“Nos abandonaremos cada vez más en Él (Cristo), príncipe de la paz, para construir una sociedad basada en la caridad, la justicia, la verdad y las libertades fundamentales del ser humano, valore supremos de los que estamos careciendo”, concluyó la Arquidiócesis.
Las relaciones entre la Iglesia católica y Ortega, que nunca han sido buenas, se rompieron en julio de 2018, cuando el presidente nicaragüense acusó al Episcopado de apoyar un supuesto golpe de Estado contra su Gobierno, debido a que la mayoría de obispos y sacerdote abrieron las puertas de los templos para dar refugio miles de manifestantes que huían de los ataques amados de policías y civiles armados en contra de las protestas masivas antigubernamentales.
La CIDH calculó en 328 el número de muertos en dichos ataques, mientras organismos locales sostienen que la cifra aumentó hasta 684, por su parte, Ortega ha admitido 200 víctimas.
Esta es la segunda vez que Nicaragua vive una crisis sociopolítica sangrienta en los últimos 40 años, ambas bajo la presidencia de Ortega, y con la Iglesia católica buscando una solución.
