Redacción AnalisisUrbano.com
Desde hace días Daniel se sentía presionado, los hombres que solían pasear armados por las calles de su barrio, ejerciendo control social y territorial, pusieron a correr el rumor que todos los jóvenes de San Gabriel, uno de los seis sectores que conforman la vereda La Loma del corregimiento San Cristóbal, debían ingresar a sus filas ilegales, portar armas de alto calibre e iniciarse en la vida criminal; de lo contrario serían asesinados.
A él la forzada invitación le llegó personalmente y su negativa ante la misma de inmediato lo ubicó como enemigo de aquellos armados que en el barrio llamaban “los de La Loma”. El susto no sería generalizado de no ser por las balaceras que eran ajenas a cualquier rutina, las balas podían impactar en cualquier momento.
De la operación Orión, cuentan los habitantes de San Gabriel, sólo quedó como herencia un grupo armado que, uniformado y con brazaletes en los que se leía la sigla AUC, desfilaba por las calles del barrio, imponía toques de queda nocturnos, no permitía grupos de más de tres personas hablando y prohibía que las mujeres, especialmente las jóvenes, vistieran faldas cortas.
Imagen de la operación Orión. www.las2orillas.co
Las ropas vistosas de insignia paramilitar, dicen, duró poco más de un año, pero quienes las vestían se quedaron a vivir en los hogares de las familias que fueron desplazadas a la fuerza, y con ellos se quedó el mandato del terror: el asesinato selectivo, la tortura, la desaparición de vecinos, el ultraje y la violación de mujeres fue la ley con la que se sometió a la población, pero el reclutamiento forzado fue el que inició el éxodo en San Gabriel.
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Diez años después, ya era conocido en Medellín y en el resto del Valle de Aburrá que los paramilitares ingresaron a la Comuna 13 y que buena parte del ingresó fue por San Cristóbal, también dejó de ser secreto que seguían ahí y cientos de víctimas aseguraron que trabajaban con connivencia de una parte del cuerpo policial. El 8 de marzo de 2013, vecinos de Daniel vieron a “los de La Loma”, los que se mantenían en San Gabriel, hablar con efectivos de la policía, pero como ellos mismos narran: “esa escena ya era parte del paisaje”.
Tomada de www.comunicaciones.acantioquia.org
Daniel desayunó junto a su pequeño hijo Jerónimo, de 4 años, y a Tatiana, su mujer, quien llevaba hacía casi cinco meses al próximo integrante de la familia en el vientre. Minutos antes de que saliera de casa para trabajar, la policía se retiró del sector; mientras tanto, él se despedía de esposa e hijos.
Era barbero y se dirigía hacia el local pero fue interceptado en el camino, los de La Loma le salieron al paso pocos metros después de salir de su hogar. Lo insultaron, lo desafiaron y lo amenazaron con sus armas. Le pidieron 5 mil pesos diarios, que al parecer era la cuota vital que debía pagar el joven que quisiera quedarse en el barrio desoyendo la orden de reclutamiento, pero Daniel no los dio.
Tal vez no los tenía, tal vez quiso resistir la advertencia. Cuentan sus vecinos que era un muchacho valiente y dolido, se negaba a aceptar que la injusticia se hiciera cotidiana en las calles barriales que lo vieron crecer. Pero la guerra no es clemente y mucho menos justa, los disparos sonaron y los asesinos huyeron. El cuerpo de Daniel reposaba en el suelo, cubierto de sangre y vacío de vida.
Los vecinos salieron a auxiliar, su esposa corrió para intentar salvarlo pero era tarde, San Gabriel no pudo más que llorar la pérdida de Daniel y aterrorizarse, aún más, por las amenazas que se iban a incrementar sobre la vida de sus jóvenes, de los hijos de la “vecindad del Chavo”, como solían llamar a este sector que albergaba más de 20 familias crecidas y criadas en comunidad.
La familia de Daniel fue la primera en marcharse, sabían quiénes eran los verdugos del joven y temían que ese conocimiento les costara la vida. Iniciaron lo que ellos mismos denominan “desplazamiento gota a gota”, que no es otra cosa que una huida entrecortada: poco a poco, y discretamente, retiran todo lo que pueden de sus hogares abandonando los bienes que llaman mucho la atención, hasta que llega el día forzado del no retorno y comienza la vida del sin destino.
