San Salvador, 3 marzo.- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador pidió separar al juez instructor del proceso penal por la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote en 1981, Jorge Guzmán, por discrepancias con la aplicación de la legislación vigente al momento de la matanza, de acuerdo con el recurso al que Efe tuvo acceso este miércoles.
La recusación fue incluida en una apelación que presentó la FGR el pasado 23 de febrero contra la decisión del juez Guzmán de juramentar a la experta española Paloma Soria Montañez para realizar un peritaje sobre violencia sexual.
El Ministerio Publico pidió que la recusación sea conocida por la Cámara de Segunda Instancia para que el juez «sea separado del conocimiento de este caso».
La Fiscalía recusó al juez porque, a su juicio, el proceso penal debe ser realizado bajo el Código Procesal Penal de 1973, vigente al momento de la masacre, y no con el actual, que data del año 2011 y al que el juzgador estaría dando prioridad.
«En repetidas ocasiones el señor juez de instrucción de San Francisco Gotera ha expresado en las diferentes audiencias a las partes que no comparte la aplicación del Código Procesal Penal de 1973-1974 por considerarlo atentatorio al principio del debido proceso», indica el documento.
Las víctimas de la masacre, considerada como el peor ataque contra civiles perpetrado por un ejército en Latinoamérica, son representadas en el proceso por los abogados de las organizaciones Cristosal y Tutela Legal María Julia Hernández.
Para David Morales, abogado de Cristosal, la petición de la Fiscalía tiene «inconsistencias e incoherencias de legalidad».
«Es un acción que consideramos es lesiva de los intereses de las víctimas, de la independencia judicial», sostuvo Morales, quien señaló que anteriormente «ha validado los diferentes actos procesales de esa instrucción penal».
Apuntó que si la corte de apelaciones da luz verde a la recusación se «generaría un daño a la búsqueda de la Justicia, (…) en momentos en se está cerrando la instrucción» antes de que se pueda elevar a juicio.
«Hemos hecho un llamado al señor fiscal general, Raúl Melara, a que revise y corrija esta actuación», subrayó Morales.
El juez Guzmán ordenó la reapertura del proceso en septiembre de 2016 tras la anulación de una ley de amnistía, elevó los cargos que enfrentan más de una docena de mandos militares retirados a crímenes de lesa humanidad y encabezó el intentó de inspeccionar archivos del Ejército, acción que los uniformados bloquearon con apoyo del Gobierno.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.
