México, 13 enero.- Amnistía Internacional (AI) le pidió al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, de acuerdo a un informe divulgado por AI América divulgado este miércoles.
Como recuerda AI, en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Munich en 2009, Biden dijo a su audiencia: «Defenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo».
«Una docena de años después, mientras se dispone a entrar en la Casa Blanca como presidente, Biden tiene la oportunidad de hacer realidad aquellas palabras. No debe dejarla pasar», dijo AI en su informe.
Además, pidió a la nueva administración encabezada por Biden dar «prioridad» y «recursos» al cierre de este penal ubicado en la base naval que Estados Unidos mantiene en el territorio de Guantánamo, en Cuba.
El informe documenta un catálogo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los detenidos en el campamento, «donde las víctimas de la tortura son retenidas con una atención médica inadecuada, por tiempo indefinido y en ausencia de juicios justos», expresó la organización en un comunicado.
AI insistió en que es necesaria «una nueva urgencia y energía» comprometidas con la verdad, la rendición de cuentas y las compensaciones, además del reconocimiento de que la actividad de este centro de detención debe cesar.
El expresidente Barak Obama (2009-2017) hizo del cierre de la base una de sus prioridades como presidente y, aunque no logró su objetivo, consiguió vaciar parte del penal al transferir a un total de 196 detenidos a terceros países, con lo que al día de hoy únicamente quedan en esa cárcel 41 presos.
Ya durante la campaña para las elecciones de 2016, el todavía presidente de Estados Unidos Donald Trump se mostró contrario a las transferencias de presos y prometió mantener y ampliar esa cárcel para llenarla -dijo- de «tipos malos».
El penal de Guantánamo llegó a albergar a 800 presos poco después de su apertura, ordenada por el entonces presidente estadounidense, George W. Bush (2001-2009), tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
En 2011, la organización internacional Wikileaks inició la filtración, junto con otros organismos similares, de documentos sobre Guantánamo, incluyendo dosieres, entrevistas y memorias clasificados por el Gobierno estadounidense que demostraban que la prioridad del centro era conseguir información, independientemente de la fragilidad mental de los reos.
A día de hoy, todavía hay 40 personas privadas de su libertad en el penal y la rendición de cuentas por los crímenes realizados en sus 19 años funcionando todavía no se ha completado, alegó la organización.
«El Gobierno, no los detenidos, debe aceptar los costes de estas decisiones ilegales. Ahora deben utilizar todas las medidas necesarias a nivel ejecutivo y otros niveles para corregir los errores de los que es responsable y hacerlo de forma ilegal», terminaron.
Como recuerda AI, en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Munich en 2009, Biden dijo a su audiencia: «Defenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo».
«Una docena de años después, mientras se dispone a entrar en la Casa Blanca como presidente, Biden tiene la oportunidad de hacer realidad aquellas palabras. No debe dejarla pasar», dijo AI en su informe.
Además, pidió a la nueva administración encabezada por Biden dar «prioridad» y «recursos» al cierre de este penal ubicado en la base naval que Estados Unidos mantiene en el territorio de Guantánamo, en Cuba.
El informe documenta un catálogo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los detenidos en el campamento, «donde las víctimas de la tortura son retenidas con una atención médica inadecuada, por tiempo indefinido y en ausencia de juicios justos», expresó la organización en un comunicado.
AI insistió en que es necesaria «una nueva urgencia y energía» comprometidas con la verdad, la rendición de cuentas y las compensaciones, además del reconocimiento de que la actividad de este centro de detención debe cesar.
El expresidente Barak Obama (2009-2017) hizo del cierre de la base una de sus prioridades como presidente y, aunque no logró su objetivo, consiguió vaciar parte del penal al transferir a un total de 196 detenidos a terceros países, con lo que al día de hoy únicamente quedan en esa cárcel 41 presos.
Ya durante la campaña para las elecciones de 2016, el todavía presidente de Estados Unidos Donald Trump se mostró contrario a las transferencias de presos y prometió mantener y ampliar esa cárcel para llenarla -dijo- de «tipos malos».
El penal de Guantánamo llegó a albergar a 800 presos poco después de su apertura, ordenada por el entonces presidente estadounidense, George W. Bush (2001-2009), tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
En 2011, la organización internacional Wikileaks inició la filtración, junto con otros organismos similares, de documentos sobre Guantánamo, incluyendo dosieres, entrevistas y memorias clasificados por el Gobierno estadounidense que demostraban que la prioridad del centro era conseguir información, independientemente de la fragilidad mental de los reos.
A día de hoy, todavía hay 40 personas privadas de su libertad en el penal y la rendición de cuentas por los crímenes realizados en sus 19 años funcionando todavía no se ha completado, alegó la organización.
«El Gobierno, no los detenidos, debe aceptar los costes de estas decisiones ilegales. Ahora deben utilizar todas las medidas necesarias a nivel ejecutivo y otros niveles para corregir los errores de los que es responsable y hacerlo de forma ilegal», terminaron.
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