Empresarios de Panamá piden «consecuencias reales» ante el escándalo de abusos

Panamá, 28 febrero.- Los empresarios de Panamá pidieron este domingo «consecuencias reales» ante el caso de los abusos sexuales a menores en albergues del Estado a la vez que alertaron de la «necesidad de reformar» el Sistema de Justicia «con prontitud», tras la renuncia del fiscal general por este escándalo.

«Exigimos consecuencias reales ante las revelaciones de los informes con respecto a albergues que debían ser supervisados y monitoreados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y donde se detallan atrocidades inadmisibles; ante las cuales la justicia no puede continuar paralizada y muda», resalta un comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

La CCIAP detalló que hay una «necesidad de (hacer) reformas al Sistema de Administración de Justicia con prontitud», pues «ha empeorado durante la pandemia».

«Hoy, la mayoría ve sus derechos vulnerados frente a un sistema judicial que no es capaz de defender los más básicos derechos constitucionales de los ciudadanos en esta pandemia, que no muestra resultado alguno ante los numerosos casos de corrupción de alto perfil, que con su falta de resultados impide que el país se defienda de listas discriminatorias multicolores, y como si fuese poco, no logra proteger ni siquiera a los niños y adolescentes», agregan.

Hace dos semanas, una subcomisión parlamentaria destapó un escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos a decenas de menores de edad desde 2015 en al menos 14 albergues bajo la supervisión del Estado.

Aunque los albergues estén bajo la responsabilidad del Estado a través de la Senniaf -entidad estatal que está en el ojo del huracán señalada como principal responsable-, están administrados por varias ONG y fundaciones, a muchas de los cuales se les otorga subsidios públicos.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades han aplicado medidas urgentes para proteger a las victimas y no ha habido destituciones.

Estos hechos le costaron el cargo al fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, quien anunció el pasado miércoles su «renuncia irrevocable», y levantaron una ola de indignación social con protestas a nivel nacional.

«Hoy nos encontramos, nuevamente, frente al reto de una vacante en la Procuraduría General de la Nación, que ha dejado más preguntas que respuestas claras y verdaderas», señalaron los empresarios.

Añadieron que «llama la atención que luego de haber hecho carrera dentro del Ministerio Público, el Procurador General sustente su renuncia en un supuesto desconocimiento del escrutinio público del cargo y de la profundidad de las debilidades y necesidades del sistema para el cual se había comprometido a trabajar. Ante estos argumentos inconclusos y nada transparentes, la población merece respeto y explicaciones reales».

Tras la renuncia de Ulloa, el fiscal suplente Javier Caraballo asumirá el cargo hasta que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, nombre uno nuevo.

«Debemos acertar con este nombramiento, donde se requiere de una figura inmutable y con determinación, vertical, independiente, proba y que pueda liderar un Ministerio Público que, no solo persiga el delito, pero también lleve adelante procesos con resultados y consecuencias para quienes infringen la ley», detallaron.