La «pesadilla» sigue en la Nicaragua de Ortega, según Amnistía Internacional

Managua, 15 febrero.- Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que el Gobierno que preside en Nicaragua el sandinista Daniel Ortega «ha reprimido todas las formas de disidencia o crítica» desde que estalló la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018, y que «la pesadilla continúa».

En un informe titulado «En Silencio a cualquier precio: tácticas de Estado para profundizar la represión en Nicaragua», AI señala al Gobierno sandinista de usar diversas estrategias para silenciar críticas y demandas sociales, lo cual ha profundizado la crisis de derechos humanos que estalló hace 34 meses.

«Las autoridades han seguido una política de erradicación, a toda costa, del activismo y la defensa de los derechos humanos», sostuvo AI en el nuevo informe, en el que expone las estrategias utilizadas por las autoridades «responsables de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país, donde quien se oponga a las políticas gubernamentales puede perder su libertad e incluso sus vidas».

USO DEL SISTEMA DE JUSTICIA

«Durante casi tres años, el Gobierno de Daniel Ortega ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que los derechos humanos se conviertan en una realidad en Nicaragua», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

Las autoridades, continuó, «deben dejar de pisotear continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión».

Guevara-Rosas comentó que cuando las imágenes de la «violenta represión de las protestas masivas, que estallaron en respuesta a una serie de reformas al sistema de seguridad social, aparecieron en las portadas de los principales periódicos de todo el mundo en 2018, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había alcanzado su punto máximo».

«Sin embargo, la pesadilla continúa», advirtió la activista, que observó que las organizaciones locales continúan criticando el uso que hace el Gobierno del sistema de justicia para encarcelar a activistas tras procedimientos arbitrarios.

EL CALVARIO DE LOS «PRESOS POLÍTICOS»

A finales de noviembre de 2020, cuando se finalizó el informe, más de 100 personas permanecían tras las rejas únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, según AI.

Asimismo, advirtió que la situación de los denominados presos políticos no mejora significativamente «incluso después de salir de prisión».

«Los activistas liberados y sus familiares informan que el nivel de acoso que experimentan tras su regreso a casa es tal que les impide realizar sus actividades diarias, como trabajar o estudiar, y que continuar con su activismo conlleva un alto riesgo para su vida y libertad», indicó el organismo.

Los tipos de acoso han incluido controles excesivos por parte de funcionarios de inmigración y policía en las fronteras con países vecinos, una fuerte presencia policial en eventos religiosos, vigilancia continua de sus hogares por parte de agentes de policía, arrestos, agresiones físicas, amenazas verbales directas de los agentes de policía, sus hogares ser manchados de amenazas y agredidos, y daños a sus pertenencias y medios de vida, mencionó.

PERIODISTAS Y DEFENSORES EN LA MIRA

Por otro lado, AI señaló que periodistas y defensores de derechos humanos «viven en un ambiente de hostigamiento permanente» por parte de las autoridades.

«Para muchos, esto incluye la cancelación de su registro legal, la incautación de sus bienes y, recientemente, la destrucción de sus locales. Además, en octubre de 2020 el estado inició un proceso para aprobar un paquete de leyes que atentan contra el ejercicio de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión», anotó.

AI instó a la comunidad internacional a «dar pasos decisivos para poner fin a la pesadilla en la que vive la población y actuar para brindar pleno apoyo a todos aquellos que continúan luchando por una Nicaragua libre de represión».

Las constantes amenazas y hostigamientos han provocado que cientos de miles de personas, incluidos periodistas y defensores de los derechos humanos, huyan a otros países para salvaguardar su libertad y sus vidas, agregó.

«Las opciones eran: la cárcel, el cementerio o el exilio», dijo a AI Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos que ahora vive fuera de Nicaragua.

Según AI, los defensores de los derechos humanos temen que lo peor esté por venir y sostienen que, en el período previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, las violaciones de derechos humanos, que no han cesado, se intensificarán a medida que el Gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición o crítica.