Buenos Aires, 16 marzo.- La designación del diputado Martín Soria como ministro de Justicia de Argentina afianza la decisión del Gobierno de avanzar en una polémica reforma judicial que el oficialismo ve clave para acabar con la politización de los jueces pero que la oposición cree que busca la impunidad de la vicepresidenta, Cristina Fernández, en sus causas por corrupción.
Tras más de una semana de incertidumbre, después de que Marcela Losardo renunciara como titular de la cartera, el presidente Alberto Fernández confirmó en la noche del lunes los rumores que venían ubicando en el cargo a Soria, abogado de 45 años, legislador desde 2019 y exintendente de la localidad patagónica de General Roca.
«Entiende bien lo que está pasando en la Justicia hoy en día y tiene una mirada absolutamente semejante a la mía. Y yo le he planteado con toda claridad que lo único que quiero es que el estado de derecho funcione como debe funcionar», señaló el mandatario en una entrevista con Canal 9.
Y en las primeras horas de este martes, el propio Soria, hijo del exgobernador de la provincia de Río Negro Carlos Soria -que falleció en 2012 asesinado por su mujer al poco de asumir el cargo-, dejó claro que hay que acabar con la politización que asegura se dio durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), en el que jueces y fiscales «se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho del presidente».
«Una de las aspiraciones como ministro es terminar con el ‘lawfare’, terminar con las operaciones judiciales. Nunca más una Justicia que persiga según los vientos políticos de turno», dijo a Radio 10 el aún diputado, que asumirá como titular de Justicia cuando la Cámara Baja acepte su renuncia en el próximo pleno.
LAS REFORMAS
En un discurso ante el Congreso el pasado 1 de marzo, Fernández aseguró que la reforma de la Justicia es una demanda «impostergable» de la sociedad: remarcó que el Poder Judicial está en crisis y pidió al Congreso que asuma su «rol de control» del mismo, ante la «judicialización de la política y politización de la Justicia» que a su juicio se vienen dando.
Es así que, con el fin de, entre otros aspectos, acabar con «las condenas o absoluciones en función de una preferencia o presión de factores de poder» y la dilación de causas en función de «conductas extorsivas», el presidente anunció proyectos legislativos que afectarían al funcionamiento de la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura, o la creación de un Tribunal Federal de Garantías al que se llegaría mediante un recurso extraordinario.
Todo esto se suma al proyecto que ya anunció en 2020 para reformular el funcionamiento del fuero federal, que ya aprobó el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, pero que aún está pendiente en Diputados, donde el Gobierno depende de alianzas.
«Hay personajes del Poder Judicial que se pasaron de la raya y se olvidaron del rol fundamental del servicio de justicia que están obligados a cumplir», remarcó hoy Soria, quien también hizo referencia a la lacra de los feminicidios.
«¿Cómo podemos seguir escuchando a un padre o madre contando que su hija fue a pedir justicia antes de que ocurriera su asesinato y que sus denuncias no las tuvieron en cuenta?», lamentó.
¿IMPUNIDAD DE CRISTINA FERNÁNDEZ?
Multitud de voces de la oposición, principalmente de la coalición de Macri, Juntos por el Cambio, ven estas iniciativas como un ataque a las instituciones para lograr la impunidad de Cristina Fernández, procesada en varias causas por presunta corrupción en su tiempo como presidenta (2007-2015).
El cambio de Losardo se produce después de que la vicepresidenta -que lidera la facción kirchnerista del peronismo- asegurara en octubre pasado que hay «funcionarios o funcionarias que no funcionan», algo que según analistas apuntaba a ministros como ella.
Losardo pidió dejar el cargo, según el presidente, porque sintió «cierta desazón» por no poder conseguir los cambios en el sector judicial.
«Todo indica que hay un avance de la vicepresidenta», sentenció este lunes el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, rostro más fuerte de la oposición, en una entrevista en el canal TN en la que afirmó que ve «un proceso de ataque y cuestionamiento a las instituciones y a la división de poderes» con el que está «firmemente en desacuerdo».
Soria, que en los últimos tiempos ha impulsado denuncias por la presunta connivencia entre Macri y parte de la Justicia para perseguir a opositores, reprochó la actitud de la oposición y agregó que el Ejecutivo no va a usar los «mismos artilugios» del macrismo de «apretar jueces», sino que busca evitar esos mecanismos a través de las reformas impulsadas.
También rechazó cualquier intención de impunidad de Cristina Fernández. «Ella quiere, como cualquier ciudadano que no tuvo nada que ver o que es inocente de lo que lo acusaron mediática, judicial y políticamente, porque eso es el ‘lawfare’, que sea la misma Justicia, como corresponde, la que la libere de culpa y cargo», concluyó.
Rodrigo García
