San Salvador, 29 enero- Las denuncias de violaciones a la libertad de prensa en El Salvador se elevaron más del 62 % en 2020 respecto al año anterior, de acuerdo con un informe dado a conocer este viernes por la Asociación de Periodistas del país (APES).
La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, manifestó en una conferencia de prensa que «es bastante preocupante» el «constante aumento en vulneraciones a la prensa».
Detalló que en 2020 se registraron 125 vulneraciones contra el ejercicio periodístico, mientras que en 2019 se computaron 77 y en 2018 un total de 65.
De acuerdo con estos datos, las supuestas violaciones a la libertad de prensa casi se duplicaron con un 92,3 % de incremento en 2020, respecto al 2018.
La comunicadora indicó que estas afectaciones son atribuidas en más del 90 % al Estado, principalmente a funcionarios del Ejecutivo de Nayib Bukele.
Las «agresiones» al gremio se centraron principalmente en restricciones al ejercicio periodístico con 34 casos, ataque digital en 23 ocasiones, bloqueos al acceso a la información pública con 20 denuncias y despido injustificado en 14 ocasiones.
Además recordó la audiencia que enfrentó el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre pasado.
En esa ocasión, el relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, indicó que «se han denunciado por parte de la sociedad civil asuntos que están bastante mal, delicados y graves, pero también hay que advertir que esto puede empeorarse».
Cárcamo indicó que los periodistas salvadoreños también han «sufrido amenazas a la vida» por miembros de la Policía y del Ejército.
Agregó que las vulneraciones se concentraron en el 2019 en febrero, en el marco de las elecciones presidenciales, mientras que en 2020 se dieron a lo largo del año.
La presidenta de la APES subrayó a la asociación también le preocupa que la forma de los ataques contra las mujeres periodistas «es mucho más agresiva», principalmente «en el plano digital, donde hay una carga misógina considerable».
«No solo hay agresión por su labor informativa, sino que hay una carga de afectación por su condición de género, que es algo que no podemos permitir en nuestro país», sostuvo.
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