Imagen de archivo. Homiciio en Loma San Cristóbal.
Desafiar el reclutamiento forzado se paga con la vida
Aunque el mandato del terror se mantiene en La Loma desde el 2002, año en que ocurrió la operación Orión, las balaceras sólo habían vuelto a sonar desde, aproximadamente, cinco años atrás. “Los de La Loma”, que en realidad pertenecen a la estructura delincuencial llamada “Bellavista” (“Urabeños”) empezaron a disputarse el dominio territorial de San Gabriel con “los de San Pedro” (“Pesebreros”) que realmente hacen parte de la organización criminal conocida como “La Oficina del Valle de Aburrá”.
San Gabriel, ubicado en el centro de una especie de sándwich entre el sector conocido como San Pedro y el resto de la vereda La Loma, es un sector importante porque de allí se desprenden múltiples caminos o trochas que pueden descender a buena parte de los barrios de la Comuna 13 y a algunos sectores de la Comuna 11 como La Floresta, por su parte ascendente conecta con rutas que llevan hacia el Urabá antioqueño y específicamente con las obras del megaproyecto que construirá el Túnel de Occidente. En otras palabras, es un corredor estratégico y quien lo controle no sólo tendría el dominio territorial de todos estos sectores sino que se aseguraría las rutas para el tráfico de drogas, armas, contrabando o cualquier tipo de mafia que genere ganancias; además conservaría en sus arcas la “vacuna” impuesta para la tranquila construcción del túnel, extorsión que, aseguran fuentes del mundo del hampa, suma cientos de millones de pesos.
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Los de la Loma temían perder el territorio y el control social se hizo más fuerte: nadie podía entrar por la parte de San Pedro hacía San Gabriel, si seis muchachos salían juntos del barrio debían regresar los mismos o no respondían por la vida del que ingresara de más o lo hiciera a destiempo, y el toque de queda era a las 8 de la noche para toda la comunidad, quien estuviera en las calles después de esa hora podría correr la suerte de ser asesinado. Los habitantes cuentan que al final del día, al llegar de trabajar y cansados pero empujados por la adrenalina que produce el miedo, corrían hacia sus casas para lograr cumplir el horario impuesto; cuando el tiempo definitivamente no se ajustaba a la necesidad, se veían obligados a alojarse por fuera del barrio: en el sitio que la economía permitiera, donde el familiar, amigo o conocido que los quisiera recibir o, simplemente, a la deriva.
Luego del crimen de Daniel el ambiente se tensionó aún más en San Gabriel y pareció como si las balaceras aumentaran. Un mes después, en una especie de ‘plan pistola’, que es un homicidio selectivo, un jefe de “los de La Loma” fue asesinado, al parecer, por los lados de El Cañón y Bellavista, dos sectores que también hacen parte de la vereda La Loma. Llenos de resentimiento por la pérdida, cargados de odio porque nadie de la comunidad denunció a los verdugos, y amparados bajo el poder que otorgan las armas, los compañeros del criminal pasaron por estos dos barrios el 6 de mayo de 2013, vociferando que todos los habitantes tenían hasta las 6 de la tarde del siguiente día para irse del territorio so pena de muerte para el que desobedeciera.
El 7 de mayo de ese año, 79 familias, casi 300 personas, salieron despavoridos de sus hogares. El desplazamiento forzado y masivo por fin logró volcar la mirada, especialmente la administrativa, hacia el delicado estado que atravesaba la vereda La Loma del corregimiento San Cristóbal y las alarmas se prendieron al interior y al exterior del sector. Por fuera, el gobierno municipal, como ocurre casi siempre, planeaba una solución localizada para una situación que ya había hecho metástasis; por dentro, el pánico aumentaba, sobre todo en San Gabriel, por miedo a una represalia generalizada.
