San José, 12 feb – El Estado colombiano reconoció de forma parcial este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos contra miembros y seguidores del Partido Unión Patriótica ocurridas a partir de 1984, mientras que los demandantes pidieron a los jueces una sentencia integral que reconozca a más de 6.000 víctimas.
Los jueces de la Corte Interamericana (CorteIDH) escucharon los alegatos finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los representantes de las víctimas y del Estado colombiano, con lo que este viernes terminó la audiencia por esta demanda por la persecución contra el izquierdista Partido Unión Patriótica por al menos 20 años, que habría dejado unas 6.000 víctimas de asesinatos, desapariciones, amenazas, desplazamiento, entre otros.
Estos hechos habrían sido cometidos por agentes estatales o en complicidad o tolerancia de estos con grupos paramilitares.
RECONOCIMIENTO LIMITADO
«El Estado reitera que reconoce su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al reconocimiento de persona jurídica, a la libre asociación, a la libertad personal, a la libertad de circulación, a los derechos políticos y a las garantías judiciales y protección judicial», declaró el agente estatal Camilo Gómez, quien es director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
El representante pidió, en nombre del Estado, perdón a las víctimas, pero aclaró que el reconocimiento de responsabilidad «está limitado a las victimas debidamente individualizadas» en la demanda presentada por la CIDH a la CorteIDH.
A juicio del Estado, estas personas debidamente individualizadas son 219 y no las 6.000 que contempla la demanda.
Gómez aseguró que el Estado colombiano «está comprometido al esclarecimiento integral de la victimización contra los miembros y militantes de Unión Patriótica a través de los mecanismos de la justicia transicional» interna.
La representante de la CIDH, Antonia Urrejola, afirmó que están debidamente documentadas las violaciones a los derechos de las 6.000 víctimas que se incluyeron en la demanda.
«La persecución a Unión Patriótica es un fenómeno complejo y es precisamente el Estado el que ha tenido por varias décadas el deber de esclarecer lo ocurrido a las más de 6.000 víctimas y no lo ha hecho. Las violaciones comparten un vínculo y ocurrieron con participación del Estado en diversas formas, niveles y momentos», manifestó Urrejola.
La representante de la CIDH detalló que en el caso están documentados 3.134 casos de privación al derecho a la vida de integrantes y militantes de la Unión Patriótica, 514 desapariciones, 501 amenazas y hostigamiento, 1.600 desplazamientos forzados, 291 tentativas de homicidio, así como casos de uso arbitrario del derecho penal y cientos de personas cuyo proyecto de vida les fue afectado gravemente.
«Hay una evidente responsabilidad del Estado por estos hechos que comenzaron a ocurrir hace más de 35 años y que aún están en la impunidad», aseveró Urrejola, quien subrayó que está claro el patrón de «exterminio de un proyecto político».
LA JUSTICIA TRANSICIONAL
En los alegatos finales el Estado pidió a la Corte que su sentencia reconozca y fortalezca el trabajo de los mecanismos de justicia transicional de Colombia que está abordando este tipo de casos, y que le permita realizar esas labores con independencia.
La CIDH afirmó ante los jueces que este caso no versa sobre la justicia transicional ni la Jurisdicción Especial para la Paz de ese país, pues esos mecanismos no excluyen la acción de la justicia internacional.
Jahel Quiroga, representantes de un grupo de victimas de este caso, expresó que hubo un «genocidio político propiciado por acciones y omisiones del Estado» y agregó que «se ejecutaron planes de exterminio».
«La violencia contra la Unión Patriótica solo podrá encontrar verdadera justicia cuando todas las autoridades competentes investiguen y esclarezcan todo el exterminio en su completa dimensión y se sancione a los responsables», declaró.
Los demandantes solicitaron a la Corte una sentencia integral que repare a las más de 6.000 víctimas y sus familias, que obligue al Estado a investigar todas las violaciones a los derechos humanos y se garantice la no repetición de hechos similares.
Tras la audiencia, las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte emitirá un fallo en los próximos meses.
