Buenos Aires, 1 febrero.- La Justicia argentina concedió una rebaja de diez meses en la condena por corrupción al vicepresidente de ese país durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), Amado Boudou, por un criterio de «estímulo educativo» al haber realizado varios cursos de formación.
Según el fallo, al que tuvo acceso Efe, el juez federal Daniel Obligado le concedió al exvicepresidente la rebaja en su condena por el caso Ciccone Calcográfica y, de esta forma, quedó en situación de pedir salidas transitorias, mientras cumple la pena en prisión domiciliaria.
El 3 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de Argentina había confirmado la condena a cinco años y diez meses de cárcel por cohecho pasivo y otros delitos recibida en 2018 por Boudou.
Al momento de recibir la condena firme, el exvicepresidente gozaba de prisión domiciliaria a la que había sido beneficiado por el mismo juez Obligado en abril del año pasado, debido a que el fallo no estaba firme y por la situación de pandemia de la covid-19.
Recién el 31 de diciembre pasado, casi un mes después de confirmada la sentencia, Obligado revocó la prisión domiciliaria, pero la medida ha sido apelada por la defensa y está pendiente de definición por parte de la Cámara Federal de Casación Penal.
Y el 29 de enero último, Obligado firmó un fallo en el que resolvió «hacer lugar a la solicitud de estímulo educativo» que había presentado la defensa de Boudou «y en ese sentido reducir en diez meses los plazos para el avance del nombrado dentro de la progresividad del régimen penitenciario».
Con el reconocimiento de estos diez meses, Boudou ya estaría cumpliendo la mitad de su condena, lo que lo habilita a pedir salidas transitorias, lo cual podría reforzar los argumentos para que no vuelva a la prisión común.
El concepto “estímulo educativo” está previsto en la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad.
La reducción en la pena se motivó en cinco cursos de formación que tomó Boudou, de acuerdo con el fallo, brindados en las instalaciones del Servicio Penitenciario Federal: «Programador de sistema de base de datos de computadoras personales», «Montador electricista», «Electricista instalador», «Práctico en organización de eventos» y «Taller de Filosofía».
También, por haber cumplido el ciclo lectivo, de abril a noviembre pasados, correspondiente a la Diplomatura Superior «Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas», en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
LA INVESTIGACIÓN
El 7 de agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) había considerado al exfuncionario culpable de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone, en tiempos en que era ministro de Economía (2009-2011), también con Cristina Fernández como presidenta.
La Justicia considera que Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona, adquirió la empresa quebrada Ciccone Calcográfica – después denominada Compañía Sudamericana de Valores- cuando el primero era ministro, con el fin de imprimir billetes y documentación oficial.
En 2010, un juzgado declaró la quiebra de la imprenta por deudas en concepto de impuestos, pero la Justicia levantó esa quiebra poco después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, considerado testaferro de Boudou.
Según el expediente, Boudou se aprovechó de su cargo y acordó junto a Núñez Carmona con los dueños de la imprenta la cesión del 70 % de la firma a cambio de la realización de los actos necesarios para que esta pudiera volver a operar y firmar contratos con la Administración.
La Justicia acusó al exvicepresidente de implicarse de forma directa en el trámite de un plan de pagos al Fisco y de intervenir para que se levantara la quiebra de la empresa y obtener así el certificado fiscal para firmar contratos con el Estado.