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Y tenían razón. El 8 de mayo en San Gabriel, una vez más, se dio la orden que todo joven debía reclutarse e ingresar a las filas ilegales o, de lo contrario, tendría que irse del barrio; el desobediente pagaría con la vida tal desafío. A pesar de la advertencia y del peso que le aportaba a la misma la muerte de Daniel, Jota y algunos amigos se rehusaron al reclutamiento y tampoco contemplaron la otra opción.
Decían con rabia y con dolor que por qué debían marcharse de sus hogares, que por qué debían obedecer a unos extraños que ni siquiera eran del barrio, que por qué debían huir si ellos no habían hecho nada malo, así que optaron por quedarse. Cuando Jota volvía de comprar alimento para su perro en una tienda cercana a la casa, lo interceptaron y le dijeron “mi amor, tenés dos días para abrirte o ya sabés”. La amenaza vino con voz de mujer, porque las mujeres también tienen parte activa en esta guerra, pero tampoco logró intimidarlo.
Luego del incidente de El Cañón y Bellavista, San Gabriel también quedó con algo de vigilancia policial. Exactamente dos días después, el 10 del mismo mes, Jota salía rumbo al centro de la ciudad a trabajar en una bodega comercial. El barrio era una enorme familia y casi todos madrugaban y bajaban juntos a la vía principal para esperar el transporte hacia el trabajo. Algunos familiares de Jota, que salieron antes que él, cuentan cómo sintieron los silbidos sobre los techos de las casa, melodía de la muerte que hace las veces de santo y seña para avisar que el objetivo ha sido localizado.
Lorena, tía de Jota y adelantada por pocos metros en el camino, escuchó que el muchacho se despedía de la madre y cerraba la reja de su vivienda. Por alguna extraña corazonada lo asoció con los silbidos y por instinto volteó, cuando lo hizo la escena que vio fue la siguiente: Jota caminaba cuesta abajo y un grupo de hombres le salió al camino, insultándolo y apuntándole con sus armas, él volteó e intentó regresar corriendo a su hogar. Empezaron a dispararle pero él alcanzó a correr y guarecerse tras el muro de otra casa. Estaba débil, había sido impactado por las balas. Esperó un momento y cuando la balacera cesó, aparentemente, creyó que sus victimarios se habían retirado porque en un esfuerzo final emprendió carrera esta vez a un sitio más cercano, la casa de un tío. Apenas salió de su escondite volvió a sonar el tas tas tas de los proyectiles, Jota acortó distancia y llegó a la entrada pero no fue suficiente: con su último aliento gritó “amá, amá, amá”, al tiempo que su cuerpo se desplomó y cayó desprovisto de vida.
Imagen de archivo. Homicidio en Loma San Cristóbal.
Lorena y otros vecinos corrieron a ayudarle, el dolor ante esta injusticia los envalentonó y ante los ojos criminales recogieron el cuerpo de Jota echándoselo en hombros. Los delincuentes se fueron y la víctima era trasladada cuesta abajo hacía la vía principal. Lorena se adelantó para buscar un vehículo que los llevara al hospital y fue cuando vio que algunos policías subían al barrio.
Lorena en ese momento les gritó que ya para qué subían, qué nunca estaban cuando los necesitaban, que no servían para nada; pero en este momento comprende que luego del desplazamiento masivo de El Cañón y Bellavista, la policía tenía la obligación de estar permanentemente en san Gabriel y así lo venía cumpliendo pero esa mañana no fue así, misteriosamente no estaban en el sector.
El destierro
Jota pasó a ser la segunda cuota vital que San Gabriel ponía por negarse al reclutamiento forzado, pero Daniel y él, aparentemente, no pasaron de ser dos números más en los índices locales de muertes violentas. Esto no alcanzó para que el alcalde se pronunciara y subiera al sector a ofrecer soluciones, básicamente el abandono estatal continuaría si no hacían algo.
La comunidad se organizó, buscó a los medios de comunicación que ya venían indagando sobre el destierro de las 79 familias del Cañón y Bellavista, e informaron que de no obtener soluciones concretas 22 grupos familiares se desplazarían de San Gabriel. Este fue el escándalo que obligó a Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, a subir al barrio para intentar detener el desplazamiento forzado.
