Santiago de Chile, 19 febrero.- La Justicia chilena dejó sin efecto las órdenes de expulsión de 23 migrantes venezolanos que ingresaron de manera irregular por la frontera norte, 13 de los cuales fueron deportados por el Gobierno hace más de una semana, informó este viernes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Los migrantes entraron a Chile en febrero por pasos clandestinos con Bolivia, una zona que desde hace semanas vive una gran crisis migratoria que ha desbordado a varias localidades fronterizas.
La Corte de Apelaciones de Iquique acogió el recurso de amparo que el independiente INDH presentó el pasado 9 de febrero y resolvió que la expulsión «no respetó las garantías constitucionales» de los migrantes.
Según el dictamen, las autoridades no llevaron a cabo ninguna «investigación ni procedimiento legal previo a la expulsión, exigido para el juzgamiento de toda persona (…) con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa».
El recurso del INDH planteaba que el motivo del desplazamiento de estas personas era «buscar protección por la crisis cívica, política y económica por la que atraviesa Venezuela, a lo cual se suma la crisis provocada por la pandemia de COVID-19».
Con esta resolución, que el Gobierno podría apelar, los venezolanos no podrán ser expulsados de forma inmediata y los que ya fueron deportados podrían regresar a Chile.
De los 23 venezolanos, 13 de ellos habían sido devueltos a su país el pasado 10 de febrero en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, como parte de una mediática operación del Gobierno en la que 138 migrantes fueron expulsados por mar y tierra.
Pese a las extremas temperaturas y a la pandemia de la covid-19, el paso fronterizo entre la pequeña localidad de Colchane (Chile) y Pisiga (Bolivia), en una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, se convirtió en los últimos meses en ruta para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular.
La entrada de más de un millar de extranjeros en menos de siete días en febrero provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros, además del colapso del sistema sanitario por la pandemia, que obligó a instalar campamentos de cuarentena preventiva para los migrantes.
La tensión en este paso fronterizo se agravó con el fallecimiento de dos extranjeros, un colombiano y un venezolano, hace dos semanas.
En Chile, un país que hasta el inicio de las protestas del pasado octubre era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población.
Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
En 2018, el actual mandatario, Sebastián Piñera, puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, pero se han aprobado solo cerca de un 27 % de las solicitudes.
