Cartagena (Colombia), 23 enero.- A menos de un mes de que se conmemore el vigésimo primer aniversario de la masacre de El Salado perpetrada en el año 2000, cuando más de 60 campesinos fueron asesinados, Yirley Velasco y diez miembros de esta comunidad del departamento colombiano de Bolívar (norte) vuelven a ser amenazados de muerte.
Desde hace tres años Velasco, joven lideresa social y su familia conviven con frecuentes amenazas que atribuye a su trabajo de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual e intrafamiliar que desarrolla desde la Asociación Mujeres Sembrando Vida.
«De los 200 casos (de violencia sexual) que hemos atendido desde 2004 cuando arrancamos con la asociación hay unos bastante fuertes, entonces yo relaciono el tema de las amenazas a mi trabajo con las mujeres porque hay mucha gente que no quiere que se hable», asegura, en una entrevista telefónica con Efe.
«A mí sí que me lo han dejado claro: ‘no tienes por qué acompañar a nadie, no seas sapa’ (delatora)», recuerda sin que se le quiebre la voz.
En los años anteriores las amenazas habían sido solo contra ella y su familia pero en esta última han sido mayores, a más gente y, sobre todo, contundentes: «Sentencia de muerte», comienza el panfleto enviado este fin de semana por una organización paramilitar autodenominada «Águilas Negras» en la que aseguran que van a «limpiar la comunidad de esta plaga de gente».
Ahí «ya incluyeron a otras personas que han sido líderes sociales y otros que solo son miembros de la comunidad»; esto sumado a que en el panfleto «pusieron nuestras caras, tiene a la gente aterrorizada», asevera.
VIOLENCIA ANUNCIADA
Estas nuevas amenazas traen a la memoria las que precedieron la masacre del 2000 cuando unos 450 paramilitares del bloque héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llegaron hasta el pueblo y en la cancha de fútbol asesinaron a los campesinos ante la mirada inerme de todos sus vecinos.
El Salado fue la última y más sanguinaria parada de un recorrido de muerte que comenzó el 15 de febrero de ese 2000; aquel día los paramilitares instalaron un retén cercano al pueblo en el que asesinaron a cinco personas, luego en los dos días siguientes recorrieron los poblados de Flor del Monte, San Rafael, Canutal y Canutalito donde dejaron una estela de muerte de 42 personas más.
A El Salado llegaron el 18 y entre ese día y el 22 masacraron a más de 60 campesinos bajo la justificación de que todos eran guerrilleros o auxiliadores de la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC.
La sevicia incluyó torturas, degüellos, decapitaciones, empalamientos y violaciones a mujeres, hombres y niños.
Velasco no olvida que mientras masacraban a su pueblo, a ella, que entonces tenía solo 14 años, varios paramilitares la violaban en repetidas ocasiones.
Con preocupación afirma que una de las amenazas virtuales que recibieron decía que hace 21 años todo había comenzado también con «panfletos, y claro ya conocemos el resultado».
La lideresa asegura que varias personas del pueblo han comentado que unos 15 días atrás vieron un grupo de siete u ocho hombres armados con armas largas y vestidos de negro que cruzaron por El Salado.
Esta zona que hace parte de la subregión de los Montes de María, en el norte de Colombia, es un territorio en el que hacen presencia grupos armados ilegales, herederos de los otrora paramilitares vinculados a actividades de narcotráfico, minería ilegal, desplazamiento forzoso y despojo de tierras.
A principios del año pasado la Defensoría del Pueblo volvió a advertir en una alerta temprana sobre la «presencia del grupo armado pos desmovilización, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)», los mismos paramilitares que ya figuraban en otra alerta temprana del 2018, en la que se anotaba que «este grupo consolidó su presencia en el municipio del Carmen de Bolívar desde el año 2015».
Tras los hechos de esta semana, la Defensoría envió una delegación a El Salado y pidió a la Fiscalía que tome «medidas urgentes» para «la protección de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la comunidad de El Salado» y para encontrar a los autores de las amenazas.
JUSTICIA Y SEGURIDAD
Dos días después de las intimidaciones, las autoridades municipales y militares realizaron un consejo de seguridad en el que se acordó que se fortalecerá el pie de fuerza y se intensificarán los controles para prevenir delitos contra la libertad personal, pero la gente no quedó contenta porque dicen estar cansados de que se hagan compromisos que no se cumplen.
«La comunidad espera que se cumpla; para eso se hacen investigaciones, para mostrar resultados», dice Velasco al tiempo que lamenta que el alcalde del Carmen de Bolívar, Carlos Torres, haya atribuido las amenazas a «líos de faldas».
El Salado es un caluroso caserío del municipio del Carmen de Bolívar, de calles polvorientas, con precarios servicios públicos y casas, muchas aun de paredes de bahareque y techos de paja, al que se accede por un camino que en invierno se vuelve difícil de transitar.
MIEDO Y POBREZA
A El Salado solo le queda el recuerdo de sus muertos porque a pesar de que la masacre dirigió la mirada de todo el mundo hacia el pueblo, su condición de pobreza extrema sigue igual que siempre.
«Después de la masacre El Salado ha sido una comunidad muy intervenida, acá se desarrollaron muchos proyectos pero ninguno dio frutos, la gente sigue desempleada y pasando hambre; ni siquiera el cultivo del tabaco sirve porque los precios están por el piso», explica Velasco.
En El Salado no hay empresas ni fuentes de empleo formales y los campesinos sobreviven con cultivos de maíz, yuca, ají, plátano, ñame y aguacate.
También hay mucha gente afectada psicológicamente porque «ni siquiera el acompañamiento psicosocial se ha brindado como debe ser, allá nos mandan una psicóloga para atender a 200 personas en tres horas -sentencia-. Eso no sirve para nada».
Ricardo Maldonado Rozo