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El mandatario subió e intentó negociar prometiendo básicamente cuatro cosas: garantizar la seguridad a través de la presencia de la fuerza pública, apoyo psicosocial para los afectados, acompañamiento jurídico y protección de los bienes, y mejorar la infraestructura barrial; básicamente esto no se cumplió. Los escenarios deportivos del barrio, sus vías de acceso y su acueducto, continúan en pésimo estado; no todas las viviendas cuentan están protegidas jurídicamente; y un integrante de la policía le comentó a un habitante que la orden para ellos era quedarse hasta el miércoles 15 de mayo, luego se retirarían del barrio, dejando un puesto de vigilancia policial en el sector conocido como “La 108”, el límite que divide a San Pedro de San Gabriel, lo que equivalía a decir que uno o dos patrulleros se quedarían haciendo guardia. Es decir, las garantías de seguridad no se iban a dar.
El 15 de mayo de 2013, se desplazaron a la fuerza 22 familias de San Gabriel. 21 niños, 19 jóvenes, 34 adultos y cuatro ancianos se vieron obligados a desbaratar su hábitat y sus hogares; 78 personas más comenzaban el sin destino para evadir la muerte en una ciudad que se ufanaba de ser “hogar para la vida”.
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El desahucio
Los 22 grupos familiares recibieron inmediatamente una ayuda humanitaria de emergencia que consistía en 110 mil pesos para las familias de cuatro o más integrantes y 90 mil para las de tres integrantes o menos. A este auxilio, que se supone es para pagar arriendo de vivienda, se le sumaba un mercado. El monto debía durarles tres meses hasta ser ingresados en el Registro Único de Víctimas: los desterrados de San Gabriel, sin rumbo ni destino claro, ahora debían conseguir viviendas que arrendaran a 30 mil pesos mensuales para poder habitar bajo un techo seguro; mientras el Estado se tomaba un trimestre para ingresarlos a una base de datos que les reconocía la calidad de víctimas.
La “vecindad del chavo” se desintegró al igual que los núcleos familiares que la conformaban. Las 22 familias se vieron en la calle, dispersas, solas y sin apoyo, y les tocó sobrevivir en una especie de “sálvese quien pueda”.
El 23 de agosto, ya inscritos en el Registro Único de Víctimas, reclamaron la primera ayuda que viene trimestral. Los grupos familiares de cuatro o más personas recibieron un millón 155 mil pesos que debían dividir en arriendos y alimentación, los de tres o menos personas recibieron 644 mil para el mismo fin. El 27 de diciembre, sin soluciones ni opciones para un plan integral de retorno, que era lo que en realidad necesitaba y solicitaba la comunidad, reclamaron la segunda ayuda pero esta ya bajó a 975 mil pesos el primer grupo y 540 mil el segundo.
Posteriormente, los desterrados de San Gabriel fueron divididos en dos grupos: por un lado el prioritario que involucraba niños, tercera edad y familiares con alguna situación de discapacidad; por el otro aquellas familias en las cuales algún integrante estuviera trabajando, y por lo fueron considerados como menos necesitados. El auxilio también se dividió en dos: primero llegaba 330 mil pesos que era el subsidio de arriendo, y una semana o quince días después llegaba el resto. Dos familias se vieron obligadas a regresar a San Gabriel porque fueron incapaces de sostenerse. Los habitantes aclaran que eso no es un retorno, que es un regreso y fue porque no tenían otra opción.
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Aunque la ayuda humanitaria les sirve, los desterrados lo que desean es volver pero con garantías de seguridad para poder vivir tranquilos. Luego de los asesinatos de Daniel y de Jota, los cuales dieron inició al éxodo, fueron capturados algunos criminales: el 19 de junio del 2013, 15 personas fueron detenidas, entre ellas un subintendente de la policía conocido como “Machado” y dos cabecillas de la estructura delincuencial “Bellavista”; se les acusaba de ser los culpables del desplazamiento forzado de San Gabriel y en lugar de traer calma esto desató el pánico en la comunidad. “La banda es muy grande”, dicen, “si capturan a unos inmediatamente llegan otros”. Aseguran que esa captura se dio por la denuncia que ellos hicieron y temen cualquier represalia.
