Bogotá, 18 feb – Seis miembros del antiguo secretariado de la guerrilla de las FARC asumieron este jueves su responsabilidad en los secuestros y otros crímenes de guerra por los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) los acusó el pasado mes, y aseguraron que entregarán una respuesta al auto «en el plazo señalado».
«Asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino», alegaron en un comunicado conjunto publicado por el último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como «Timochenko».
La JEP, tribunal creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, determinó el pasado 28 de enero que los ocho miembros del Secretariado de las FARC, máximo órgano de decisión de la guerrilla, tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los horrores que les causaron durante el conflicto armado, en una decisión inédita y esperada durante décadas por miles de víctimas.
Con ello, los acusó de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, y les dio un plazo 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.
En el primer caso se les impondrán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, no tras las rejas, pero en el caso contrario se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.
En el comunicado, Londoño, los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo y los también exjefes guerrilleros Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra y Pastor Alape aseguran que entregarán «en el plazo señalado por la JEP» la respuesta al auto, «siempre en el sentido que reclama una sociedad que exige el cese de la violencia política y se consolide por fin la paz con justicia social en Colombia».
«Se ha reconocido tanto en la JEP como ante la opinión pública nuestra responsabilidad en el secuestro, y el sufrimiento generado a las víctimas», recuerdan los firmantes, que no especifican explícitamente si reconocerán su autoría formalmente.
Además, piden a «los demás actores civiles y militares que tienen responsabilidades en el conflicto» que aporten su verdad, el mismo día en que la JEP se ha pronunciado sobre otro de los macrocasos, elevando a 6.402 las víctimas de «falsos positivos», y situándolas sobre todo en el periodo de Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Los «falsos positivos» son como se conocen en Colombia los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate, entre 2002 y 2008.
El 4 de julio de 2018 la JEP, que no juzga casos individuales, abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado relacionado con «el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012», en el que tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.
Ese ha sido también el primer caso sobre el que la Justicia de Paz se ha pronunciado, en una decisión que causó gran impacto en Colombia que durante los años 90 fue el país con más secuestros del mundo.
Los líderes de las FARC están llamados además a aceptar el sufrimiento infligido a las víctimas, la barbarie con la que las sometieron y las afectaciones morales causadas cuando intentaron justificar estos crímenes.
«Nosotros fuimos y somos una organización de carácter revolucionario, por lo cual nuestro actuar insurgente siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad (…), pero también reconocemos que en ese proceso se presentaron hechos y conductas sancionables», alegaron hoy los exintegrantes de las FARC.
El comunicado emitido por los antiguos integrantes de las FARC no está firmado por dos de los acusados, los excabecillas Milton de Jesús Toncel y Juan Hermildo Cabrera.
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