La Paz, 12 feb – Un juzgado boliviano sentenció este viernes a dos años de prisión al líder aimara Rafael «El Tata» Quispe dentro de un proceso por acoso político que le inició una dirigente campesina a la que denunció por supuesta implicación en los manejos irregulares de un fondo estatal para proyectos indígenas.
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer dispuso que Quispe, conocido por su picardía y popularidad en redes sociales, deberá cumplir la sentencia en la cárcel de San Pedro en La Paz.
«En Bolivia delito había sido denunciar la corrupción. Hoy he sido sentenciado por un proceso injusto que ha llevado el Ministerio Público por el supuesto delito de acoso político por haber denunciado la corrupción del Fondo Indígena», lamentó Quispe en un video difundido en su cuenta en Facebook.
El aimara, que postula a la Gobernación de La Paz por la alianza Somos Pueblo, aseguró que no escapará y que se presentará «ante la Justicia», aunque cuestionó que «los que han robado» los fondos estatales «no han sido sentenciados ni un día».
El caso data de 2015, cuando la líder campesina Felipa Huanca, del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), demandó penalmente a Quispe por «acoso político», alegando que la denuncia que el indígena presentó en su contra por supuesta corrupción perjudicó entonces su candidatura a la Gobernación de La Paz con información falsa.
El nombre de Huanca figuraba en un informe de la Contraloría General del Estado de 2015 sobre manejos irregulares en diversos proyectos financiados por un fondo creado por el entonces presidente Evo Morales para impulsar planes de desarrollo con indígenas y campesinos.
Aquel informe estableció que hubo un daño al Estado por 14,6 millones de dólares en proyectos que fueron financiados pero nunca se concretaron o que tuvieron irregularidades, lo que derivó en la investigación a varios dirigentes campesinos e indígenas afines al MAS denunciados por desembolsos directos de ese dinero a sus cuentas personales.
Siendo diputado, Quispe impulsó un proceso por las irregularidades en este fondo, un caso que por ahora no tiene avances significativos.
El juez José Luis Quiroga, miembro del tribunal que sentenció a Quispe, explicó que un parlamentario puede fiscalizar, pero no afectar la reputación de una mujer, lo que consideran que ocurrió en este caso.
El abogado defensor del aimara, Eduardo León, dijo al canal Unitel que la sentencia «es de carácter político» y denunció que hubo una presión «evidente» del oficialismo en este caso.
León aseguró que la candidatura de Quispe «está intacta» pues aun tienen la posibilidad de presentar una apelación ante instancias superiores.
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