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Han hecho 4 reuniones con representantes del Estado para trabajar sobre un plan integral que les permita retornar con garantías, pero cada vez se sienten más abandonados. La última reunión se llevó a cabo el 19 de marzo de 2014, a ella asistieron Luz Patricia Ochoa, directora de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas; Claudia Vallejo, representante de la Procuraduría regional de Antioquia; Gloria Elena Blandón, defensora del Pueblo; Consuelo Hoyos, directora para Unidad de desplazados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); Juan David Berrío, en representación de Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), quien nunca ha hecho presencia en las reuniones; William Casayas, comandante de la estación policial de San Cristóbal; y Jesús Sánchez, personero delegado para los Derechos Humanos.
En esa reunión no se llegó a ningún acuerdo, sólo el de seguir trabajando en la próxima reunión que, según los voceros de las víctimas, fue citada por el mismo Jesús Sánchez para un mes después, el 22 de abril del mismo. A pesar de que todos aprobaron el encuentro, por parte de las entidades estatales, sólo llegó Consuelo Hoyos representando al ICBF. A los desterrados sólo les quedó la soledad y el desespero, se vieron olvidados.
Ese mismo día los líderes de la comunidad desplazada se fueron para la Unidad Permanente para los Derechos Humanos y esperaron afuera todo el día hasta que vieron salir a Jesús Sánchez. Se le acercaron y le cuestionaron por qué fue un ausente en la reunión y este, con lo que se podría llamar cinismo, les contestó que él no sabía de ninguna reunión y que ésta debió ser confirmada, olvidando que fue quien la convocó.
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Hace dos semanas, en los primeros días de julio alguien avisó a la comunidad que los directores de los entes responsables de atender su situación iban a estar reunidos, cansados por la indiferencia estatal y por el rechazo cuando pretendían buscar el diálogo, hicieron plantón frente a lugar convenido y cuando vieron salir al director territorial de la UARIV, lo abordaron.
Grosso modo, Jorge Mario Alzate les dijo que él no podía citar una reunión porque no era su competencia pero que le iba a avisar a Jesús Sánchez, el personero delegado, para que lo hiciera. Alzate también les dijo que sólo podía colaborar prometiendo la mayor puntualidad a la hora de la entrega de la ayuda humanitaria pero agrego que para el tema del retorno no veía garantía ni condiciones de seguridad y por lo tanto no se comprometía.
En ese momento los voceros de las víctimas vieron a Jesús Sánchez y casi que obligaron a Alzate para que los acompañara a hablarle. Cuando Alzate preguntó por la situación de la comunidad de San Gabriel, dicen los voceros que Sánchez contestó: “Es mejor que manden un derecho de petición o si no nadie les va a parar bolas”. Las víctimas le aseguraron que ya lo habían hecho y por respuesta recibieron: “entonces manden otro”.
Nadie, con autoridad para tomar decisiones, los llama, los busca o intenta reparar su daño y devolverles su territorio, sólo las organizaciones no gubernamentales les colaboran y asesoran para lograr el retorno.
Una de las definiciones del verbo desahuciar que se encuentra en el diccionario es: “Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea.”, ni siquiera significa arrebatar lo deseado sino la ilusión de obtenerlo. Eso es exactamente lo que está pasando con los desterrados de San Gabriel, cada día el Estado les va quitando la esperanza de poder retornar a su tierra, a su barrio. Poco a poco pierden la ilusión de volver a los días felices en su vecindad del Chavo y todo porque algunos funcionarios públicos, que no han vivido la realidad del desplazamiento forzado en la piel, al parecer, consideran que hablar con ellos es una pérdida de tiempo. Ojalá San Gabriel no tenga que aportar otro muerto para ser escuchado, aunque, como ellos dicen, de seguro no sería más que otro número en la estadística.
* Nombres cambiados a petición de las fuentes
Cabe recordar que:
Tomada de la Web.
La Loma y San Gabriel, historia de un miedo colectivo http://wp.me/p3mF01-ee
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«Desplazados de San Gabriel siguen esperando una solución» http://wp.me/p3mF01-3eb
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